Porque las mujeres rechazamos las bases militares estadounidenses en Colombia

Ilaria Arienta (Radio Libre Negro Primero) Para: Género con Clase

El pasado 3 de noviembre, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para permitir la instalación de tropas estadounidenses en siete bases militares colombianas.

Ambos países han aclarado que se trata de un nuevo capítulo de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, lucha que Estados Unidos ya estuvo desarrollando en esta región a través del Plan Colombia y desde la base de Manta (en Ecuador), cuyo contrato de 10 años venció en noviembre 2009 y no fue renovado por el gobierno ecuatoriano.

Estas siete bases en territorio colombiano van a sumarse a las demás instalaciones militares que Estados Unidos tiene en el extranjero, y que hoy llegan a sumar más de 1000 entre bases, campos de entrenamiento, centros de espionaje y depósitos para armas nucleares.

Más allá de las “declaraciones de intentos” (en este caso, la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo), los objetivos de la presencia militar de Estados Unidos en el extranjero han sido, y son, sus intereses estratégicos, geopolíticos y, esencialmente, económicos: tener un acceso privilegiado a los recursos, a la mano de obra y a los mercados de estas regiones. Esto siempre ha implicado graves costos, a nivel local y regional, ya que con las bases militares, los EEUU introducen una cultura de guerra, de dominio y de violencia. Adónde se han instalado las bases, los efectos de la militarización han sido devastadores. “Las bases llevan consigo inseguridad; la pérdida de la autonomía, de los derechos humanos y de la soberanía; el degrado de la cultura, de los valores, de la salud y del medio ambiente de los países en los cuales se instalan” escribió Joseph Gerson, en un estudio sobre el sistema de las bases militares estadounidenses en el mundo.

Entre estos “efectos colaterales” creados por la presencia de bases militares extranjeras, y a ellos ligada, está también una grave y múltiple amenaza hacia la vida y los derechos de mujeres y niñas.

EXPLOTACIÓN Y ESCLAVITUD SEXUAL
Dónde se instala una base militar, siempre hay un aumento exponencial de la prostitución. Las mismas autoridades militares estadounidenses parecen apoyar esta actividad como una necesidad legítima de “desahogo” para los soldados que se encuentran “a miles de kilómetros de sus esposas o novias”. Sin embargo, no hay mucha preocupación por el bienestar de las mujeres que para ellos la ejercen: las condiciones de vida y de salud de las trabajadoras sexuales son generalmente muy precarias. “La actitud de los médicos del ejército estadounidense con respecto a las mujeres que desean realizarse la prueba del VIH es muy reveladora: se hacen análisis para garantizar que las mujeres sean una mercancía segura, no contagiada por el VIH, para los soldados, pero no se les ofrece asesoramiento sobre cómo reducir el riesgo en las prácticas sexuales ni medidas de protección” , como denuncian los autores de “Los tentáculos del imperio”, publicación que explica las repercusiones cotidianas, a escala local o nacional, de las bases militares extranjeras.

Hay que considerar también que en muchos de los prostíbulos que rodean las bases militares, son reclutadas mujeres que recurren a la prostitución como “opción forzada”, por estar en condiciones económicas muy difíciles y por no tener otras oportunidades de trabajo. En estos casos, generalmente las mujeres son chantajeadas y esclavizadas, obligadas a “pagar una deuda” que con su salario nunca pueden terminar de solventar. En muchos casos se les dan drogas y fármacos para volverlas dependientes.

Las bases militares extranjeras incrementan el desarrollo de actividades delictivas relacionadas con la prostitución, tales como la trata de blancas, la esclavitud sexual, la utilización de menores, la extorsión por organizaciones criminales o por individuos, entre otras. Aprobando el uso y el desarrollo de la prostitución en los alrededores de las bases y negándose a asumir responsabilidades con respecto a eso, la actitud del ejército estadounidense facilita y fomenta que las mujeres sean utilizadas como objetos , y las consecuencias sobrepasan la permanencia de las tropas.

