Declaración de Amnistía Internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

AmecoPress. Amnistía Internacional se une a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. La organización hace un llamado a los gobiernos del continente para que promuevan con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.

Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas, afirma AI en su declaración. “Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados Partes en la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo.

Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo es cruel, inhumano y degradante. Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.

En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente a la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?

Algunos lugares de América Latina y el Caribe han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica, lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas.

Las guías para el personal médico son en la mayoría de los casos inexistentes, poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a utilizar el sistema judicial innecesariamente dejando a mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.

Los Estados además no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar educación y difusión de los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva.

Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos, despenalizando el aborto y promoviendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar para todos y todas, haciendo realidad que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación.

Información adicional

Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física –incluyendo protección contra todo tipo de violencia–, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación, conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Los Estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita anteriormente. Estas acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes reciben apoyo con ellas. En este sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente de la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.