Artemisa Noticias Discurso de la secretaria general adjunta de ONU Mujeres, Sra. Michelle Bachelet, durante la charla 'Democracia, Participación Política y ciudadanía de las Mujeres' Asunción, Paraguay, 12 de diciembre de 2011.(...)
En ONU Mujeres estamos trabajando con mucha fuerza y dedicación para hacer coherentes nuestros programas y objetivos en la perspectiva de avanzar en mayor participación y liderazgo para las mujeres y las niñas, mayor empoderamiento y autonomía económica para ellas, prevenir y reducir la violencia, elevar su participación en procesos de paz en aquellos países que viven conflictos o comienzan sus transiciones y –ciertamente- colaborar en fortalecer las capacidades gubernamentales y sociales de los países para tener mejores leyes, presupuestos y políticas públicas para las mujeres y su completo desarrollo e integración
Son innegables los avances de la región hacia la igualdad de género, los documentos normativos y de recomendaciones generados en los últimos años en la región así lo señalan, tales como el Consenso de Quito de 2007 o El Consenso de Brasilia de 2010.
Por otra parte, el incremento del porcentaje de representación de mujeres en las cámaras de los parlamentos está paulatinamente cambiando la fotografía de los congresos en Latinoamérica y el Caribe; la incorporación de las mujeres a la actividad económica en el continente ha tenido un carácter claramente masivo y no podemos desconocer la adopción de marcos constitucionales y jurídicos igualitarios en toda la región. Entre ellos se pueden destacar las leyes de nueva generación para la prevención y erradicación de la violencia, por ejemplo.
Hacer este repaso sobre las conquistas es una tarea relativamente sencilla y debemos congratularnos por todos estos logros. Pero la tarea se vuelve mucho más difícil cuando nos preguntamos por el camino que aún queda por recorrer para conseguir la igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres.
Tenemos que revisar con mucha prudencia estos logros para que las políticas sociales y económicas que se están promoviendo en los países latinoamericanos, se asienten sobre bases reales de inclusión social, de igualdad de oportunidades entre los géneros y de no discriminación bajo ninguna circunstancia.
Podemos leer así que a pesar del acceso masivo de las mujeres en el mercado laboral, la CEPAL, en su informe 'Qué Estado para qué igualdad' presentado en 2010, señalaba que las mujeres se insertaron al mercado laboral en condiciones altamente desiguales respecto a sus pares varones. Se insertan muchas de ellas en condiciones precarias, en ocupaciones flexibles e informales, como el caso de los contratos a tiempo parcial que constituyen en torno al 28 por ciento de los trabajos de las mujeres frente al 16 por ciento de los varones.
Las mujeres cobran menos salarios y las cargas familiares limitan enormemente su inserción en condiciones de igualdad. Los sistemas de cuidados y las políticas de incentivo al empleo femenino son incipientes en muchos países por lo que el binomio conciliación y corresponsabilidad familiar/laboral sigue sumando negativo para las mujeres de América Latina.
Otros temas como la mortalidad materna o los embarazos adolescentes siguen registrando elevadas tasas en la región. Son inmensos los esfuerzos del Gobierno Paraguayo por reducir las tasas de mortalidad materna, una de las más altas de la región pues alcanza según datos oficiales 100,8 por cada 100.000 nacidos vivos. Dramáticamente estas muertes hacen foco principal en las mujeres jóvenes y por cierto pobres, y es aquí donde estaremos apoyando muy fuerte a las autoridades para conseguir mejoras en la vida de estas mujeres y sus hijos.
En el plano económico a pesar de la crisis económica mundial, es posible mirar con cierto optimismo los augurios para la economía Latinoamericana, que comparada con los efectos devastadores que se está cobrando en una gran cantidad de países desarrollados, aquí incluso podríamos hablar de un momento de oportunidad para la Región. El caso paraguayo es revelador, pues siendo el país de la región que más creció en el 2010 y el tercero del mundo que mostró un alto crecimiento, del 14,5 por ciento del PIB, la pobreza alcanza al 35 por ciento de la población, con una incidencia en las zonas rurales que se aproxima al 50 por ciento.