Subic Bay, en Filipinas, era la base estadounidense más grande de Asia: allí trabajaban unos 15mil marines y funcionarios estadounidenses. En la ciudad más cercana, Olongapo, se abrieron muchísimos locales de prostitución, para uso y disfrute de los militares norteamericanos: se calcula que habían alrededor de un millar de prostíbulos, en los cuales 16 mil mujeres (y niñas) eran explotadas sexualmente. En 1992 una fuerte campaña contra la presencia militar norteamericana, impulsada por organizaciones de la sociedad civil, logró que el gobierno de Filipinas no renovara la concesión para la base militar estadounidense: los marines se fueron (aunque no completamente), pero la industria del sexo se quedó. Hoy en día la ciudad de Olongapo es tristemente conocida por ser una de las mayores metas del turismo sexual infantil. Muchos niños y niñas son obligados a prostituirse en la ciudad o son vendidos a grupos criminales que desde las Filipinas los llevan a EEUU y a Europa, para insertarlos en las redes de prostitución infantil. Quiénes corren mayormente este riesgo son los numerosos niños en situación de calle, otra pesada herencia de las bases: muchísimos son hijos de los marines norteamericanos, abandonados, junto a sus madres, cuando los soldados se fueron. Organizaciones locales que luchan contra el turismo sexual infantil, denunciaron a la Marina estadounidense pidiendo un resarcimiento y el reconocimiento de la “herencia” de los millares de hijos abandonados por los marines. Los jueces norteamericanos rechazaron la petición, diciendo que las madres filipinas, siendo prostitutas, se dedicaban a una actividad ilegal y en consecuencia sus hijos no tenían derecho a ningún resarcimiento por parte de Estados Unidos. Sin embargo, muchas de las mujeres locales que se relacionaban con los soldados estadounidenses, “no eligen esta vía como profesión, sino que se consideran auténticas compañeras sentimentales y quedan conmocionadas cuando se encuentran abandonadas en el momento en que los soldados son trasladados. Se calcula que, desde 1945, sólo en Filipinas, han nacido unos 50.000 niños no reconocidos de soldados estadounidenses; niños que no reciben ninguno de los beneficios de las familias de los militares, como atención médica, vivienda y educación.”

VIOLENCIA SEXUAL: DE LA INMUNIDAD A LA IMPUNIDAD
La presencia de bases militares extranjeras se acompaña también por un alto índice de delitos sexuales en contra de mujeres y niñas; y, de manera generalizada, la casi totalidad de estos delitos queda impune.
Al instalarse una base de Estados Unidos en el extranjero, el país de acogida tiene que firmar un tratado: el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), en el cual se establece la inmunidad para el personal estadounidense (militar y civil) y sus familias, protegiéndolos contra toda acción legal. En los casos más extremos, como sucede con el SOFA negociado entre los Estados Unidos y Timor Oriental para regular las bases que se están construyendo en este país, se concede al personal militar estadounidense plena inmunidad diplomática ante la justicia local. Esto significa que, haga lo que haga un soldado estadounidense en Timor Oriental, las autoridades nacionales no podrán arrestarlo ni retenerlo, acusarlo de ningún delito, extraditarlo por delitos cometidos en un tercer país ni responsabilizarlo económica o legalmente por asuntos civiles, como sería el pago de la pensión alimenticia para los hijos. El acuerdo firmado por el estado colombiano en noviembre 2009 también le otorga plena inmunidad diplomática al personal de Estados Unidos y a sus familiares .
¿Qué pasa, en realidad, cuando un soldado estadounidense comete algún crimen en el país de acogida, por ejemplo violando a una mujer? Si es denunciado, raramente eso llega a juicio. Si la justicia local puede levantar un proceso en su contra (dependiendo del grado de inmunidad estipulado en el acuerdo para la instalación de las bases), generalmente la presión ejercida por los Estados Unidos sobre el gobierno de ese país manipula el éxito del proceso. Sin embargo, en muchos de los países donde EEUU tiene sus bases e instalaciones militares, los acuerdos prevén que no sea la justicia local a encargarse del caso, sino las autoridades estadounidenses; los eventuales procesos se llevan a cabo en Estados Unidos (dónde generalmente el soldado en cuestión queda exento de pena).

