Argentina: El castigo redoblado...

Se publicó el libro Mujeres en prisión. Los alcances del castigo (Siglo XXI Editores), una investigación que visibiliza la desigualdad de género en la cárcel y plantea el sufrimiento al que son sometidas las mujeres en situación de encierro. La investigación refleja que el 86 por ciento de las reclusas encuestadas son madres, en su mayoría jefas de hogares monoparentales al momento de la detención, y el 80 por ciento se encuentran detenidas por primera vez. Cómo y por qué se quiebran sus vidas de un modo irreparable.

Por Laura Rosso / Página 12

Mujeres en prisión. Los alcances del castigo es un trabajo realizado entre la Procuración Penitenciara de la Nación, la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) con el objetivo de dar a conocer una realidad: la pena de prisión tiene implicancias diferentes para mujeres y varones. Los datos obtenidos en la investigación indican que las mujeres encarceladas pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad y que existe una desproporción entre el daño social de los delitos por los que fueron encarceladas y el castigo al que son sometidas, en especial por las consecuencias que genera el encierro para ellas y sus familias.

El desafío que se propuso el equipo de investigación fue cruzar una mirada de género con una mirada de derechos humanos para indagar y exponer la situación de las presas y observar cómo sufren el encierro las mujeres en el ámbito federal. Pero también incitar a la discusión sobre la necesidad de implementar “políticas criminales y penitenciarias con perspectiva de género y reconocer las particularidades que adquiere el encierro en el caso de las mujeres privadas de libertad”.

En el libro queda confirmada la progresión del encarcelamiento de mujeres acusadas de delitos relacionados con el tráfico de drogas a pequeña escala, actividad por la que se las llama “mulas”. Entre 1990 y 2007 el número de detenidas en las cárceles federales pasó de 298 en 1990 a 1039 en 2007, esto es un crecimiento del 350 por ciento. También queda de manifiesto en la investigación una desproporción entre el delito cometido y las penas a las que son sometidas.

Para comenzar, Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, dice: “En un setenta por ciento, los delitos por los cuales están encarceladas muchas mujeres es tráfico de drogas a pequeña escala. Este delito es un delito sin víctimas. No hay una víctima individualizada y el daño social que produce no se puede mensurar. La conducta concreta de la mujer podemos decir que no genera un daño, porque si no lo hace ella lo hace otra, y no está produciendo un daño en particular. E incluso la propia persona que comete ese delito no lo percibe como tal y eso es lo que hace que muchas mujeres se involucren en eso. Es una conducta que no es violenta, que no atenta contra nadie en particular, y en ese sentido hay una desproporción enorme con el castigo que reciben”. Y Raquel Asensio (integrante de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación) continúa: “Eso es lo que genera la política contra las drogas, con penas mínimas muy altas. En general estas mujeres están con las penas más bajas y eso indica que su participación no es central en la organización del narcotráfico. Otra de las cosas que observamos en el libro es que ese proceso de criminalización y de involucramiento de estas mujeres en los delitos de drogas coincide con la precarización laboral de la década del ’90. Las mujeres pasan a ser jefas de hogar, de hogares monoparentales con un promedio de tres hijos menores de edad a su cargo. Esto habla de cierto contexto social y familiar que nosotras sugerimos que sería bueno explorar: cómo todas estas circunstancias han incidido o no en el involucramiento de estas mujeres en ese tipo de actividades. Advertimos que la etapa en la que se incrementa notablemente el encarcelamiento de mujeres coincide con la persecución tan fuerte de los delitos de drogas, con la precarización de las condiciones laborales y la salida de las mujeres al trabajo, y con un proceso que coloca cada vez mayores responsabilidades de crianza y económicas en las mujeres, que son las únicas responsables del cuidado de sus hijos menores de edad”.

Las mujeres encarceladas son en su mayoría provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad, que fueron detenidas por delitos vinculados a las drogas. ¿Cuáles son las consecuencias sociales que produce el encarcelamiento de este colectivo?

Marta Manclús Masó: –Las consecuencias se multiplican porque implica que dejen familias y chiquitos que se crían en una situación de desmembramiento familiar. Por eso es grave esta situación, por lo que implica para las mujeres y para sus familias.

Raquel Asensio: –Para las mujeres es muchas veces un aislamiento y una ruptura completa de los lazos familiares, lo que no ocurre tan a menudo en el caso de los varones. A los varones los visitan las mujeres: sus parejas, las madres, las hermanas. Y a las mujeres no. Porque en general quienes se ocupan de los cuidados, de mantener las relaciones y los vínculos son las mujeres. Entonces, las consecuencias en los niños y niñas son devastadoras, y en las mujeres también, porque muchas veces implica la ruptura completa con sus hijos a quienes no siguen viendo y también pierden a sus parejas.

M. M.: –Hay un relevamiento que dice que el ingreso a prisión produjo la interrupción total de los vínculos de dos de cada tres mujeres con hijos menores de dieciocho años. Es decir, que dos de cada tres mujeres no vieron a sus hijos desde su entrada en prisión. Y esto no es lo que ocurre con los varones presos, cuyas mujeres sí llevan a sus hijos a visitar al padre.

R. A.: –Por eso hablamos de la desproporción del encierro: por el tipo de delito, por el monto tan elevado de la pena, y por los costos que esto significa.
¿Qué observaron durante las entrevistas en relación con este tema?

R. A.: –Todas coincidimos en que cuando hablaban de los hijos era el momento de quiebre, incluso muchas que sostenían un lugar de resistencia y un posicionamiento personal muy fuerte, al momento de hablar de los hijos se quebraban.

