Sudán condena a morir lapidada a una joven acusada de adulterio

Intisar Sharif Abdallah y su bebé de cuatro meses llevan desde el pasado 22 de abril en la cárcel en Omdurmán, la ciudad gemela de la capital sudanesa Jartum, justo al otro lado del Nilo. Ese día, Abdallah fue sentenciada a morir lapidada, después de que el juez la encontrara culpable de zina o relación sexual ilícita, según la ley islámica. En este caso, Abdallah estaba acusada de haber mantenido relaciones sexuales con un hombre que no era su marido.

La mujer no tiene certificado de nacimiento y, según los abogados que han hablado con ella tras el fallo, aparenta menos de 18 años. En Sudán, no se puede aplicar la pena de muerte ni la cadena perpetua a los menores de dad. En el registro de la prisión se dice que la joven tiene 20 años.

Actualmente, Abdallah, que está obligada a llevar unos grilletes que dificultan que cuide de su bebé, espera que el tribunal resuelva un recurso de apelación interpuesto por un grupo de abogados que se ha involucrado desinteresadamente en el caso. El juez tiene hasta mediados de julio para emitir una respuesta.

Fue la propia familia de Abdallah la que la acusó de adulterio ante un tribunal, en un primer momento durante los últimos meses del año pasado. Entonces, la joven y el hombre acusado junto a ella negaron los cargos y el juez desestimó el caso, según cuenta a EL PAÍS la también sudanesa Hala Alkarib, directora regional de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA, por sus siglas en inglés). SIHA, con sedes en Kampala, Uganda y Jartum, está trabajando con los abogados del caso.

Abdallah está casada y su marido, que es militar, fue destinado a otro lugar de Sudán hace algo menos de un año. Fue tras este hecho cuando la familia acusó a Abdallah de adulterio. "Esta chica proviene de una familia extremadamente pobre y sospecho que la acusaron porque esperaban recibir algún tipo de compensación", dice Alkarib en conversación telefónica desde Kampala.Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han condenado la sentencia y piden a las autoridades sudanesas que la anulen.

Fuente: El País