Así mismo, las mujeres rurales registran peores indicadores que sus pares varones y sufren discriminación y exclusión sostenida por las pautas culturales históricas. De todas, las mujeres indígenas están sometidas a las peores situaciones y condiciones de vida. Según los datos de la encuesta de Hogares Indígenas de Paraguay, el 39 por ciento de las personas de 15 años y más es analfabeta y a pesar de que la Encuesta no está desagregada existen claros indicios de mayores tasas de analfabetismo en las mujeres. Estos son precisamente los dilemas que se han de resolver en el medio plazo a los efectos de superar estas brechas estructurales que profundizan la discriminación y exclusión de género
Desde ONU Mujeres queremos trabajar conjuntamente con los gobiernos latinoamericanos, sus parlamentos, la sociedad civil, la academia y el sector privado para mejorar los mecanismos que fortalezcan la integración entre los países para responder a problemáticas comunes, mejoren los instrumentos de protección social atendiendo las necesidades específicas de las mujeres, fomenten la empleabilidad de las mujeres y los jóvenes en condiciones de regularización laboral y trabajo decente. Estos aspectos son claves esenciales para contener los imprevisibles efectos de una crisis económica que hoy en día está recayendo sobre los grupos sociales más vulnerables.
Por eso, hoy quisiera reflexionar brevemente con ustedes acerca de la importancia de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de toma de decisiones, que es en definitiva reflexionar sobre los beneficios que la participación de las mujeres trae a las democracias, a nuestras democracias de América Latina en particular.
Existe la necesidad irrenunciable de expandir los espacios de participación y empoderamiento para todas las mujeres de nuestros países y es tarea de las autoridades nacionales y locales facilitar este proceso.
Es interesante, si ustedes me permiten, que observemos cómo el mapa geopolítico y social mundial se ha ido transformando. Las fronteras se han ido acercando y las demandas sociales recorren el mundo de norte a sur y de este a oeste generando a su paso fuertes adhesiones. Sin duda la globalización ha traído consigo una nueva ciudadanía, más demandante, más participativa, más informada y con grandes ideales.
Permítanme contarles que durante los múltiples viajes que he realizado a países de todas las regiones del mundo, siempre me he encontrado con mujeres de diferentes edades y condiciones de vida. Para mí ha sido conmovedor escuchar sus voces que demandan derechos, participación, mejorar sus vidas y las de sus familias y comunidades, participar finalmente en el destino de las generaciones futuras.
Amigas y amigos, no puede haber una verdadera democracia sin incorporar plenamente a las mujeres y jóvenes en todos los niveles en que se dirime 'la cosa pública'.
Sabemos que la participación de las mujeres en los procesos electorales es un logro ya conquistado en América Latina, sin embargo aún debemos avanzar en mayores cuotas de participación femenina en la política. Participación no significa sólo que todos elijan, sino que todos también puedan ser elegidos.
Sólo el 20,1 por ciento de los representantes en la Cámara Baja, y 19 por ciento en la Cámara Alta, son mujeres hoy día en América Latina. Esta es una problemática común que se aprecia en todas las regiones del mundo. Apenas 28 países han superado ese umbral mínimo de igualdad del 30 por ciento y aunque el avance es constante sigue siendo extremadamente lento.
El caso paraguayo reafirma esta realidad mostrando una tasa de representación en las cámaras por debajo del promedio regional, apenas un 13,6 por ciento. Deberemos acometer entonces medidas de corrección de estos desajustes que en nuestras democracias modernas no se justifican, modelos de corrección como las leyes de paridad, de cuota o de alternancia y velar para que cumplan sus objetivos de ir ampliando la representación de mujeres.
Los porcentajes que prevén las leyes de representación femenina en las listas, el 20 por ciento para el caso paraguayo, constituyen un piso mínimo, y no un techo tal y como está sucediendo en algunos países de la región.
Sé por experiencia propia de las dificultades de transformar los marcos legales en directrices políticas y que éstas a su vez se concreten en bienestar tangible para la ciudadanía. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no pueden ser un mero enunciado de políticas y programas, sino que deben ser un componente eficiente y transversal que ponga en el centro de las preocupaciones a las personas.
