España: Plantean al Gobierno un acuerdo social y político contra la violencia de género

AmecoPress. El Psoe se reunió ayer en Madrid con representantes de todos los sectores vinculados con la prevención, la protección y la reparación del daño provocado por la violencia de género, en su empeño de llegar a un gran acuerdo político y social que lance un mensaje de compromiso y confianza a las mujeres para salir de la situación que están viviendo.

Según el Psoe, la reunión surge ante la negativa del Gobierno a convocar una mesa con todos los sectores implicados en la lucha contra el machismo criminal. En la misma, Elena Valenciano ha planteado en nombre del PSOE una serie de propuestas para hacer frente a la “situación de emergencia que vivimos”.

En primer lugar, los y las socialistas proponen la dotación de un Fondo de emergencia para la prevención y protección contra la violencia de género de 100 millones de euros que deberán gestionar los Ayuntamientos, dirigido a actividades de prevención en centros educativos, actividades de apoyo a las familias y refuerzo de los servicios de proximidad de atención a las mujeres, servicios de información, apoyo psicológico, jurídico y social.

En segundo lugar, se ha planteado la necesidad de acordar un Plan de colaboración con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales referido al análisis de los perfiles y la identificación de las causas que inciden en el abandono de los servicios de ayuda psicosocial por parte de las víctimas de violencia de género.

Para lograr la máxima protección de los hijos e hijas menores expuestos a la violencia de género, se ha propuesto un elenco de reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la línea de asegurar el pronunciamiento expreso del juez o la jueza acerca de la necesidad de adoptar medidas específicas respecto al régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, acordando limitar el régimen de visitas cuando se establezca una orden de protección para las mujeres.

En cuarto lugar, el Psoe apuesta por establecer un sistema específico de atención pedagógica y educativa para los hijos e hijas de las víctimas mortales de la violencia de género, mediante la designación, cuando sea necesario, de profesores de apoyo para el refuerzo educativo.

Denuncias de la reforma del Régimen Local y la Laboral

Los colectivos y profesionales han denunciado las consecuencias de reformas como la del Régimen local y la laboral en la lucha contra la violencia de género. Han sido unánimes las quejas sobre las consecuencias de la reforma local, que hará un gravísimo daño en la gran red de servicios contra la violencia de género. Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto que las CCAA necesitan la suficiente dotación presupuestaria, puesto que de ellas dependen también gran parte de los servicios que deberían prestar los ayuntamientos.

La otra reforma criticada es la Laboral. Especialistas, sindicatos y asociaciones que están en contacto directo con las mujeres que sufren maltrato, abogan por una estrategia de desarrollo de políticas de empleo para las víctimas, que les permitan incorporarse al mercado laboral si están en el paro. Además, exigen que se hagan efectivos los derechos que como víctimas de la violencia de género tienen reconocidos en la Ley Integral.

Otra de las peticiones ha sido reforzar la coordinación de las administraciones, de todos y cada uno de los servicios públicos que intervienen, actuar siempre en red y desde un punto de vista integral.

En la reunión representantes de profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad han denunciado casos como que un solo agente es el encargado de la seguridad de hasta 200 mujeres o el desamparo en zonas rurales. Se ha trasladado la paradoja del anuncio por parte del Gobierno del refuerzo de la formación en los cuerpos y fuerzas de seguridad, mientras están cerrando cuarteles de la Guardia Civil dejando zonas sin atención y mucho menos atención especializada.

La eficacia del sistema ha sido debatida ampliamente, bajo la premisa de que, tal y como han manifestado los y las trabajadores sociales, “debemos conseguir que a las mujeres les merezca la pena poner una denuncia” dando solución al desamparo de muchas mujeres que están dejando de denunciar al no vislumbrar que detrás de su denuncia empieza el camino a una vida mejor. Así, dentro del intercambio sobre el estado de la justicia se ha resaltado que “no podemos caer en la falacia de impulsar medidas más represoras para los infractores y no poner medidas de apoyo a las víctimas, puesto que el preocupante descenso de denuncias hace pensar que algo está fallando”.

