Derecho al aborto en riesgo en Francia

Sandra Chaher

Artemisa Noticias En Francia, donde las mujeres tienen garantizado el derecho al aborto desde 1975, el acceso a este servicio se dificultó en los últimos años. Los problemas se enmarcan en una reforma del sistema de salud denunciado por la sociedad civil como liberal y privatista. El 6 de noviembre del 2010 miles de personas salieron a protestar y ahora acaba de presentarse un recurso administrativo ante el Primer Ministro que debe ser respondido antes de dos meses.

A mediados de enero, tres organizaciones defensoras del derecho a la planificación familiar y el acceso al aborto - Planificación de la Familia, CADAC (Coordinación de las asociaciones para el derecho al aborto y la anticoncepción) y Asociación Nacional del aborto y la anticoncepción, ANCIC- presentaron un recurso administrativo ante el Primer Ministro Francois Fillon, quien tiene dos meses para responderlo.

El documento pide que se ejecute la normativa existente sobre el acceso al aborto y la educación sexual y tiene su antecedente en una marcha multitudinaria convocada el 6 de noviembre del 2010 por las mismas asociaciones –y apoyada por 70 organizaciones sociales- que reclamó por las calles de Paris que no se cerraran los centros que realizan abortos, que no se desmantelara el hospital público y que las y los pacientes recibieran una atención humanizada.

Francia cuenta, desde 1975, con la Ley Veil, que despenalizó el aborto, y cuatro años después fue sancionada una ley que lo legalizó. No sólo eso, sino que en el año 2001, una nueva norma sobre aborto y anticoncepción, conocida como Ley Aubry (por la socialista Martine Aubry) perfeccionó el servicio ampliando el plazo de 10 a 12 semanas, suprimiendo para las mujeres menores de edad la necesidad de la autorización de las y los progenitores, y permitiendo la posibilidad de elegir la técnica utilizada.

Sin embargo, el sistema no funciona como la ley indica. Esto no sólo es reclamado por las asociaciones de planificación familiar y de mujeres, sino que a comienzos del 2010 un informe de la Inspección de Asuntos Sociales (IGAS) confirmó lo que las organizaciones venían denunciando: cada vez hay menos servicios privados que ofrecen la realización de abortos, en el contexto de un recupero monetario por el servicio mucho menor al de los abortos no voluntarios (el sistema de salud paga la mitad por un aborto voluntario de lo que abona por uno involuntario); resistencias de las instituciones a realizar interrupciones del embarazo hasta la semana 12 –como marca la normativa del 2001- ; demoras de hasta tres semanas en la recepción de pedidos ; vulneración del derecho al secreto de las mujeres menores de edad; y el derecho de las y los jóvenes a la educación sexual desde las escuelas y a la anticoncepción gratuita.

'Todo esto en un contexto en el que los médicos tienen dificultades para escucharle decir a una mujer que no quiere un niño en ese momento. Hay una visión única y positiva de la maternidad en Francia, como que somos campeones de la fertilidad', señaló en una entrevista en el diario Liberation Danielle Gaudry, obstetra e integrante de la organización Planificación Familiar.

A la vez, si bien aumentó la realización de interrupciones legales del embarazo en el sistema público –pasando del 60% al 74% en los últimos 15 años- las organizaciones denuncian el creciente desmantelamiento del sistema público de salud luego de la sanción de la Ley Bachelot en el 2009 (algunas de las consecuencias de esta norma descripta como liberal y privatista fueron: rentabilización de la salud a través de un sistema tarifado en los hospitales públicos, supresión de puestos, externalización de actividades, cierre de camas consideradas no rentables y de hospitales de proximidad y maternidades, y una situación de abuso por parte de la medicina privada que elige a qué pacientes atender y deriva los tratamientos más onerosos al sistema público).