domingo, abril 03, 2011

El Femicidio...

Fuente: Página 12
Es la máxima expresión de la violencia de género. El año pasado hubo 260 muertes en el país, diez de las cuales ocurrieron en el Chaco. Y durante este año ya son 83 las víctimas asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.
Producción: Letizia Muñoz
Foto de tapa: Germán Pomar

La violencia de género asume diversas formas, cada vez más crueles, y entierra sus profundas raíces aún en pleno siglo XXI, en una sociedad posmoderna en la que todo parece progresar sin límites. Es que predomina todavía la cultura de sesgo machista (infundida en el seno familiar), que incide decisivamente en el caso más extremo: el femicidio. Los números marcan una realidad en la que los crímenes se multiplican en una sangría dolorosa: durante 2010 fueron 260 las mujeres asesinadas, un 12,5 por ciento más que durante 2009. De ese total, once fueron quemadas. En tanto, durante los tres meses que transcurrieron en este 2011, ya se registraron 83 casos, catorce de los cuales corresponden a mujeres que murieron incineradas. Maira Alejandra Tevez tenía 21 años. Y cuando conoció a Héctor Ponce nunca imaginó el desenlace de la historia que se precipitó el 9 de abril del año pasado, cuando quien hoy está recluido con prisión perpetua la mató disparándole con un arma de fuego y luego la descuartizó, poniendo en práctica sus conocimientos en instrumental quirúrgico.

El aberrante caso ocurrido en Presidencia Roque Sáenz Peña es uno más de los diez que carga la provincia durante 2010 bajo un término que todavía no tiene un anclaje jurídico, aunque asume un alto contenido político-social: el femicidio. Se trata del homicidio de una mujer por el sólo hecho de ser mujer, la expresión más extrema de la violencia de género.


La sordidez que atraviesa el problema conforma un drama social que desangra a Latinoamérica, continente que tiene sólo a un puñado de países con normas específicas que contemplan la figura jurídica. Para el caso de Argentina, la multiplicación de los casos impone un debate que recién comienza a ganar terreno. En ese contexto y frente a tanta sangría provocada por la violencia de género, se presentaron varios proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación para tipificar el femicidio como figura autónoma en el Código Penal.

Sin embargo, expertas latinoamericanas reunidas hace pocos días en Buenos Aires consideraron que “no es necesario ni conveniente” avanzar por ese camino para combatir la violencia machista. “En los países donde se ha creado la figura penal de femicidio o feminicidio, cumple un rol simbólico. Y el Código Penal no puede cumplir sólo esa finalidad”, cuestionó la abogada boliviana Julieta Montaño, reconocida internacionalmente por su extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

El debate jurídico

Para la jueza federal de Sáenz Peña Zunilda Niremperger existe una creciente violencia de género que es consecuencia directa de la estructura machista y la cultura patriarcal que conservan las sociedades aún en pleno siglo XXI. “El reconocimiento de los derechos de las mujeres sigue siendo una cuestión formal y no una realidad”, opinó ante NORTE.

Según explicó la magistrada federal, la mayor “Seguir agregando incisos al artículo 80 no es más que seguir inflacionando el Derecho Penal sin solucionar el conflicto que se intenta paliar”, remarcó la jueza federal. Y si bien recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a países como México por la no investigación en la muerte de mujeres en esa situación, y la corriente internacional tiende a la tipificación de ese delito, “no es esa la solución porque la modificación o el aumento de las escalas penales no disminuyen la criminalidad y menos de homicidios pasionales, como lo son la mayoría de los delitos de esta clase”, indicó.

Cultura social machista

El problema, según Niremperger, es aun más profundo y tiene que ver “con una conciencia o cultura social machista que debe reformarse”. “Pero esa conciencia y ese entender que la mujer no es un objeto debe apuntalarse desde otro lugar, con mayor concienciación y educación”, acotó.

