(CIMAC).- El riesgo de que las mujeres rurales fallezcan por padecimientos relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio es 2.06 veces mayor que el que enfrentan las habitantes de zonas urbanas, advirtió el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).En un comunicado de prensa, el Instituto indicó que la muerte materna es un “grave” problema de salud pública que en 2009 dejó mil 207 víctimas en México. Agregó que es evidente la desigualdad entre las habitantes de zonas urbanas y rurales para hacerle frente a este flagelo.
Entre 2002 y 2009 se registraron de 58.6 a 62.8 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. Hasta un 16 por ciento de esas muertes maternas ocurrieron durante las semanas posteriores al parto.
En México, la razón de mortalidad materna (RMM) –definida como el número de muertes por cada 100 mil nacimientos– es nueve veces mayor que la registrada en Estados Unidos y Canadá.
En México, una de cada cinco embarazadas presenta una emergencia obstétrica que requiere atención especializada, intervenciones hospitalarias, como cirugía o transfusiones, e incluso terapia intensiva, señalaron investigadoras del Centro de Información para Decisiones en Salud Pública (Cenidsp) del INSP.
A decir de las expertas Rosa María Núñez Urquiza, Lorena Tejeda Canseco y Evangelina Morales Carmona, integrantes del Cenidsp, para hacer frente a esta grave problemática, el gobierno mexicano debe garantizar el acceso al aborto seguro, a programas de planificación familiar, atención del parto por personal profesional y atención hospitalaria de emergencia obstétrica.
Para reducir la RMM, puntualizaron, es necesario incrementar la calidad de la atención del parto y del seguimiento que se da a las pacientes durante el puerperio.
De igual modo, es preciso que quienes no planean un embarazo tengan anticonceptivos disponibles, así como garantizar que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo tengan acceso a atención médica.
El acceso oportuno a los servicios de salud debe ser una prioridad, sobre todo entre las jornaleras agrícolas, empleadas del hogar, mujeres indígenas, habitantes de comunidades rurales y adolescentes que migraron a zonas urbanas.
En este sentido, coincidieron en la importancia de que las trabajadoras gocen de condiciones laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo (acceso a seguridad social, una jornada máxima de ocho horas, licencia de maternidad, entre otras), ya que 33 por ciento de las mujeres en edad fértil son asalariadas y 18 por ciento participa en la economía informal.
Debido a la magnitud del problema y lo “impostergable que resulta adoptar las medidas adecuadas para abatir su prevalencia en México”, el tema se analizará durante el XIV Congreso Internacional sobre Salud Pública (Congisp), que se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo próximo, en Cuernavaca, Morelos.
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