AVN .- La filósofa e investigadora en Estudios de Género del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), adscrito a la UCV, Alba Carosio, manifestó que con base a su experiencia con mujeres víctimas de violencia ha observado que “lamentablemente muchísimos administradores de justicia lo que hacen es volver a victimizarla y desconfiar de su palabra”.
Esta afirmación la hizo a través del programa Agenda Abierta, transmitido por VTV este miércoles 03 de agosto. Durante la entrevista enfatizó la necesidad de concientizar a la población y los servidores públicos sobre la violencia de género como problema de salud pública.
Recordó a aquellos trabajadores del poder judicial encargados de hacer valer la ley que deben tomar con la seriedad y compromiso las denuncias interpuestas por las víctimas pues “realmente para ninguna mujer es fácil romper el círculo y verbalizar que está siendo abusada”.
Sin distingo de clases sociales, la violencia de género es un flagelo que debe hacerse visible en la esfera pública. En una entrevista publicada el 01 de agosto por el diario Ciudad CCS, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en el año 2010 se recibieron 96 mil denuncias por violencia de género.
Al respecto Carosio enfatizó la necesidad de que la sociedad en general, pero especialmente los encargados de amparar a las víctimas, profundicen en la complejidad del problema para abordarlo como se debe.
Recalcó que no se trata de crímenes pasionales, hay un entramado de circunstancias como dependencia económica o afectiva e hijos, lo que interviene para perpetuar la situación violenta.
Desmontar el discurso de la responsabilidad de la agredida en el desencadenamiento de la violencia es menester. Comentó que es moneda corriente que cuando la mujer agredida va a buscar ayuda puede que acuda a alguien que en lugar de ayudarla la revictimiza a través de expresiones como: “ah, es que tú te dejas”.
También la violencia extrema suele escribir su guión mucho más abrasivamente sobre las mujeres que sobre los hombres.“En casos como la violación, por ejemplo, sabemos perfectamente que las autoridades tienden a indagar en el testimonio de la víctima para ver qué hizo la mujer para provocar, como si la sexualidad masculina fuera incontenible, en la cual jamás se tiene la culpa ni la decisión sobre lo que se va a hacer”.
Estos ejemplos comunes glosados por Carosio constituyen una paradoja: los encargados de protección agreden nuevamente a las agredidas, y es que el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia institucional como “las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias (...) de cualquier órgano, ente o institución pública que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley para asegurarles una vida libre de violencia”.
Paralelo a las opciones de ayuda psicológica y legal especializada – ofrecidas gratuitamente por el Centro de Estudios de la Mujer – la investigadora agregó que un grupo de militantes feministas trabaja en la formación de los consejos comunales y los movimientos de mujeres para que estos puedan prestar ayuda a las mujeres en situación de violencia.
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