Danny García Callejas Los fines de la reforma a la educación superior (aumentar la calidad educativa y la cobertura) son importantes pero incompletos en un país donde la inequidad de género es predominante.
En Colombia, las madres ganan en promedio un 17% menos que las mujeres sin hijos. Al mismo tiempo, una mujer con un mismo nivel de experiencia, educación y labor que un hombre devenga entre un 13% y un 23% menos.
Los datos son aún más deprimentes y preocupantes si la mujer es afrocolombiana o pertenece a una minoría étnica o racial.
Pero allí no para la discriminación de la mujer; nuestra sociedad también les impone barreras para acceder a cargos de dirección, liderazgo y representatividad.
Lamentablemente en el mundo académico y en el sistema de educación superior en Colombia existe la discriminación de género.
Revisando los integrantes de los órganos directivos de varias universidades del país, a través de la información suministrada en sus páginas electrónicas, se encuentra una inequidad arraigada tanto en instituciones públicas como privadas.
Por ejemplo, en la Universidad Nacional, sede Bogotá, solo hay una mujer en el Consejo Superior (órgano máximo de gobierno de la universidad) y me temo que si no fuera la Ministra de Educación entonces sus 11 miembros serían hombres.
En el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia no hay ninguna mujer entre sus 10 integrantes.
Pero, desafortunadamente, las universidades privadas sin ánimo de lucro no se quedan atrás. El Consejo Superior de la Universidad de los Andes consta de 56 miembros incluyendo miembros numerarios, permanentes y honorarios. Entre los 56 solo hay 5 mujeres (el 9%).
Algo similar sucede en EAFIT donde de sus 16 directivos solo 2 son mujeres (12,5%) y entre sus 5 decanos no hay ninguna mujer.
Desafortunadamente la lista continúa e incluye a universidades como la Javeriana y la del Rosario, donde la dirección es ejercida predominante (y a veces de manera aplastante) por hombres.
Sin duda el Gobierno hace un esfuerzo importante al nombrar 41 mujeres (37%) entre los delegados de la Ministra y los Representantes del Presidente en los Consejos Superiores de las universidades públicas de un total de 111 nombramientos y 6 vacantes. Sin embargo, y al igual que muchas universidades en Colombia (con excepción de unas pocas), este número está muy por debajo del 44% correspondiente a la proporción de mujeres graduadas en programas de maestría y doctorado en Colombia durante 2001-2009 (según el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional), y aún más lejos del 57% y 55% correspondientes al porcentaje de mujeres que se graduaron con educación universitaria y de especialización, respectivamente.
Si la reforma a la educación superior quiere promover el desarrollo, la inclusión social y la igualdad de oportunidades, es urgente que fomente una política integral de equidad de género.
De lo contrario, seguiremos por el camino de la prosperidad patriarcal.
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