Notimex
El principal reto que tiene México en el reconocimiento de los derechos de las y los empleados domésticos es la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a la labor de este sector, afirmó el presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mujica. En el marco del Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y ante la situación que viven cientos de personas que se emplean en las labores domésticas en el país: sin seguridad social, contrato o salarios justos, es necesario que México ratifique dicho convenio que reconoce sus derechos.
Así lo indicó en entrevista con Notimex el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien además confió en que este mismo año se ratifique dicho acuerdo, lo que comprometería al gobierno federal hacer las adecuaciones a las leyes correspondientes durante la administración. En el país, de acuerdo con cifras del Inegi, existen más de dos millones de empleados domésticos -mayoritariamente mujeres- quienes sufren discriminación múltiple por sus condiciones. Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis 2010), este sector es uno de los que más frecuentemente ve vulnerados sus derechos, específicamente laborales.
Pero la discriminación en este caso no se limita al aspecto laboral ya que también su género, su estrato socioeconómico, estado civil o el nivel educativo que tienen, son factores para que constantemente se reciban un trato diferenciado y desfavorable al emplearse en este oficio. “Hay una situación de precariedad en las condiciones laborales, la ley mexicana es deficiente y desventajosa respecto a otros oficios y profesiones, porque no hay políticas ni programas dirigidos específicamente a este sector y por la cultura social en la que prevalece una constante afectación”, señaló Bucio.
Por ello, insistió en que es necesario ratificar el convenio pues ello “obligaría a una armonización legislativa” además de la modificación de las leyes Federal del Trabajo y la General del IMSS, para hacer valer derechos como el acceso a seguridad social, salarios justos, contratos y otros. Además, permitiría establecer la obligación para inspeccionar a las instituciones públicas en la regulación de las relaciones obrero-patronales que no se hace respecto a este trabajo- y daría la pauta para que se homologuen los derechos de este tipo de empleo. En este contexto, se pronunció a favor de que el Ejecutivo federal envíe pronto el convenio al Senado de la República para que éste lo revise y ratifique a fin de que haya un acuerdo entre las secretarías del Trabajo, la de Educación, el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y los organismos encargados de la regulación de medios. Sin embargo, admitió el ex secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), esto no será suficiente pues faltan mecanismos de cambio cultural y de confrontación con la realidad, para permitir la obligatoriedad de contratos que establezcan derechos y obligaciones para empleados y empleadores. Señaló que para el reconocimiento de derechos de este grupo también es necesario un trabajo conjunto entre sociedad, políticos, legisladores y medios de comunicación, donde estos últimos asuman su responsabilidad en la reproducción y fomento de la discriminación las personas del servicio doméstico.
Respecto a las quejas que el Conapred recibe por discriminación laboral hacia este grupo social, Bucio Mújica refirió que sí reciben “aunque son pocas” referentes a la falta de seguridad social o contratos, debido, en gran medida, a que “es una discriminación normalizada y aceptada por los propios trabajadores”. Refirió que también tienen quejas por las decisiones que se toman en los espacios residenciales, como negar el acceso a determinados espacios, aunque “esta parte que es mucho más estructural o sutil no se denuncia pero ahí está y tenemos conocimiento de situaciones que se siguen reproduciendo”; sin embargo, en estos casos el consejo “se ha topado con pared”. Ello, explicó, porque aunque el Conapred tiene la posibilidad de emitir resoluciones para las instituciones públicas y no a los particulares, es necesario modificar los términos legales, independientemente de si se ratifica el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, subrayó que el Estado debe regular a los particulares para que, al igual que los funcionarios, rindan cuentas, pues el Estado “no tiene que intervenir mientras no haya violación o vulneración de derechos. Aquí la hay y debe de hacer una intervención”.
En este contexto, el presidente del consejo consideró que luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011, y de la propuesta que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto, de crear una sociedad de derechos, “lo que tendría que suceder, como un efecto natural, es la ratificación del convenio 189″. “Es indispensable que los empleadores y los trabajadores no caigan en la contradicción de procurar fuera del hogar un sistema de derechos, de modificación de las leyes, para respetar las libertades, y mantener dentro de los hogares un sistema de privilegios que perpetúa la desigualdad”, exhortó. Hay una responsabilidad muy clara de quien emplea, destacó Ricardo Bucio, e independientemente de los cambios legales que se puedan dar, debe haber un cambio en el paradigma del trabajo doméstico.
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