Anabella Museri del Programa Justicia Democrática agrega: “Otro punto para marcar con relación a esto es que hay un Estado ausente que deja un vacío y que nosotras creemos que no tiene que llenarse con la institucionalización de los chicos. Porque, insisto, una de las consecuencias que marcamos como problemática del encierro de las mujeres es que muchos chicos van a institucionalizarse, y ésa no es la respuesta, claramente”.

R. A.: –Es una postura muy extraña la del Estado, porque permite que los niños estén en la cárcel hasta determinada edad. Muchas veces es lo que ocurre con los hijos de las mujeres extranjeras. Esos chicos nunca salieron de la cárcel y la única relación afectiva que tienen es con la madre o con las compañeras de celda. Cuando esos chicos cumplen los cuatro años, la ruptura es casi total. El Estado se preocupa por los niños que están en la cárcel; por los otros no. No hay un asesoramiento sobre cuáles serían las opciones, o un acompañamiento para ver cómo va a ser esa separación, tratar de garantizar el vínculo, implementar programas que faciliten las visitas de los hijos.

M. M.: –Y otra cosa que surge de la investigación es que no todas las mujeres que tienen hijos menores de cuatro años los tienen con ellas. Es la mitad. Son conscientes de que la cárcel no es un lugar para criar hijos hasta los cuatro años. Eso no lo discute nadie. Y las que tienen una estructura familiar sólida afuera prefieren que estén con la abuela, y las que los tienen con ellas es porque no tienen otra opción. Pensamos que la opción es sacar a las mujeres con hijos de la cárcel –arresto domiciliario, por ejemplo– y no meter a los niños ahí. Tenemos que pensar al revés.

La propuesta de las tres organizaciones, resume Paula Litvachky, directora del Programa de Justicia Democrática del CELS, es que “la solución no puede estar en la idea de que los chicos estén en las unidades sino justamente que el Estado tiene que pensar políticas diferentes, y sobre todo la Justicia, que puede tomar decisiones distintas a las que está tomando. Porque desde el sentido común, incluso, el castigo de este tipo de actividades con penas cortas rompe el vínculo con las familias y eso implica todo lo contrario de lo que, en principio, declara la pena como objetivo. Aun si uno entendiera que la pena de prisión tiene como fin la resocialización y la reinserción, digo, incluso si uno no discute eso, el impacto y el efecto que tiene la pena de prisión para las mujeres en estos casos es totalmente contradictoria con los objetivos que dice tener. Porque termina rompiendo el vínculo más que incidiendo en que las mujeres salgan con una mirada social diferente. En ese sentido, es una apelación a la administración y al Poder Judicial para que se tomen decisiones distintas. Hay claramente un funcionamiento punitivo muy duro, en este caso con las mujeres que se desentiende de las consecuencias sociales de lo que implica ese encarcelamiento”. Y otro dato importante –agrega Museri– es que son primarias, esto es que no son reincidentes, no tuvieron condena anterior, no es un colectivo “peligroso”, y es su primer contacto con el sistema penal.

La idea del libro es poner de manifiesto la realidad carcelaria de las mujeres para que se modifiquen las políticas criminales y encontrar maneras para responder a los requerimientos específicos. Como las situaciones de violencia, por ejemplo, porque hay situaciones de violencia con implicancias muy claras de género. Raquel Asencio dice: “La investigación aspiró a demostrar cuáles son las distintas manifestaciones de la violencia por cuestiones de género. Y hay que sofisticar un poco la mirada sobre qué va a ser violencia. Era reiterativo escuchar en las entrevistas el problema de las requisas, con los desnudos en presencia de varones, con las burlas frente a permanecer sin ropa durante un tiempo prolongado innecesario, inspecciones corporales, es decir otras formas de violencia que aparecieron y que para las mujeres tienen un tipo de significación que puede ser distinta a la de los varones”.

Anabella Museri: –La violencia está presente de una manera sistemática y es una cuestión cotidiana. El veinte por ciento de las entrevistadas respondió que alguna vez vio situaciones de violencia, y una de cada diez dijo que directamente fue víctima de violencia por parte del servicio penitenciario, que aparece como una forma de regulación.

Paula Litvachky: –Uno de los objetivos de la investigación fue darle contenido, darle significado a la violencia, entender las modalidades y las dinámicas, explicar un poco más y que no quede la idea de la violencia como un paquete donde se mete todo.
El castigo que se impone con la prisión en el caso de las mujeres no las afecta sólo a ellas, sino que tiene un impacto social muy fuerte. ¿Qué medidas inmediatas se podrían tomar para mejorar la situación en la que están?

M. M.: –Trabajar por fuera de la cárcel y volver a la cárcel a la noche. Trabajar en semilibertad es una decisión fácil de tomar, con regímenes más abiertos. Hay que intentar otras vías que no sea la cárcel para los delitos que no impliquen violencia. Y pensar en alternativas para que las mujeres no salgan con más sufrimiento.

R. A.: –Además, las mujeres están presas en condiciones que no receptan las especificidades de género. Las cárceles que ocupan son las que ocupaban los varones y esto se replica en todas la prácticas carcelarias. Advertimos que hay una ceguera de género en la vida cotidiana de la cárcel, en el tipo de tratamiento que reciben.

P. L.: –Hay decisiones de la administración, de la Justicia y de política criminal que se pueden ir tomando si se empieza a comprender y tomar conciencia de esto.