Alejandra WaigandtArtemisa Noticias En términos generales las mujeres tienen mayores posibilidades de acceso a los procesos de toma de decisión en el ámbito político, principalmente en el Poder Legislativo, debido a la vigencia de la Ley de Cupo Femenino, según la investigación Sexo y poder. ¿Quién manda en la Argentina?, realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) durante 2010 y divulgada en mayo de este año.
El Índice de Participación de la Mujer (IPM), propuesto por ELA para medir la distribución de cargos de máxima autoridad entre varones y mujeres, muestra que de 4.258 puestos relevados en el ámbito político, las mujeres ocupan el 18,7 por ciento, es decir que de cada 10 puestos claves ellas ejercen 2 y los varones 8. En comparación con el sector económico, donde sólo 4 por ciento de las principales gerencias relevadas son lideradas por mujeres, el promedio en política significa que las mujeres tienen mayores oportunidades de liderazgo (ver nota principal).
Del número de bancas contabilizadas en el Congreso nacional, las legislaturas provinciales y los conejos deliberantes (1.815), las mujeres ocupan 30,6 por ciento. El parlamento nacional con 37,7 por ciento de escaños en manos de las mujeres ubica a la Argentina en el puesto número 12 a nivel internacional, superando a países desarrollados como Alemania, Canadá y Gran Bretaña.
Este avance se logró debido a varios instrumentos y conferencias de derechos humanos, a los cuales ha suscripto el gobierno argentino, destacando la IV Conferencia de la Mujer realizada en Beijing en 1995. Allí cobraron impulso las legislaciones de cuotas, que tienen un efecto significativo en cuanto a la inclusión de candidatas en las listas electorales. Argentina fue pionera, adoptando el cupo femenino en 1991.
Poco a poco las provincias adhirieron al sistema de cuotas, pero la única jurisdicción en alcanzar la paridad es Santiago del Estero con 50 por ciento del total de las bancas ocupadas por mujeres. El Concejo Deliberante de la ciudad de Santiago del Estero también es equitativo (50 por ciento) en la distribución de escaños entre concejales y concejalas. En el extremo opuesto, la provincia de San Juan registra el menor porcentaje de congresistas femeninas en su parlamento (15 por ciento). La capital, que lleva el mismo nombre, también tiene una baja participación de mujeres a nivel del Concejo Deliberante (8 por ciento). En cambio, Viedma, una de las ciudades más importantes de Río Negro, cuenta con 56 por ciento, siendo la legislatura local con mayor número de mujeres con capacidad de decidir.
De modo que, a nivel del poder local se observa una importante presencia femenina; según el estudio de ELA 16 de 23 concejos relevados (70 por ciento), se encuentran integrados por más de 30 por ciento de mujeres.
Estos logros basados en instrumentos de derechos humanos internacionales y nacionales fueron posibles por un movimiento de mujeres aguerrido, que reivindicó la equidad de género y oportunidades tras finalizar la dictadura de 1976 e iniciar un gobierno democrático en 1983. Una buena parte de este movimiento hizo posible la instrumentación del cupo femenino en 1991 y tenía una relación estrecha con partidos políticos mayoritarios como el justicialismo y el radicalismo. Sin embargo la crisis política, económica y social que emergió a principios del siglo XXI, pero que venía desarticulando las estructuras partidarias debilitó estas experiencias, según un análisis de la activista política Virginia Franganillo y ex presidenta del Consejo Nacional de la Mujer.
En la actualidad en Argentina las agrupaciones de mujeres tienen dificultades para trabajar en forma conjunta con las mujeres políticas, inclusive se suele marginar a las dirigentes que pertenecían al movimiento, pero tras integrar propuestas políticas tomaron distancia. Se suma el desgaste que viven las políticas sensibles a los temas de género durante su participación en cargos públicos, que terminan alejándose y sus experiencias se descapitalizan. Varios estudios de género advierten sobre esta desarticulación en la región y postulan la necesidad de una sinergia entre sectores del movimiento de mujeres y las políticas, como una estrategia eficaz en pos de integrar las agendas de género en las agendas proselitistas. Las primeras cuentan con los conocimientos para desarrollar las políticas públicas que deben impulsar las últimas.
