jueves, junio 05, 2014

Convención de Belém do Pará: Veinte años después

Sara Lovera y Gloria Analco

(SEMlac).- A 20 años de adoptarse la Convención interamericana de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, todavía una de cada tres mujeres en América Latina y El Caribe es víctima de este flagelo.

No obstante, la falta de cifras precisas y evaluaciones confiables --no todos los casos de violencia de género se denuncian o registran como tales-- dificulta elaborar programas efectivos y que se conozca el verdadero tamaño del problema.

Así se reconoció durante la celebración del Foro Hemisférico Belém Do Pará +20, inaugurado en esta ciudad, capital del estado mexicano de Hidalgo, por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

En el encuentro, celebrado los días 14 y 15 de mayo, participaron panelistas de organismos interamericanos y europeos, así como titulares de instituciones de la mujer de varios países y funcionarios del gobierno de México.

Andrew Morrison, jefe de la Unidad de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue muy explícito cuando dijo que si su exposición hubiera sido en torno a las buenas evaluaciones sobre la violencia contra las mujeres en la región, le hubieran bastado dos minutos.

"Me hubiera gustado hablar de medidas de prevención y sus bondades sobre la base de 58 excelentes evaluaciones, pero puedo asegurar que, si acaso, habrá unas cuatro para América Latina", afirmó.

En el Foro Hemisférico +20 de la "Convención de Belém do Pará", la asesora regional de ONU-Mujeres para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Adriana Quiñones, dijo que la Convención es una promesa por cumplir y apuntó que en la prevención es donde menos se ha avanzado.

En la misma mesa de trabajo sobre "Oportunidades y desafíos en la prevención", Barbara Evelyn Bailey, experta del Comité CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 1979 por la ONU), señaló que el tema medular para abatir las tasas de violencia hacia las mujeres es la educación. Abundó en que son los estereotipos de género los que perpetúan la discriminación.

Consideró importante destacar el esfuerzo realizado por el Comité de la CEDAW para desmontar los estereotipos de género perjudiciales en todos los ámbitos en la vida de las mujeres y llamó a enfocar más la atención en el sistema de educación desde la niñez, como la política más eficaz de prevención.

Bailey añadió que la falta de recursos suficientes para registrar debidamente los actos de violencia en contra de las mujeres ha provocado la carencia de estadísticas oficiales y la consecuente falta de programas, con lo cual el problema ha quedado minimizado frente a la sociedad, que ignora sus verdaderas dimensiones.

Consideró que es sumamente importante hacer visible y punible la violencia contra las mujeres en el continente americano para implementar programas que realmente logren prevenir toda forma de violencia de género.

José Manuel Azpiroz Bravo, director general adjunto de Participación Ciudadana en la subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Gobernación, de México, sostuvo que esa dependencia ha implementado un programa focalizado en 99 municipios y 1.200 colonias catalogadas como muy peligrosas.

Allí han introducido la perspectiva de género, contribuyendo a mejorar la situación de las mujeres y las niñas de esos lugares, al poner énfasis en su seguridad, educación y procurar trato de iguales entre hombres y mujeres.

Agregó que ese programa, diseñado con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos internacionales y la iniciativa privada, contiene cuatro estrategias, entre ellas la prevención.

Se trata, dijo, de recuperar los espacios públicos que están en manos de la delincuencia, crear bibliotecas, talleres, escuelas de tiempo completo, impartir cursos especiales, otorgar créditos a las familias, darles atención esmerada a niños y niñas, jóvenes y mujeres, todo ello con enfoque comunitario y de perspectiva de género, y con un megacentro deportivo en cada municipio y colonia elegidos.

Explicó que los diputados definieron los recursos, se eligieron las demarcaciones y se hizo una intervención focalizada en cada uno de esos lugares, en el entendido de que no puede trabajarse de esa manera en todo el país.

En materia de prevención, Paloma Soria, abogada de Women's Link Wordwide, una organización internacional de derechos humanos, dijo que ningún marco legal servirá para prevenir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres si los Estados no ofrecen una respuesta integral al problema.

Hizo ver la gran importancia de una política de prevención, ya que "las consecuencias de los actos de agresión pueden redundar en otras nuevas agresiones" y destacó que si no se buscan verdaderas medidas de prevención, se estaría entonces vulnerando nuevamente los derechos de otras mujeres.

Ejemplificó con el caso de las migrantes: el Estado ya sabe qué ocurre con ellas, entonces tiene que prevenir que otras mujeres se arriesguen a sufrir esos mismos patrones sistemáticos de violencia.

En materia preventiva, dijo Azpiroz, es factible invertir en los lugares donde se ocurren delitos con frecuencia, pero advirtió que "si queremos combatir la violencia, tenemos que invertir en los hombres, educarlos de una manera distinta; que diputados y senadores empiecen a hablar de otros temas que han sido exclusivos de las mujeres", indicó.

"Los políticos tenemos que tomar esos temas de ellas, que esos hombres tengan perspectiva de género y empiecen realmente a cambiar esos paradigmas", insistió.

Morrison, por su parte, informó que actualmente el BID está invirtiendo en evaluaciones de impacto en programas con perspectiva de género que se aplican en varios países de América Latina y adelantó que ONU-Mujeres ha empezado conversaciones con varios gobiernos para trabajar proyectos sobre "ciudades seguras", especialmente en países centroamericanos.

Cada equipo, dijo, contará con expertas en violencia de género para impulsar los programas, centrados en lograr la autonomía económica de las mujeres, que es el principal factor de protección, además de propiciar espacios seguros para mujeres y adolescentes, enfocado en este último caso a la prevención de violaciones en colegios de bachilleres.

Dijo que en estos momentos están evaluando varios programas en El Salvador, Perú y Paraguay, dirigidos a la creación de centros de emergencia para mujeres, servicios especiales de vigilancia de la policía, médicos para atender cualquier emergencia y otros servicios de auxilio, cuyos resultados habrán sido ya evaluados en el próximo mes de septiembre.

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