Durante mi periodo como presidenta de Chile, constaté muchas evidencias de que ninguna política es neutra al género y de que todas las políticas impactan en mayor bienestar cuando se las gesta considerando que hombres y mujeres no tenemos las mismas necesidades, aunque necesitamos de las mismas oportunidades.
En este difícil trazado hacia la igualdad de género no vamos a poder seguir avanzando si no existe una política de colaboración, de objetivos comunes y de acuerdos estratégicos más allá de nuestros mandatos, visiones o perspectivas partidarias e ideológicas. Esta es la visión de ONU Mujeres porque entendemos que la generación de alianzas y redes son el vehículo que nos garantiza mayores éxitos en la lucha por los derechos de las mujeres.
Otro gran desafío que debe sin duda movilizar nuestras estrategias y recursos es el de fortalecer los sistemas nacionales de justicia. La discriminación de género no puede seguir operando en las pautas de aplicación de los sistemas legales y judiciales.
La experiencia nos muestra que el acceso a la justicia y la aplicación efectiva de las leyes se tornan en un recurso de gran importancia para la garantía de los derechos de las mujeres. Sin esta premisa, es muy difícil consagrar y sostener las transformaciones sociales y culturales que de forma ineludible nuestras democracias requieren, si la aspiración sigue siendo conformar sociedades justas, equitativas e igualitarias.
Precisamente sobre este aspecto trata nuestro primer informe como ONU Mujeres que llamamos El progreso de las mujeres: En busca de la Justicia, y aborda precisamente esta problemática.
Una gran conclusión es confirmar que de alguna manera en todos los países, en mayor o menor medida, existe un déficit en cuanto a la aplicación de los estándares requeridos de la justicia en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y esto a pesar de que 139 países cuentan con Constituciones que consagran la igualdad entre hombres y mujeres.
Algunos datos a nivel mundial son desalentadores:
* Más de la mitad de las mujeres en el mundo trabajan de forma precaria en empleos fuera de las legislaciones laborales.
* Millones de jóvenes tienen embarazos precoces con los riesgos que eso conlleva. Es precisamente el parto una de la principales causas de muerte de las mujeres jóvenes en el mundo.
* 600 millones de mujeres y niñas viven en países donde no está penalizada la violencia doméstica.
Y debemos preguntarnos, si se justifican los costos sociales que suponen a los estados la ausencia o ineficiencia de medidas legales de prevención y penalización de la violencia. Estos costos sociales son irreversibles.
El Informe presenta 10 recomendaciones para que los sistemas de justicia respondan de manera efectiva a las necesidades de las mujeres y al real ejercicio de sus derechos. Destacaré algunas de estas recomendaciones.
La primera es insistir sobre la necesidad de implementar reformas legales adaptadas o de nueva generación que permitan responder con eficacia a las problemáticas de las mujeres.
La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las mujeres ha de constituir un referente permanente para los estados, pues obliga a los mismos a adaptar sus legislaciones para cumplir con los acuerdos establecidos en la Convención. Paraguay es uno de los países que tiene ratificada esta Convención y su Protocolo Facultativo y con ello se compromete a trabajar por la no discriminación y el empoderamiento de las mujeres.
Las recomendaciones al Estado Paraguayo son contundentes en el sentido de adaptar regulaciones que todavía evidencian vacíos legales que en su aplicación inadecuada, puedan generar discriminación y en otros casos la norma sigue siendo discriminatoria, como por ejemplo el Código Civil que no permite aceptar donaciones a las mujeres casadas sin el permiso de sus maridos.
Un tema prioritario para ONU Mujeres es el tema de la erradicación de la Violencia hacia mujeres y niñas en todas sus formas.
En Paraguay, como en muchos países de la región, existen leyes contra la violencia doméstica, específicamente la Ley 1600 contra la Violencia Doméstica. Sin embargo, el Código Penal, como sucede también en gran parte de los países de América Latina, no opera ni bajo los mismos parámetros ni con la prontitud que exigen las leyes de violencia, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de medidas cautelares. Figuras como las del Código Penal paraguayo de la 'habituabilidad' o recurrencia del fenómeno como condición para ser tipificado, hacen lentas las transformaciones culturales que han de producirse en nuestro imaginario social para desterrar definitivamente la violencia de género.
