Colombia: Derecho al aborto: lucha contra el Procurador

Fabiola Calvo Ocampo

(Especial de SEMlac).- En 2006, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en tres circunstancias de excepción: embarazo producto de una violación, peligro para la salud de la madre y malformación del feto, derecho que hoy se encuentra amenazado por las declaraciones y acciones del procurador General de la Nación , Alejandro Ordoñez.

Para la jurista Mónica Roa, quien presentó la demanda que generó la liberalización del aborto en Colombia, como parte del proyecto LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia, la Inconstitucionalidad del aborto) de Women's Link, "una acción jurídica puede ser sólo la excusa para generar debate al interior de una sociedad, de ahí la importancia de las comunicaciones", dijo a SEMlac.

Estas son las premisas con las que la joven abogada ha trabajado por el derecho al aborto en Colombia, contra el cual van dirigidas las acciones del procurador Ordoñez, quien asumió su cargo en enero de 2009.

El Ministerio de la Protección Social (MPS), en su Resolución número 4192 de 2006, consideró "que resulta necesario adoptar medidas encaminadas a fortalecer la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la población y el desarrollo de acciones para garantizar el respeto, protección y satisfacción de los derechos a la atención en salud de las mujeres".

Para ello, aboga por hacerlo "eliminando barreras que impidan el acceso a servicios de salud de interrupción voluntaria del embarazo, a educación e información en el área de la salud sexual y reproductiva, en condiciones de seguridad, oportunidad y calidad, conforme a lo expresado por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-355 /06".

Las mujeres vieron un avance de la Sentencia en la reglamentación: el MPS determinó un conjunto de normas que constituyeron el acceso oportuno a servicios de aborto seguro, porque creó las condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos y, a la vez, brindar una certeza a las entidades prestadoras del servicio, y a las y los profesionales de la salud, para que apliquen los procedimientos correspondientes.

Esto es un ejemplo "porque desde el Ministerio de Protección Social se hizo la mejor reglamentación que hay en el mundo, diría yo, al ser la única que acoge la recomendación de la Organización Mundial de la Salud como guía técnica, hace un desarrollo bastante bueno de la sentencia", aseguró Roa.

Además, varios actos administrativos del MPS, a finales de 2006, fueron complementarios para el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional: el Decreto 4444 de 2006, "por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva"; y la Resolución 4905 de 2006 "por la cual se adopta la norma técnica para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo/IVE".

También están el Acuerdo 350 de diciembre de 2006, "por medio del cual se incluye en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado la atención para la Interrupción Voluntaria del Embarazo" y la Circular Externa No. 0031 de 2007 que "brinda información sobre la provisión de servicios seguros de interrupción voluntaria del embarazo, no constitutiva del delito de aborto".

Para esta suma de conquistas, cuenta a SEMlac la abogada, "adoptamos una estrategia fuerte al interior del proyecto. Teníamos claro no hablar de mamás sino de mujeres, no hablar de niños sino del feto; empezamos, por ejemplo, a considerar cómo cambiar la palabra aborto por interrupción voluntaria del embarazo".

La teóloga, feminista y codirectora del Centro Popular Para América Latina de Comunicadores (CEPALC), Amparo Beltrán, dijo a SEMlac que, "en la actualidad, en Colombia tenemos un conflicto con los católicos recalcitrantes que siguen con ojos cerrados lo que dice la jerarquía, sin tener en cuenta cuál ha sido la evolución, a través de los siglos, sobre esa doctrina".

La también coordinadora de redacción de la revista Encuentro habló del caso concreto del Procurador, "quien al pertenecer a la línea más fundamentalista del catolicismo está siguiendo la pautas que da la jerarquía sobre el aborto, desconociendo que, al ser un servidor público, debe cumplir con su papel de profesional y no inmiscuir sus creencias religiosas fundamentalistas en sus afirmaciones".

En su amplia y austera oficina en la zona de Chapinero, en Bogotá, la lideresa por el derecho al aborto en Colombia dijo que, de antemano, desde la expedición de la Sentencia, suponían que encontrarían varios obstáculos.