Asimismo consideró que, si bien el Estado debe comprometerse y cumplir con las responsabilidades internacionales asumidas, sería mucho más útil la creación de organismos asistenciales de mujeres en esa situación de contención, o la creación de comisarías de la mujer pero con una formación adecuada de las fuerzas policiales, que no minimice las denuncias realizadas, que entienda que muchas veces la mujer vuelve a esa situación porque no tiene dónde ir, que retira la denuncia por miedo y que debe dársele un trato especial para poder auxiliarla.

Mujeres incineradas

Entre los “métodos” usados para cometer los crímenes, uno de los más frecuentes es la incineración de mujeres, que mueren en medio de discusiones con sus parejas. En el país, Andrea Oyarzo fue la primera víctima de las once que ya registra 2011: estaba embarazada de ocho meses cuando su esposo, Guillermo Lichen, la habría prendido fuego en su casa de Bahía Blanca. Su bebé logró ser salvado gracias a que indujeron el parto. Tras declarar que Andrea había querido suicidarse, Lichen recobró la libertad, y ahora espera que le otorguen la tenencia del bebé.

Días después, en Chaco se conoció un segundo caso. Esta vez, la víctima era Gloria Paredes, una enfermera que trabajaba en el área de Oncología del hospital de Resistencia. Su pareja, un exagente del servicio penitenciario de 56 años con el que tenía dos hijos, también adujo que había querido suicidarse.

“Nunca lo llamaron a declarar y le entregaron los chicos sin condiciones. Ahora nos enteramos de que la agredía y después le compraba algún regalo”, le contó al diario Perfil Gladys, hermana de Gloria, quien dice sentirse “culpable” por no haber podido evitar el dramático final de su hermana.

Un método impune

“Es evidente que algunos hombres encontraron la forma de matar con total impunidad: cuando una mujer es incinerada y hay que inducirla a un coma farmacológico, no puede denunciar. No puede ni decir qué fue lo que le pasó”, explicó al diario Perfil Fabiana Túñez, de la oenegé La Casa del Encuentro, quien busca deducir por qué, desde la muerte de Wanda Taddei (mujer del exbaterista de Callejeros), se triplicaron los casos de mujeres quemadas.

Túñez agregó que en estos casos, y porque “la Justicia es lenta”, “para cuando llegan al lugar del hecho, todas las pruebas del crimen que no había borrado el fuego fueron destruidas por el hombre. De todos los casos de mujeres quemadas en 2010, sólo el exbaterista Eduardo Vásquez está preso, y eso ocurrió después de que lo liberaran en primera instancia”.

Según los especialistas, cuando una mujer muere quemada puede tornarse más difícil probar el asesinato. “Siempre dicen lo mismo, que estaba limpiando algo con alcohol y que ‘accidentalmente’ se prendió fuego. Para muchos jueces, la violencia contra la mujer sigue estando en el ámbito privado, por eso se quedan con la versión del accidente o lo justifican alegando emoción violenta”, trazó Malena Nissman, coordinadora del colectivo Las Juanas.

Para la diputada nacional Cecilia Merchán, autora de uno de los tres proyectos que están en danza en el Congreso nacional para incorporar al Código Penal la figura de femicidio, “la idea del incineramiento no es nueva”. Es que el método “no deja huellas de la agresión y, en el caso de que la mujer no muera, queda con enormes cicatrices en su cuerpo”, señaló.

Entonces, “vivir es como un castigo doble. Tan borrada está la identidad y la autoestima de la mujer que ha sido quemada, que algunas que han sobrevivido no han querido declarar en contra de sus agresores. Muchas veces, los jueces ordenan esperar el testimonio de la víctima antes de hacer las pericias que confronten la versión del victimario con los hechos”, repasó.parte de los casos de femicidio se dan con modalidades, medios o por actores cuyos vínculos o formas de homicidio ya están agravados por el artículo 80 del Código Penal. Es decir, bastaría con aplicar las agravantes por ensañamiento, alevosía por el vínculo o por un medio idóneo para crear un peligro común.

