Hortencia Hidalgo
La Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual se ha esforzado por centrar la atención de la opinión pública y de la sociedad chilena en general, en el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, puesto que las leyes y políticas parciales que ven el problema en forma fragmentada, no son suficientes para su erradicación.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Este año, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, que articula a alrededor cerca de 300 organizaciones sociales, grupos de mujeres y colectivos feministas en todo el país, se sumo a la demanda de indulto presidencial para Gabriela Blas, mujer aymara condenada a 12 años por la perdida de su hijo con resultado de muerte, que el Consejo Autónomo Aymara de Arica y la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual de Arica-Parinacota y otras organizaciones de la región impulsaron. La forma en que actuó el sistema judicial y carabineros de la zona, revelan total indolencia e ignorancia respecto a las condiciones de vida de Gabriela, a quién se le murió su hijo por accidente. Mujer aymara, pastora del altiplano, con tres hijos, el primero producto de una violación y la mayor arrebatada por el Estado chileno y entregada en adopción, sin su consentimiento. En su vida y cuerpo se encarna el ensañamiento de esta sociedad que castiga duramente a las mujeres que no cumplen con el designio cultural de la madre. Hoy, Gabriela Blas se encuentra en libertad, y requiere reparación por parte de los organismos del Estado y solidaridad de todas y todos.
En el marco del levantamiento social registrado en distintos puntos del país durante los últimos dos años y de resistencias históricas como la del pueblo mapuche, el gobierno ha respondido con represión, manipulación y criminalización; el pueblo mapuche ha vivido hostigamiento, militarización y destrucción de sus comunidades.
Así también, las mujeres jóvenes y niñas han vivido en carne propia el ensañamiento machista y la violencia sexual por parte de las fuerzas represivas de Carabineros en las manifestaciones estudiantiles. La violencia sexual como forma específica de represión se ha constituido en un patrón de conducta policial hacia las mujeres estudiantes. Vejaciones públicas, tocaciones y golpes en genitales, como fue la agresión a Javiera, de 14 años, alumna del Liceo Darío Salas, forman parte de la violencia institucional, representada por Carabineros, hacia las mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belem Do Pará, vigente en Chile desde 1996, prohíbe la violencia física, psíquica y sexual en contra de las mujeres, tanto si ocurre en el espacio público como privado, en particular si es cometida o tolerada por el Estado o sus agentes.
Las mujeres a cargo de sus familias en Aysén han tenido que soportar allanamientos y asaltos sorpresivos. Esto muestra que la desobediencia y valentía de las mujeres es castigada en forma ejemplar.
También, durante 2011 y 2012, la sociedad chilena ha sido testigo de la violencia institucional que ejerce el Estado al negar a las mujeres la libertad de tomar decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y la reproducción. Chile es uno de los pocos países en el mundo en que el aborto es criminalizado en toda circunstancia. Recientemente, los políticos, coludidos con las iglesias y los médicos, se han negado siquiera a abrir debate sobre el asunto, imponiendo su decisión a todas las mujeres.
FUENTE
http://www.elmorrocotudo.cl/node/46534
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