También se ha denunciado, por parte de las profesionales de la abogacía, que las cifras, cuya estadística debe ser analizada y mejorada, nos están indicando realidades muy alarmantes, como el imparable ascenso del archivo de denuncias que ha llegado al 42 por ciento, y en muchas localidades el archivo oscila entre el 70 y 90 por ciento de los casos. O que también ascienden el número de denegaciones de las órdenes de protección al 41 por ciento y que al igual que en el archivo de los casos, hay localidades donde son denegadas hasta el 90 por ciento de las solicitudes de órdenes de protección. La sensación de impunidad para los agresores y de indefensión para las víctimas es la primera consecuencia.

Compromisos del Psoe

Al finalizar la reunión, Elena Valenciano ha concluido con una nueva propuesta de creación en el Congreso de una Comisión no Permanente para que evalúe el funcionamiento de la ley integral contra la violencia de género, y que permita dar traslado allí de las propuestas de este Acuerdo Social y Político por la seguridad de las mujeres y contra la violencia de género.

Como consecuencia de esta reunión, el Psoe ha asegurado que promoverá e impulsará medidas para:

Reforzar y aumentar la atención social, la prevención, la información, el análisis y mejora de la estadística y las campañas, a través de un refuerzo competencial y especialmente a través de la puesta en marcha en el ámbito local de unidades interdisciplinares de atención y seguimiento de casos.

Garantizar la especialización de jueces y tribunales de violencia contra la mujer para que se exija un grado de sensibilización en género en sus actuaciones.

Ampliar las competencias de los Juzgados de Violencia contra la Mujer para que conozcan de la instrucción de los delitos de quebrantamiento de pena o medida cautelar, de tal manera que puedan valorar el riesgo para la víctima ante ese quebrantamiento así como las circunstancias en las que se ha cometido.

Plan personal y social de las mujeres víctimas de Violencia de Género, así como de sus hijos e hijas.

Reforzar y hacer visible el papel de los servicios sociales en la violencia de género, así como el trabajo de los centros especializados, en el ámbito rural.

Dar respuestas laborales suficientes a las mujeres teniendo en cuenta de manera especial las necesidades de las familias monomarentales.

Establecer la obligación de Estudios de Género y contra la Violencia, en todos los niveles de la enseñanza, en particular en la universidad.

Aportar información para conocer de manera exhaustiva el impacto social de la violencia de género, tales como la ampliación de indicadores estadísticos, especialmente en el ámbito sanitario.

Garantizar la educación, sensibilización y prevención en la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema de salud.

Estas actuaciones formaran parte de un plan Específico de Sensibilización y Prevención, dotado presupuestariamente y coordinado entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, la FEMP, Organizaciones de Mujeres, etc. Dicho plan incluirá para garantizar su desarrollo la formación del conjunto de personas cuyos trabajos puedan tener relación o se encuentren en situación de detectar posibles casos de violencia de género, con especial implicación en dicho Plan del Sistema Nacional de Salud, que unificará criterios de registro de casos en hospitales, centros de salud y servicios sociales.

Garantizar la protección efectiva de las mujeres y sus hijos e hijas cuando solicitan ayuda a los poderes públicos, y prestando atención específica a las mujeres mayores. Implicar a todas las Administraciones Públicas y con las organizaciones sociales en la lucha contra la violencia de género. Propiciando las manifestaciones públicas de condena.

Para identificar y combatir la violencia económica, a que pudieran ser sometidos los menores y mujeres crearemos un registro de sentencias por impago de alimentos y pondremos especial interés en la consecución de la efectividad del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, creado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y regulado por el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, facilitando así la independencia de la mujer y el bienestar de los y las menores teniendo en cuenta que la violencia económica es una forma de violencia de género y que igual que se utiliza a los hijos y las hijas como medio de control, también se hace con las pensiones alimenticias.