viernes, marzo 22, 2013

México: El Senado refuerza derechos políticos de las mujeres contra la violencia

La violencia de género también puede darse en la política, cuando se obliga a una mujer a renunciar a su cargo o se busca afectar su dignidad, acciones que el Senado mexicano plantea sancionar con una reforma recién aprobada.

Durante su sesión del jueves, los senadores avalaron por unanimidad cambios legales que establecen el concepto de “violencia política de género” para identificar las faltas que el Estado deberá castigar.

Con ello, el Congreso busca obligar a las autoridades de todos los niveles a prevenir y sancionar a quien impida que una mujer ejerza sus derechos como candidata a un cargo, autoridad electa o funcionaria designada en un puesto público.

Entre otras acciones, se propone castigar el hecho de divulgar información privada de candidatas o funcionarias con el fin de “menoscabar su dignidad”; impedir que una mujer asuma su cargo o se reincorpore a él si pide licencia; proporcionarle información “falsa, errada o imprecisa” para evitar que cumpla sus funciones adecuadamente; obligarla a suscribir acuerdos o avalar decisiones, así como presionarla o amenazarla para que renuncie.

La reforma —enviada a la Cámara de Diputados— plantea que ese listado se incluya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como parte de las conductas que las autoridades federales y locales tendrán que prevenir y castigar. El tipo de sanción dependerá de las leyes y los criterios de cada autoridad.



El documento aprobado, además, establece que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tendrá la obligación de “promover la formación de liderazgos políticos femeninos y vigilar el respeto a sus derechos políticos”, según el dictamen publicado en la Gaceta del Senado.

En otro apartado, la reforma modifica dos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para prohibir que la propaganda político-electoral contenga mensajes que violenten a las mujeres.

Los casos recientes

Este mes, el Partido Acción Nacional (PAN) negó la candidatura a una diputación local en el estado de Zacatecas a Giselle Arellano, quien fue acusada de ser escort (acompañante) a través de un video difundido en las redes sociales.

Arellano impugnó la decisión ante la dirigencia estatal y nacional panista argumentando “una injusticia aberrante” en su contra.

Días antes, los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, llamaron a los medios a no difundir noticias sexistas, luego de que su correligionaria Crystal Tovar fuera criticada en un portal de noticias por usar minifalda en el salón de sesiones.

Las 'juanitas', un antecedente

Los nueva reforma fue propuesta en noviembre por Lucero Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien el jueves señaló ante el pleno del Senado que su iniciativa busca evitar más casos como el de las diputadas juanitas.

En 2009, se designó con ese nombre a un grupo de ocho legisladoras de varios partidos que, poco después de asumir el cargo, renunciaron a él para dejar su lugar a sus suplentes hombres. A raíz de esa situación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los legisladores titulares y suplentes tendrán que ser del mismo sexo.

Saldaña dijo que otro antecedente de su iniciativa es el caso de Eufrosina Cruz, una indígena que ganó una alcaldía en Oaxaca en 2007, pero que no pudo asumir el cargo porque el sistema de usos y costumbres local prohibía a las mujeres ejercer ese puesto. Cruz es diputada por el PAN en la actual Legislatura, que comenzó en septiembre.

Durante la aprobación de la reforma, las senadoras que impulsaron el dictamen señalaron que la modificación es necesaria para promover una mayor participación política de las mujeres.

“Hay que reconocer que hoy más mujeres estamos aquí en las cámaras. Sin embargo, todavía falta que su incorporación se dé más en los temas económicos, políticos. Requerimos de que esa participación no tenga obstáculos en el ejercicio de las funciones, ya sea por cargos de elección popular o bien como funcionarias públicas”, dijo Saldaña.

Angélica de la Peña, del PRD, consideró que la mayor participación de las mujeres necesita un “cambio de paradigma” en la cultura política mexicana.

En la actual Legislatura, las mujeres ocupan el 36.8% de las curules de la Cámara de Diputados y el 34.3% de los escaños del Senado. En el gabinete presidencial tienen tres de 19 espacios —con Rosario Robles en Desarrollo Social, Mercedes Juan López en Salud y Claudia Ruiz Massieu en Turismo—, en tanto no cuentan con ninguno de los 32 gobiernos estatales.

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