El hecho de que el proceso se desarrolle en EEUU y no en el país en el cuál se cometió el delito tiene además como consecuencia que la víctima, en nuestro ejemplo la mujer que ha sido violada, no sepa como siguió ni como terminó la acción legal, es decir: si su violador fue juzgado culpable, si cumple una pena o sigue en libertad. Además, no es sólo la víctima, la que no sabe: en el acuerdo firmado hace pocos meses entre Estados Unidos y el gobierno colombiano se especifica también que en el caso de crímenes cometidos por el personal estadounidense en territorio colombiano, las autoridades de EEUU (las únicas autorizadas a poder realizar investigaciones y procesamientos) brindarán informaciones sobre su labor a las autoridades colombianas, pero “en el marco de sus capacidades”.

Es así como la inmunidad de la que goza el personal estadounidense se convierte de manera casi automática en impunidad.

En Filipinas, en 2006, el marine estadounidense Daniel Smith fue juzgado y condenado a 40 años de reclusión por violencia sexual hacia una joven mujer, conocida en la prensa bajo el pseudónimo de Nicole. Para las organizaciones filipinas que luchan para los derechos de las mujeres se trató de una victoria significativa, ya que en los años 80, cuando la presencia de EEUU era maciza, los tribunales filipinos habían rechazado más de 80 denuncias de violaciones cometidas por los soldados estadounidenses. Sin embargo en 2009, tres años más tarde, Nicole se retractó de manera confusa e “inexplicable” de su testimonio y emigró para los Estados Unidos. A los pocos meses, a pesar de que varios testigos oculares siguieron confirmando como la mujer había sido víctima de violación, el tribunal filipino dio la absolución a Daniel Smith y lo declaró inocente. El nuevo veredicto suscitó indignación y protestas. “El gobierno de Filipinas nunca apoyó Nicole” declaró Evalyn Ursua, quien antes de la retractación era la abogada de la joven, “ya habíamos visto las presiones de parte de EEUU, la mano de los EEUU, desde el primer día. Vimos también como el gobierno filipino cedió a la presión” . Una de las consecuencias más graves es que el éxito de este caso crea un peligroso antecedente: desalentará a las víctimas para presentar denuncias e influenciará los juicios en casos similares. “Ahora las mujeres filipinas no tienen protección ni en su propio país”, denunciaron filipinas y filipinos en las protestas por la decisión del tribunal. Y preguntaban: ¿cuántas Nicole deben haber para que se entienda que estos acuerdos están imponiendo a Filipinas un precio social demasiado alto?
Con respecto a las violencias sexuales, en Colombia ya hay antecedentes.

El más conocido es el de Melgar, a cinco kilómetros de Bogotá, sede de una base aérea del Plan Colombia: en 2006 una madre denunció la violación de su hija, una niña de doce años, por parte de dos militares norteamericanos. No se trató de un hecho aislado, como nos cuenta Clara, una integrante de la Plataforma Continental de Mujeres Paz con Justicia para Colombia : “Investigando nos enteramos que el caso no es uno solo sino que son treinta y cinco. Esos son los casos que han sido denunciados, ante la comisaría de familia.” Hay que tomar en cuenta que, generalmente, a nivel mundial, se estima que las denuncias equivalgan aproximadamente a un quinto de las violencias sexuales sufridas: hay muchos factores, como el miedo y la vergüenza, que detienen a las mujeres de presentar denuncia. En el caso de las violencias sexuales cometidas por los militares estadounidenses en el extranjero, hay un factor más, y de no poca relevancia: ¿para qué poner denuncia si quién cometió el delito está por encima de las leyes? Con respecto al caso de la niña de Melgar, hasta el momento no se ha logrado justicia; el proceso contra los militares fue trasladado a Estados Unidos, ya que en Colombia gozan de inmunidad diplomática. La madre de la niña, como respuesta ante la denuncia, recibió amenazas y ha sido desplazada. Nos explica Clara: “Éste es otro tema. En la mentalidad de la gente, estas violencias son algo casi natural: no pasan más allá del escándalo y del intento de las familias de salir corriendo, porque además son perseguidas. Y esto es causa también del desplazamiento y del destierro de la población, dentro y fuera del país; hay que considerar que, de los 4 millones de población desplazada que hay en Colombia, el 80% son mujeres.”