“Pensar que la incorporación de un nuevo tipo penal solucionaría el problema o facilitaría el trabajo de los jueces resulta irrisorio, pues la problemática no radica en la ley sino en cuestiones probatorias en los delitos investigados”, resaltó Niremperger.

Ahora bien, en el caso de optar por una reforma, consideró que sería útil incorporar al Inciso 1 del artículo 80 del Código Penal el agravante por concubinato, ya que sería mucho más adecuado a la realidad de la sociedad actual. De igual forma, estimó conveniente aclarar que el vínculo de ascendientes y descendientes incluye a los hijos adoptivos, pues si bien la doctrina mayoritaria los incluye, la ley al hablar de ascendientes y descendientes genera dudas interpretativas al respecto.

El drama en números

Según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil Adriana Marisel Zambrano, durante el año pasado se produjeron en el Chaco diez femicidios, mientras que en el país hubo 260 crímenes por esta modalidad de violencia extrema de género.

La Casa del Encuentro -oenegé que contiene al Observatorio- comenzó hace ya tres años a sacar pacientemente la cuenta de las víctimas, aunque sea de modo informal y a través de artículos periodísticos publicados por la prensa. Según estos cálculos, en 2008 hubo 208 muertes de mujeres por violencia de género; un año más tarde fueron 231 y en 2010, 260.

El ranking del año pasado está encabezado por la provincia de Buenos Aires, con 87 casos de femicidio. Luego siguen Córdoba, con 24; Santa Fe, 16; Santiago del Estero, 15; Ciudad de Buenos Aires, 13; Corrientes, 13; Misiones, 12; Entre Ríos, 11; Salta, 10 y Chaco, también con 10 casos. Tierra del Fuego fue la única provincia donde no se produjeron asesinatos de mujeres bajo esta definición.

En mayor proporción, los agresores son esposos, parejas o novios de las víctimas (95 casos) y exesposos, parejas, novios (72). En cuanto a la modalidad de la agresión, en 71 casos las mujeres sufrieron disparos con armas de fuego; 50 fueron muertas a golpes; 49 apuñaladas; 25 degolladas; y 25 estranguladas. En su mayoría, las víctimas tenían entre 19 a 30 años (94 casos) y 31 a 50 años (80).

Frente a la falta de estadísticas oficiales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó la Oficina de Violencia Doméstica. Esa dependencia registró un número ascendente de denuncias: sólo en enero de este año se produjeron 657. Dos años antes, la cifra había sido de 375.

La violencia machista sigue cobrándose vidas y aparece más visible en estos tiempos a partir de la acción conjunta de organizaciones sociales y la exposición mediática de casos aberrantes. El debate está abierto y el Estado tiene ahora la obligación de responder.

Latinoamérica debate la tipificación como figura penal

Durante dos días, especialistas de Argentina, Bolivia, México, Panamá, Perú y Chile se reunieron en el encuentro convocado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Allí, analizaron exclusivamente la conveniencia de tipificar penalmente el femicidio, a la luz de la experiencia de otros países de la región que ya tienen esa figura.
En el país, las diputadas Cecilia Merchán, de Libres del Sur, y Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, impulsan iniciativas con esa finalidad, entre otros legisladores.

Las especialistas coincidieron en que la violencia hacia las mujeres es “un problema grave” en la región y que falta “voluntad política” para enfrentarlo. Y consideraron que se debe combatir con políticas públicas de prevención, fundamentalmente, con presupuestos, recursos humanos y técnicos e infraestructura adecuados. Para lo cual alertaron que es urgente contar con estadísticas oficiales sobre femicidios.

