"Redistribución de género, deuda de democracias latinoamericanas"

Marcela Valente entrevista a RAQUEL COELLO, asesora de ONU Mujeres

(IPS) - No importa cuán progresistas sean las leyes para promover la equidad entre hombres y mujeres: sin un presupuesto con mirada de género, que asigne recursos en forma diferenciada, la desigualdad va a persistir en América Latina.

Esa es, en síntesis, la idea planteada a IPS en una entrevista por Raquel Coello, una economista española que fue hasta junio coordinadora del Programa Presupuestos Sensibles al Género (PSG) en América Latina para ONU Mujeres y que sigue asesorando al organismo en estos temas.

Para Coello el presupuesto no es neutral y si se lo diseña y ejecuta con sensibilidad de género puede contribuir mucho a reducir la discriminación de que siguen siendo objeto las mujeres latinoamericanas, a pesar de los avances que muestran los países en la sanción de normas de igualdad.

Cuando se celebra el jueves 15 el Día Internacional de la Democracia, instituido por las Naciones Unidas, la reflexión es que su desarrollo en la región pasa por afianzarla y darle concreción mediante iniciativas como los PSG.

Los países comienzan a aceptar el reto, unos más que otros. En Perú y Ecuador la nueva perspectiva tiene más chances de progresar pues es liderada por los ministerios de Finanzas, que son los que están sentados sobre los recursos.

En otros como Argentina o Bolivia se camina lenta pero firmemente en instancias municipales, no nacionales. No obstante estas diferencias, en todos los países se registra algún avance en el mismo recorrido, destacó Coello, en la entrevista.

IPS: Las democracias latinoamericanas avanzan con normas favorables a la equidad de género y dos mujeres gobiernan las dos mayores economías sudamericanas. Pero aspectos concretos, como discriminación laboral, desigualdad en acceso al crédito o la violencia sexista se mantienen como desafíos.

RAQUEL COELLO: Efectivamente, en casi todos los países hay planes de igualdad pero no hay un vínculo que aterrice esas políticas en la práctica. Esa es una de las razones por las cuáles surge la idea de los PSG.

IPS: ¿Y qué es, en los hechos, un presupuesto con esa perspectiva?

RC: En la práctica aún no existen presupuestos con perspectiva de género totalmente formulados, pero lo que hay y apoyamos mucho son iniciativas que van en busca de que los presupuestos tengan esa mirada.

Y es que a la hora de elaborar una política pública hay que analizar qué impacto tendrá en hombres y mujeres, porque los afecta de forma diferenciada. El presupuesto es una herramienta muy importante para la redistribución y por lo tanto puede actuar también para redistribuir equitativamente entre los géneros.

IPS: ¿Un ejemplo?

RC: Si se diseña una política laboral habrá que considerar que la desocupación entre las mujeres es mayor que entre los hombres y poner atención a esta diferencia.

Además, el modo de insertarse en el mercado laboral que tienen ellas es distinto porque asumen cargas no remuneradas como el cuidado de los niños. Entonces la política no puede centrarse en la creación de empleo solamente. Se debe facilitar la inserción de las mujeres a través de servicios de cuidados infantiles.

IPS: ¿Esto pasaría por contemplar el aporte de trabajo no remunerado que hacen ellas?

RC: Exacto. Existe una cantidad de trabajo no remunerado que está siendo realizado mayoritariamente por mujeres. La sociedad en su conjunto requiere de ese trabajo que debe ser repartido entre hombres y mujeres dentro del hogar y entre el Estado y el sector privado mediante servicios públicos o guarderías.

Si no, vamos a tener un programa de empleo estupendo al que muchas mujeres no podrán acceder.

IPS: ¿Cuáles son los países de la región que más han avanzado en los PSG?

RC: En todos los países hay alguna iniciativa. En algunos hay avances a nivel local, por ejemplo en (la ciudad centro-oriental de) Rosario, Argentina, donde habían tenido un gran desarrollo previo en lo que es el presupuesto participativo.

IPS: ¿Y algún país que haya avanzado a nivel nacional?

RC: Las experiencias de Ecuador y Perú se destacan porque las lideran ministerios de Finanzas y a la hora de hablar de presupuesto, la institución que manda o que tiene más poder de decisión es la que tiene el dinero.

En estos países se avanzó sobre cómo incluir la mirada de género al presupuesto y cómo visibilizar los recursos para la equidad, porque los sistemas contables del presupuesto están pensados para otro tipo de seguimiento.

Ecuador creó un sistema que visibiliza cuál es el gasto que se está destinando a la igualdad de género para que se le pueda dar seguimiento.

IPS: ¿Y estos cambios redundaron en una menor brecha de género?

RC: No se puede establecer aún un vínculo directo entre el PSG y la reducción de la violencia de género o la mortalidad materna, pero estos mecanismos sí muestran que las cantidades destinadas a esos temas son muy inferiores a lo que se requiere. Entonces, si los recursos son escasos, habrá que establecer prioridades.

IPS: ¿Bolivia también hizo progresos en esta materia?

RC: Sí, ahí se aprobó una ley que obliga a los municipios a asignar recursos para la equidad de género y las organizaciones de mujeres aprovecharon a hacer propuestas a nivel local y a vigilar que eso se cumpla, es decir que la partida se ejecute.

IPS: ¿Puede haber asignaciones presupuestarias para las mujeres que, en lugar de promover la equidad, refuercen los estereotipos?

RC: Claro. Por eso preferimos no mirar la asignación en sí. Porque a veces esa partida no resulta un aporte para reducir la brecha de género. Por ejemplo, muchos programas de protección social en América Latina transfieren ingresos a los más pobres y los canalizan a través de las mujeres.

Esto puede ser beneficioso para la familia pero si el beneficio fue pensado para los niños no contribuye a reducir la brecha de género.

Si además se condiciona la transferencia a que los niños estén vacunados o vayan al control médico se incrementa la carga de trabajo no remunerado que recae sobre ellas. O sea es un gasto asignado a la mujer pero que no la beneficia.

En cambio hay gastos no etiquetados para mujeres pero que sí van a favor de la igualdad. Por ejemplo las campañas para erradicar la violencia de género o para fomentar la corresponsabilidad del trabajo doméstico, son gastos de difusión pero que a ellas las beneficia y contribuyen a reducir la desigualdad.

IPS: Volviendo al comienzo ¿se puede decir que la perspectiva de género resulta un requisito imprescindible para una verdadera democracia?

RC: La igualdad de género es una parte inherente del desarrollo. Una sociedad no puede desarrollarse si solo progresa la mitad de su población. La democracia debe asegurar la redistribución justa de sus recursos.

Lo tenemos claro a la hora de pensar la redistribución de recursos a nivel social. El que tiene más paga más y con esos ingresos se financian bienes públicos para quienes tienen menos.

Esto mismo debe aplicarse a la redistribución de género. Eso es algo que debemos abordar si queremos vivir en una democracia donde todos tengan acceso a iguales oportunidades.