"Sabíamos que no se iba a implementar de un día para otro, era solamente una herramienta jurídica para seguir buscando el cambio social; que a los médicos, por ejemplo, un día les dicen que practicar un aborto es un delito y al otro día se vuelve obligatorio, y este cambio no es fácil", reiteró Roa.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tiene como enemigos, además del Procurador, a varios grupos religiosos que se presentan como laicos y que en el país han adoptado el nombre de "Laicos por Colombia", de acuerdo con precisiones de la abogada.

Asegura la defensora de los Derechos Humanos de las mujeres que existe una teoría sobre la secularización estratégica de la iglesia católica. Y en el momento en que se empieza a hablar de Estado laico, de separación entre Iglesia y Estado —que más o menos coincide con las últimas reformas constitucionales de todos los países de América latina—, ella habla de libertad de conciencia y religiosa, y estos grupos católicos comienzan a crear organizaciones de la sociedad civil.

El Procurador nombró como Procuradora Encargada para la Infancia, Adolescencia y la Familia a Ilva Myriam Hoyos, quien, una vez que tomó posesión del cargo, desempeñó un papel activo en el cierre de la Clínica de la Mujer en Medellín.

"La Clínica fue una iniciativa de los grupos de mujeres en la ciudad que el alcalde de esa zona acogió e incorporó a su plan de gobierno y cuyo objetivo consistía en prestar servicios gratis de salud en tres puntos específicos que eran particularmente importante para las mujeres: salud mental, atención a violencia de género y salud sexual y reproductiva, dentro de la cual estaba la interrupción voluntaria del embarazo, según las circunstancias legales", cuenta Roa.

Nuestra entrevistada relata que, de repente, trasciende que en Medellín los grupos "Hazte oír", financistas de la marcha de octubre de 2009 (contra la ampliación de la Ley del aborto) en Madrid (España), y Red Futuro Colombia —de la que había sido presidenta Ilva Myriam Hoyos hasta que tomó su puesto como Procuradora Delegada—, empiezan a recoger firmas contra la clínica y las hacen llegar al alcalde de la ciudad.

"…Y después de eso llega el arzobispo de Medellín a visitar al alcalde y, mágicamente, de un día para otro, el alcalde dice que la Clínica de la Mujer no va hacer abortos aunque sean legales".

Luego de estos acontecimientos, el procurador Ordoñez consideró que la píldora de anticoncepción de emergencia debía ser retirada del mercado; posteriormente solicitó a la Corte Constitucional la nulidad de la sentencia que establece que los jueces no pueden hacer objeción de conciencia y ordena incorporar las circunstancias del aborto legal a la enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos.

El pasado 18 de marzo, Women´s Link Worldwide presentó ante la Corte Suprema de Justicia una queja disciplinaria contra el procurador Ordoñez. La sanción dependerá de la gravedad que se les asigne a las faltas imputadas y puede ir desde una amonestación escrita hasta una multa, suspensión o destitución del cargo.

La mañana lluviosa en Bogotá ofrece un ambiente bucólico, pero la oficina de Roa brinda la calidez que la anfitriona entrega a sus palabras. Puntualiza lo que hace "una organización civil chiquita" en medio de un ventarrón (que a su juicio no es del gobierno ni del Estado, sino de una institución): "compilar todo lo que ya ha dicho la Corte Constitucional, que está claro que sigue vigente la Sentencia C-355 de 2006, que está por encima de cualquier otro argumento jurídico".

El manual ya está publicado y ha sido recibido con agrado por diferentes instituciones del Estado de carácter nacional y distrital, lo cual deja muy definidos al Procurador y a las organizaciones religiosas como los mayores enemigos de la interrupción voluntaria del embarazo.

La teóloga Amparo Beltrán manifiesta, sin embargo, su preocupación "por las voces de las jerarquías que con frecuencia se expresan a voz en cuello sobre el aborto señalándolo de asesinato. Por eso, las creyentes nos unimos con los movimientos de mujeres para protestar ante 'el monseñor Procurador', porque se equivocó de profesión y le pedimos que saque sus rosarios de nuestros ovarios".