La red feminista

Cladem es una red feminista latinoamericana que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Por su trabajo ganó en 2009 el Premio Rey de España en Derechos Humanos. Del encuentro en Buenos Aires participaron expertas de la oenegé, entre ellas, su coordinadora regional, la abogada paraguaya Elba Núñez, la rosarina Susana Chiarotti, la mexicana Guadalupe Ramos Ponce, la boliviana Montaño, y Carmen Antony en representación de Panamá y Chile.

Como invitada especial concurrió Villanueva, una de las popes en la región sobre esta problemática. La argentina Chiarotti es responsable del Programa Monitoreo de Cladem e integrante del comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vigila la aplicación en el continente de la Convención de Belem do Pará, de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las seis son referentes muy prestigiosas en sus países como especialistas en la temática.

A mediados de mayo el Cladem convocará a una reunión internacional, con juristas, penalistas y criminólogos de distintos países para seguir analizando la conveniencia de promover la sanción de leyes que tipifiquen el femicidio en el Código Penal. Por el momento, la conclusión de la mayoría de las especialistas del Cladem es que la definición del tipo penal específico dificulta su aplicación porque se traslada un concepto de las ciencias sociales -el femicidio- al derecho penal.

No sólo en la Argentina hay proyectos presentados en el Congreso para crear la figura específica: también en Perú, Paraguay, México, Panamá y Honduras. Como aquí, hay un sector del movimiento de mujeres que reclama la tipificación. En Bolivia todavía no hay iniciativas, pero sí una demanda de organizaciones feministas.

“Hay un apresuramiento por razones demagógicas y electoralistas. Pero meter la pala en el derecho penal se puede volver en contra”, alertó Chiarotti. “En algunos casos se trata de iniciativas del Estado como respuesta fácil al problema de la violencia de género, como si al tipificar el femicidio se resolviera la cuestión de fondo”, objetó Núñez.

Cinco países hacen punta

Son cinco los países que ya incorporaron la figura del femicidio en sus ordenamientos legales: Costa Rica, Guatemala, Chile, Colombia y El Salvador. Pero la definición del tipo penal varía de un país a otro. En algunos países se limita al homicidio cometido en el marco de una relación de pareja, como en Costa Rica y Chile. En cambio, en Guatemala y El Salvador, el alcance es más amplio y abarca a los asesinatos, ya sean ejecutados por conocidos o desconocidos de la víctima.

Pero uno de los problemas observados por las expertas es que la propia definición, por ser demasiado amplia y un tanto vaga, dificulta su aplicación. Por ejemplo, en Guatemala se define femicidio como “muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres”.

Cómo se prueba esa tipificación es una de las dudas de las especialistas. “En muchos casos, las definiciones de femicidio implican una violación de los principios que rigen el derecho penal como la taxatividad y la legalidad”, apuntó a Página/12 la abogada Montaño, directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, de Cochabamba, Bolivia.

Voluntad política

Aunque su incorporación a los códigos penales en países de la región es bastante reciente (en 2007 en Costa Rica, en 2008 en Colombia y en 2010 en Chile y El Salvador, aunque en este último país entrará en vigencia en 2012), no se conocen condenas, observaron las expertas del Cladem.

“Pero más allá de cómo esté tipificado, mayoritariamente acordamos en que el derecho penal no es idóneo para combatir la violencia contra las mujeres”, indicó Núñez, coordinadora regional del Cladem. Y agregó: “La mayoría opinó que no es necesario tipificar el femicidio como figura autónoma porque ya existe la figura del homicidio e incluso con agravantes por el vínculo”.
El problema que observan en los países de la región, advirtió Montaño, es la falta de voluntad dirigencial para ejecutar políticas públicas integrales contra la violencia hacia las mujeres. “No se asignan presupuestos, recursos humanos, técnicos e infraestructura para que se lleven adelante”, cuestionó. “En los casos en los que no se tiene la figura penal, ese hecho se toma como excusa para no tener estadísticas sobre femicidios”, señaló Núñez.

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