EL CUERPO DE LAS MUJERES COMO CAMPO DE BATALLA
A veces las bases militares estadounidenses en el extranjero no sólo contribuyen a instaurar un clima de guerra, sino que se enmarcan en una situación explicita de conflicto militar, en la que el ejército de EEUU es una de las partes beligerantes.
Durante las guerras, a lo largo y a lo ancho de la historia, las mujeres han visto pisoteados (aún más) sus derechos más elementales. En tiempo de guerra aumentan las violencias contra las mujeres, por la pérdida de garantías democráticas, pero también porque las mujeres son consideradas (según una óptica claramente patriarcal) como “bienes del enemigo” y, por lo tanto, posibles blancos para aniquilarlo. Las mujeres se vuelven objetivos militares por ser parejas, hermanas, madres del enemigo (verdaderas o supuestas). El cuerpo de la mujer se considera territorio del enemigo y por lo tanto, prolongación del campo de batalla, señalan las Mujeres de Negro , movimiento internacional feminista y antimilitarista. El conflicto toma forma de distintas maneras en el cuerpo de las mujeres, la más evidente es la violencia sexual. El estupro, incluso, ha llegado a ser perpetrado de manera planificada, como una verdadera arma, para perseguir un objetivo político bien definido: la destrucción y el genocidio , como pasó, por ejemplo, en Bosnia y Ruanda.
Las violaciones son la manera más manifiesta, pero no la única, con que la guerra se traslada al cuerpo de las mujeres. El ejército de EEUU, en sus guerras, no ha constituido ni constituye una excepción con respecto a estos crímenes.
Las fuerzas militares de EEUU en Iraq han sido denunciadas por la práctica de arrestar a las mujeres (y niñas y niños) para hacer presión sobre el enemigo: detenidas o tomadas como rehenes, las mujeres son utilizadas como arma de chantaje. Las informaciones que han conseguido traspasar los muros de las cárceles iraquíes administradas por los EEUU, entre las cuales está la tristemente conocida Abu Ghraib, han dado a conocer las humillaciones, las torturas y, nuevamente, las violencias sexuales de las que son objeto las detenidas. El relato de la mujer conocida con el nombre de Nur, una ex presa de Abu Ghraib quién denunció los crímenes perpetrados por parte de los guardias estadounidenses en contra de las presas, fue confirmado por un informe de las mismas fuerzas armadas estadounidenses.

IMPERIALISMO Y RELACIONES DE GÉNERO
No son sólo el clima o el estado de guerra los únicos responsables de provocar que las bases estadounidenses en el extranjero generen un aumento de las violencias hacia las mujeres. En todos los países en que los EEUU han puesto sus bases y demás instalaciones militares, hay una relación impar, de dominio y supremacía hacia el país de acogida. Prueba de eso es el ya citado SOFA y la pérdida de soberanía que acompaña la instalación de las bases. Esto vale también para las que se encuentran en países europeos, como por ejemplo en Inglaterra, Alemania e Italia, mientras se recrudece aún más para los países hacia los cuales Estados Unidos tiene una actitud imperialista más explícita. A la par de los recursos naturales, las mujeres de estos países son tratadas también como si fueran materias primas “a disposición” del imperialismo norteamericano. Y no es casual que altos índices de violencia hacia las mujeres estén de hecho ligados a la concepción de la mujer como objeto.