La segunda es subrayar los beneficiosos impactos que generan los servicios de justicia especializados en todas sus estructuras: juzgados, tribunales de justicia, cuerpos de seguridad del estado, escuela judicial, servicios de asesoría jurídica.
Las ventanillas únicas en las que funcionan de forma coordinada la atención psicosocial, policial, forense, legal se ha demostrado que son un valioso recurso para que las mujeres tengan un proceso seguro, con las mejores garantías. En Sudáfrica por ejemplo, en relación a la violencia sexual, estas ventanillas permitieron que hoy se haya procedido legalmente y emitido condenas a los agresores en el 89 por ciento de los casos frente al 7 por ciento que se registraba antes de la creación de las ventanillas únicas.
En este ámbito es importantísimo incorporar mujeres en todos los sectores, judicial, policial, etc. El informe revela que la presencia de mujeres en los tribunales, en la corte, en la policía nacional, mejora en todo sentido la calidad de la justicia para las mujeres.
En Paraguay existen 6 comisarías especializadas dependientes de la Policía Nacional pero es necesario seguir redoblando estos esfuerzos en todo el territorio nacional, aumentar la capacitación a los cuerpos policiales que deberán hacer uso de protocolos de denuncia y registro adecuados y mayor inversión en servicios gratuitos de atención a víctimas. Paraguay, junto con Argentina, Brasil y Bolivia están viendo como la trata de personas y la explotación sexual con tipos de violencia y abuso que se extienden hacia las mujeres con mucha rapidez y los estados no están pudiendo dar respuesta a la misma velocidad.
La Cooperación Sur.-Sur e interfronteriza es esencial para la resolución de esta problemática. Para ONU Mujeres este es un tema prioritario en el que estamos diseñando, conjuntamente con los actores vinculados, estrategias de trabajo para contribuir a erradicar este fenómeno.
En general, en América Latina existe la tendencia de concentrar los servicios de atención a las víctimas en las capitales de los países cuando realmente es en las áreas rurales del interior donde los índices son más elevados y la desprotección es notoria, impidiendo que las mujeres rompan el círculo de la violencia.
La Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para erradicar la violencia nos alerta sobre el incremento de casos de violencia en la gente joven, en menores de edad que inician sus relaciones de noviazgo con elevadas dosis de abusos y violencia.
Y la tercera y última recomendación que quisiera remarcar se refiere específicamente a promover y apoyar la labor de los operadores de la justicia en dos sentidos:
* El primero en invertir más recursos económicos para que los sistemas de justicia respondan adecuadamente a las necesidades de las mujeres. Por darles un dato, en el año 2009 los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo destinaron 4,200 millones de dólares a iniciativas relacionadas con la justicia y tan sólo el 5 por ciento fueron asignados a programas cuyo principal objetivo era promover la igualdad de género.
* El segundo es capacitar a jueces y juezas en temas especializados y en el uso de estándares internacionales para la resolución de sus sentencias.
El acceso de las mujeres a la justicia, de manera expedita, con los énfasis que las mujeres necesitan sin lugar a dudas que aportará a una mejor democracia.
Amigas y amigos, América Latina se encuentra en un momento de oportunidad para consolidar y profundizar su democracia, y para eso se requiere de mayor liderazgo de las mujeres en sus países y comunidades y una mayor participación política y de representación.
Perfeccionemos entonces todos los mecanismos e instrumentos institucionales disponibles, hagámoslo de manera conjunta al servicio de más democracia, más inclusión, más integración y más justicia.
Los desafíos son claros y no menores. Pero yo como optimista histórica que soy creo que tenemos la posibilidad de promover transformaciones inimaginables en relación al desarrollo de nuestras sociedades.
Podemos ser protagonistas de la revolución cultural más universalmente demandada: la igualdad entre mujeres y hombres. Estoy plenamente convencida que este es nuestro siglo, el siglo de las mujeres. La historia reciente nos muestra señales contundentes: por primera vez una mujer inaugura después de 66 años la Asamblea General de las Naciones Unidas, tres lideresas africanas reciben el premio Nobel, las mujeres del mundo están en lo más alto con sus demandas, este es el siglo de las mujeres, sin duda.
(...)
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