Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Carmen R. Ponce Meléndez*

Cimacnoticias El pasado 25-28 de octubre se realizó la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Gobierno de la República Oriental del Uruguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay.

En esta ocasión, la Conferencia se centró en la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el desarrollo sostenible: avances para su implementación. En la Conferencia se debatireron los desafíos de la Agenda Regional de Género en el contexto de la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Durante su inauguración, la Secretaria Ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena expresó: “debemos poner término a la violencia de género en nuestros países. Debido a la violencia machista en América Latina y el Caribe diariamente mueren 12 mujeres en promedio”.

“Las desigualdades que enfrentan las mujeres para ejercer no sólo su autonomía física sino también la económica y política. Por cada 100 hombres en condición de pobreza hay 118 mujeres; un tercio de las mujeres latinoamericanas no tienen ingresos propios -en el caso de México es más de un tercio-, y cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral”. Para el país la cifra es del 60 por ciento”.

Los ingresos más importantes para las mujeres siguen siendo sueldos y salarios (ver gráfica), pero su participación es menor a la masculina. Tienen una alta participación en “transferencias”, por los programas sociales y las remesas de los migrantes.

El documento base de esta Conferencia se denominó: “Autonomía de las Mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sustentable”. También se elaboró una estrategia para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030.

Comprende una agenda de derechos y no discriminación y el establecimiento de organismos intergubernamentales especializados en los Derechos Humanos de las mujeres y la igualdad de género.

“Derechos económicos, sociales y culturales con relación a: ingresos, empleo e inserción productiva; trabajo y control de los recursos; derecho a la tierra; división sexual del trabajo; trabajo no remunerado y cuidados; protección y seguridad social; educación; ciencia y tecnologías de las comunicaciones; transformación de pautas culturales; transmisión intergeneracional de la pobreza; jefatura de hogar y bienestar; uso y distribución del tiempo; políticas fiscales y macroeconómicas; políticas sociales; inversión pública; ruralidad, trabajo doméstico remunerado e informalidad; empresas y emprendimientos, crédito, tecnologías e innovación; territorio y modelos productivos”.

Todos estos temas guardan una estrecha relación con la problemática que viven las mujeres en el país, son y han sido abordados por CIMAC y por Monedero.

La Estrategia de Montevideo reposiciona el papel del Estado en las políticas de igualdad, asegurando los Derechos Humanos y la autonomía de las mujeres como eje transversal de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.

Por lo tanto, es un instrumento cuyo alcance compromete a toda la estructura estatal y que reconoce el liderazgo de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Las medidas en ella incluidas requieren el compromiso y la participación activa de los ministerios sectoriales, las entidades de planificación y presupuestación, los organismos descentralizados, los Parlamentos y el Poder Judicial, entre otros actores gubernamentales.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA ESTRATEGIA

La Estrategia de Montevideo busca cerrar la brecha entre la igualdad de jure y de facto mediante el fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de todas las mujeres y niñas, superando discriminaciones, prejuicios y resistencias.

Nudos estructurales, que impiden avanzar hacia la igualdad sustantiva:

1. Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente. En México las cifras más altas de pobreza las ocupan las mujeres.

2. Patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y predominio de la cultura del privilegio

3. División sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado. En el país más del 70 por ciento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados lo realizan justamente las mujeres, lo cual les impide acceder a un ingreso laboral

4. Concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público. A nivel federal solamente hay tres Secretarías ocupadas por mujeres.

Principales Medidas:

· Es indispensable la participación popular y ciudadana: democratización de la política y las sociedades

· Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/Sida, mujeres con discapacidad y personas LGBTI, respetando sus expresiones organizativas.

En este punto es crucial la participación de los partidos políticos y de las mujeres feministas y organizadas.

· Financiamiento: movilización de recursos suficientes y sostenibles para la igualdad de género. En México es indispensable contar con un gasto público etiquetado para la igualdad hombre-mujeres muy superior al actual.

Twitter: @ramonaponce.

* Economista especializada en temas de género