Los números importan y son condición necesaria, pero para asegurar la participación de las mujeres en la política es imprescindible el desarrollo de políticas públicas orientadas a atender sus demandas y hacer efectivos sus derechos, tal como reconoce la investigación de ELA. La democratización de los partidos y agrupaciones políticas es un paso en ese sentido. La cultura masculina que caracteriza a estas organizaciones sigue impidiendo que las mujeres desarrollen sus carreras políticas y asuman puestos de liderazgo. El IPM elaborado por la organización especializada en justicia y género, muestra que apenas 15 por ciento de mujeres ocupan las presidencias de estructuras partidarias nacionales. Asimismo, aquellas que llegan a puestos de toma de decisión son relegadas a posiciones de menor poder como la secretaría de actas y archivos, la dirección de capacitación o la dirección de cultura. Los estudios de género sugieren campañas de sensibilización dirigidas a los afiliados y las afiliadas sobre equidad de género y oportunidades. Luego trabajar en la integración de las agendas sobre la igualdad de derechos y oportunidades a las plataformas partidarias.
La Justicia
El objetivo de lograr el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político, de acuerdo a politólogas de la región, se beneficiaría especialmente con la implementación de políticas de sensibilización en temas de género en el ámbito judicial, ya que la interpretación de la norma está estrechamente vinculada a la formación de los operadores jurídicos. De hecho, en el Poder Judicial argentino las mujeres constituyen 54,4 por ciento, sin embargo sólo el 15 por ciento ejerce puestos de mayor jerarquía institucional, según el estudio de ELA. Este mismo estudio muestra que 'la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres encuentra serias restricciones y resistencias. Por ejemplo el Consejo de la Magistratura, órgano clave para el nombramientos de jueces, es integrado por una sola mujer y los 12 cargos restantes están ocupados por varones. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son dos mujeres y 5 varones'.
En tanto, en las carreras de derecho llegan a graduarse más mujeres que varones, pero como indican los índices sobre la distribución del poder, ellas no ocupan una cantidad significativa de puestos jerárquicos en el sistema judicial. No obstante el liderazgo de la jueza Carmen Argibay en la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema posibilitó que Argentina diera un paso inédito: la implementación de políticas públicas de género en el Poder Judicial.
Concretamente la OM impulsa talleres para introducir la perspectiva de género en el sistema judicial de todo el país, con el apoyo técnico del Sistema de Naciones Unidas en Argentina. También se plantea profundizar en las razones que impiden el ascenso a los cargos jerárquicos. 'Los cargos importantes en el ámbito judicial se cubren por concurso, donde se selecciona una terna que es elevada a la presidenta (Cristina Fernández), quien elige el candidato o candidata para el cargo. Teniendo en cuenta esta forma de selección, la capacitación en perspectiva de género que se está haciendo contribuye en manera indirecta, porque permitirá que las futuras candidatas puedan estar interiorizadas en temas que hoy le están vedados, y así poder prepararse con mayor experiencia de la que ahora disponen', se ha explicado a los medios desde la OM.
Como demuestra la investigación de ELA, el número de mujeres en los puestos de toma de decisión debe seguir incrementándose hasta alcanzar la paridad y superar las barreras para la permanencia femenina en la política, y de ese modo tener una representación real de la sociedad, compuesta por 50 por ciento de mujeres. Dicho estudio y otras investigaciones de género rescatan y aconsejan al mismo tiempo buenas prácticas como la que lleva adelante la Oficina de la Mujer en el Poder Judicial argentino para lograr una representatividad sustantiva en la política, de manera que las cuestiones de género constituyen un eje fundamental de la democracia.
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