Perú: Derechos de las mujeres, balance negativo en 2011

Julia Vicuña Yacarine / SEMlac

En 2011 se han mantenido deudas históricas en relación con los derechos de las mujeres peruanas, responsabilidad que es compartida entre el expresidente Alan García en los primeros siete meses del año y el ahora mandatario Ollanta Humala en los restantes, aseguran fuentes del movimiento de mujeres.

Se aducen razones como el no haberse aprobado el protocolo de aborto terapéutico ni las reparaciones a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, entre otras.

Jeannette Llaja, directora de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), deploró la resistencia de las autoridades de ambos gobiernos para reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las peruanas.

DEMUS es una institución feminista posicionada y reconocida en Perú y la región, que trabaja en la defensa y vigilancia de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las mujeres.

"No hay avances para que la maternidad sea resultado de una decisión libre e informada y no producto de una imposición, violencia o impedimento de acceso a métodos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia (AOE); ni muestra alguna en el gabinete para promover iniciativas legislativas orientadas a la despenalización del aborto que atenta contra el derecho a decidir de las mujeres", afirmó.

Explicó que "es competencia del Ejecutivo promover el cumplimiento de las recomendaciones de las diferentes instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado peruano, que han pedido la revisión de la legislación punitiva del aborto, porque vulnera derechos de las mujeres, niñas y adolescentes".

Los comités que han hecho ese pedido son los encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.

Por otro lado, Llaja señaló que el nombramiento de la nueva ministra de la mujer pone en riesgo los avances de su antecesora, Aída García Naranjo, como el impulso del Plan Nacional de Igualdad de Género (2012-2017) y el proyecto de ley para asegurar la rectoría de su portafolio en las políticas de igualdad de género, pendientes de aprobación.

Otro aspecto negativo registrado en el balance de DEMUS, es la vigencia de un decreto discriminatorio que cierra el derecho a reparaciones económicas a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno que denuncien las vulneraciones vividas después del último 31 de diciembre, y establece el exiguo monto de 3.802 dólares, por debajo de los estándares internacionales.

"Esas víctimas llevan 30 años de espera; la falta de voluntad política es débil, incluyendo al actual gobierno que anunció medidas favorables", manifestó Llaja.

Indicó que son 1.657 víctimas acreditadas que aún no acceden a las reparaciones, a las que se suman otras 428 que sufrieron vulneraciones distintas de la violación sexual, a quienes aún no se asegura este derecho.

"La reciente integración de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada de la política de reparaciones y el Consejo de Reparaciones, adscrito al Ministerio de Justicia, no evidencia mejoras en la atención a las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado interno", determinó.