(SEMlac).- La vida de las mujeres indígenas ha estado marcada por la discriminación y la exclusión, que se recrudece entre las más pobres y las que están privadas de su libertad, afirmaron representantes de México y otros países de América que participaron en el Foro Derechos y Reconocimiento de las Mujeres, como parte del Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes.
Pese a las dificultades, las participantes coincidieron en que es tiempo de organizarse, de sur a norte y de norte a sur, para reivindicar los derechos de sus pueblos, pero en especial los derechos de las mujeres.
En ese mismo sentido, la secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del gobierno de la Ciudad de México, María Rosa Márquez Cabrera, señaló que “vamos caminando” y planteó que la voz de las mujeres y sus derechos también quedará plasmada en la iniciativa de Ley que este gobierno presentará en septiembre próximo ante la Asamblea Legislativa.
En las instalaciones del Club de Periodistas, las mujeres expusieron cómo la discriminación ha permeado sus vidas, al grado de negarles las oportunidades de empleo por vestir su ropa tradicional, así como las dificultades que enfrentan en su proceso de educación inicial por no hablar la lengua castellana.
“El maestro me pedía que me olvidara de mi lengua”, rememoró al respecto Felisa Segundo Mondragón.
Pese a las dificultades, las participantes coincidieron en que es tiempo de organizarse, de sur a norte y de norte a sur, para reivindicar los derechos de sus pueblos, pero en especial los derechos de las mujeres.
En ese mismo sentido, la secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del gobierno de la Ciudad de México, María Rosa Márquez Cabrera, señaló que “vamos caminando” y planteó que la voz de las mujeres y sus derechos también quedará plasmada en la iniciativa de Ley que este gobierno presentará en septiembre próximo ante la Asamblea Legislativa.
En las instalaciones del Club de Periodistas, las mujeres expusieron cómo la discriminación ha permeado sus vidas, al grado de negarles las oportunidades de empleo por vestir su ropa tradicional, así como las dificultades que enfrentan en su proceso de educación inicial por no hablar la lengua castellana.
“El maestro me pedía que me olvidara de mi lengua”, rememoró al respecto Felisa Segundo Mondragón.
Agregó que, cuando era niña, le tocó el tiempo en que la ley era sólo para los hombres, “Nosotras no teníamos derecho a ir a la escuela. A mí me mandaron mis padres porque me castigaron, pero me hicieron un bien”, comentó Felisa, quien en 1989 representó a las mujeres en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo que adoptó el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
Indígena mazahua —proveniente de Mazáhuatl, como se denominaba el jefe de una de las cinco tribus de la migración chichimeca al Valle de México y que algunos estudiosos del tema afirman que significa “gente de venado”—, esta mujer relató que, siendo niña, su familia emigró al Distrito Federal, en la capital mexicana.
Segundo Mondragón sostuvo que, a diferencia de los años en que ella emigró, ahora la población indígena de México se mueve hacia Estados Unidos: “con que lleguen vivos ya es ganancia”, enfatizó.
Por otra parte, Jakeline Romero Epiayú, integrante de la Fuerza de Mujeres Indígenas de Colombia, destacó la aportación de las mujeres como creadoras, luchadoras, artífices de las transformaciones y sus logros, aporte que ha sido “una y mil veces invisibilizado, excluido dentro de la exclusión”, sostuvo.
Demandó el análisis diferenciado de mujeres y hombres de los usos y costumbres, que ellas puedan participar en los escenarios políticos, que se tenga en cuenta su visión y que esto contribuya a la reducción de la marginalidad interna, ya no en la discriminación positiva en la construcción de derechos, sino desde la equidad basada en la diferencia.
Explicó que el tema de los derechos de las mujeres se redujo a un mero arquetipo de ideas generalizadas que dejan fuera la realidad de mayor marginación y discriminación de estas al interior de los pueblos, derechos que calificó de homogéneos y estandarizados, y que, aunque reconocen el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, no cubren las demandas en lo general y menos de las mujeres, en particular.
Indígena wayuu, pueblo que habita la Guajira colombiana, Jakeline Romero hizo una amplia explicación sobre las diversas “invasiones” del mundo occidental, amparadas en los discursos de salvación, modernización, desarrollo económico, civilización e, incluso, justicia, pero que han dejado un saldo genocida y etnocida.
En tanto, añadió que la relación con el Estado-nación está marcada por la negación de la autodeterminación y el desconocimiento sistemático de los derechos consuetudinarios, una barbarie que ha obligado a la permanente defensa de la vida. Esta situación cobra mayor dimensión en Colombia como resultado del conflicto, por lo cual la lucha se ha orientado a denunciar abusos y violación a los derechos de los pueblos.
En ese sentido, demandó la posibilidad de participar en condiciones de igualdad, equidad y justicia, que sus derechos no sean situados en un rango de inferioridad y, por si fuera poco, se creen situaciones de barbarie y violación sistemática de los derechos humanos y colectivos, marginación, discriminación y exclusión social que se evidencia aún más entre las mujeres, silenciadas a lo largo de los procesos de participación política.
Jakeline Romero Epiayú invitó a reflexionar sobre la participación política de las mujeres, que se resume en la asistencia a eventos como si fuera una representación en escenarios de discusión, esfuerzos que no hacen efectivo el disfrute de nuestros derechos de acuerdo con nuestras formas de vida.
En representación de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, del Uruguay, María Elena de Luján Gil planteó que han emprendido la tarea de rescatar la memoria de sus ancestros, frente a la negación del indio, del genocidio y del mestizaje por parte de la historia oficial, en la cual la mujer charrúa resultó doblemente invisibilizada.
Dijo que, en 2009, se fundó la Unión de Mujeres Charrúas, con el fin de llevar adelante su reivindicación y destacó que, aunque los matrimonios eran poligámicos, las mujeres tenían la potestad de separarse del marido aunque hubiera hijos. “Por eso podemos decir que los hijos eran voluntad de la madre”, posible razón por la cual, a principios del siglo XX, se promulgó la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer.
De Luján Gil, representante de la Asociación en México, consideró que las charrúas han contribuido a la formación de una sociedad más igualitaria, solidaria y libertaria.
Por otra parte, Leticia Aparicio, investigadora y representante de la Asociación Hermanos Indígenas, consideró que, a pesar de la exclusión de las mujeres en las tareas políticas, ahora se acerca el tiempo de la paridad, “los años que anunciaron nuestros abuelos mayas”, precisó.
Durante su presentación, Aparicio dio a conocer que las indígenas presas padecen, además de la discriminación e inequidad durante los procesos judiciales, una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Incluso son violentadas sexualmente, las instituciones carecen de traductores y, a pesar de ello, son enjuiciadas, todo ello derivado de los prejuicios contra la población indígena, herencia de los colonizadores, cuya sociedad patriarcal hace más rigurosa la vida de ellas.
Amalia Salas, originaria de Xochimilco —una de las 16 delegaciones que comprenden el D.F.— dijo que, en el Bicentenario de la Independencia de México, nada tienen que celebrar los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes y acusó al gobierno de la Ciudad de México de emprender acciones que buscan quitar la tierra para cultivos y las chinampas (antigua técnica agrícola mesoamericana) para convertir esa zona en un lugar turístico.
Pese a que la UNESCO proclamó las chinampas de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la actualidad estas empiezan a desaparecer debido a la desecación de los lagos, situación que Amalia denunció como resultado de obras que emprenden los gobiernos para luego vender el agua.
Contó que fue su abuelo, zapatista, quien les dio el ejido donde, por generaciones, cultivaron hortalizas y flores, pero que fue el ex presidente Carlos Salinas de Gortari quien se las arrebató —lo anterior como resultado de una reforma que terminó con el reparto agrícola y dio inicio a la regularización de la tierra ejidal—, y a cambio sólo le dieron una parcela.
El caso de Xochimilco, añadió, es semejante a lo que sucede a los pueblos originarios e indígenas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde los gobiernos han desalentado el cultivo de las tierras para fomentar el turismo.
“Lo que quieren es matar a nuestra madre tierra” y se alienta el consumo de productos “de desecho” procedentes de Estados Unidos, que venden en los comercios trasnacionales, precisó.
Por último, participó la poeta de Juchitán, Oaxaca, Martha Toledo, quien expuso la importancia de las lenguas indígenas en la transmisión de la cultura y el pasado de estos pueblos, tras la destrucción que los colonizadores llevaron a cabo de los códices prehispánicos que contenían la historia de los pueblos originarios de América.
De igual forma, destacó la tarea que, entre los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes, tienen las curanderas y curanderos que, antes de curar el cuerpo, alivian el espíritu.
Al mediodía, en el Parque México, se realizó una muestra de cocinas tradicionales y productos alimenticios artesanales, algunos de ellos de origen prehispánico y otros resultados de la fusión de las cocinas americanas, caribeñas y africanas con las europeas.
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