VIOLENCIA POR CUENTA DE TERCEROS
En muchos casos, el ejército estadounidense delega el “trabajo sucio” a otros: instalando gobiernos opresores o apoyando grupos armados que violan los derechos de las mujeres.

Con respecto a la instalación de gobiernos que limitan o violan los derechos de las mujeres, encontramos el ejemplo más evidente en Afganistán. La liberación de las mujeres afganas fue una de las justificaciones de la invasión norteamericana. Tuvo mucha visibilidad sobre todo a nivel mediático, incluso con apariciones por radio y televisión por parte las primeras damas de EEUU e Reino Unido, llamando a intervenir contra la opresión (real) ejercida por el régimen talibán en contra de nuestras hermanas afganas. Sin embargo, con la invasión, la vida empeoró aún más para las mujeres en Afganistán, quienes se ven afectadas en sus derechos, en primer lugar por el estado de violencia y guerra que se ha instaurado. Los medios de comunicación, que tanta visibilidad habían dado al tema, han ocultado casi totalmente la nueva realidad (en la cual, además, muchas mujeres son raptadas y violadas por las tropas de ocupación de la OTAN). Quiénes de verdad se ocupan de la liberación de las mujeres afganas, como las integrantes de RAWA (Asociación Revolucionaria de Las Mujeres de Afganistán), tienen que usar seudónimos para proteger su organización, su familia y su trabajo, como ya tenían que hacerlo bajo el régimen Talibán. Una de ellas, bajo el nombre de Mariam, fue entrevistada por el periodista Justin Podur en julio de 2008. “Hace siete años, cuando los Estados Unidos invadieron, la situación era diferente. Muchos afganos apreciaron su presencia y eran felices de poderse liberar del dominio opresor de los talibanes. Ellos pensaban – los Talibanes han sido eliminados, la comunidad internacional intervino, a nosotros nos prometieron una vida mejor, democracia y libertad y el fin de los grupos fundamentalistas.

En pocos meses, fue claro que Estados Unidos sigue con su política equivocada de apoyo a los fundamentalistas en Afganistán. Vimos como los Estados Unidos prestaron su apoyo a los fundamentalistas de la Alianza del Norte para combatir otra facción fundamentalista, los Talibanes. No importa si los Estados Unidos luchan contra los Talibanes o “el terrorismo”, ellos están apoyando la Alianza del Norte, y para los Afganos ambos son lo mismo – ambos son fundamentalistas y terroristas – […] ellos violan a los derechos humanos, abusan de las mujeres, son culpables de corrupción, fraude y contrabando” . Mariam denunció como las organizaciones progresistas, que luchan contra los fundamentalistas y contra la ocupación, son objeto de amenazas, detenciones y restricciones, y están obligadas a trabajar en la clandestinidad. “Estamos enfrentando hoy los mismos problemas y riesgos a los cuales teníamos que enfrentar bajo los Talibanes. Es verdad que podría ser peor bajo el régimen Talibán. Pero por lo menos no estaríamos bajo una ocupación por parte de un poder extranjero. Hoy tenemos dos problemas: nuestros fundamentalistas locales, y la ocupación extranjera. Si la OTAN se fuera, tendríamos un solo problema en vez de dos” . Está claro que los EEUU no invadieron Afganistán para liberar su población femenina de la opresión del fundamentalismo: el nuevo gobierno es, de hecho, misógino como el anterior. En los puestos claves de poder, apoyada económicamente por los EEUU, está la Alianza Del Norte, fundamentalistas como los talibanes. Al igual que una broma cruel, pero que refleja claramente la realidad, el 8 de marzo de 2009, el régimen instalado en Kabul por los Estados Unidos inauguró una cárcel femenina en la provincia de Jawzjan, como regalo para las mujeres afganas.

Por lo que se refiere al apoyo a grupos armados locales que violan los derechos humanos de las mujeres (y no sólo), citamos el ejemplo de Colombia. Una de las estrategias del Plan Colombia fue la reorganización de los paramilitares, quiénes han atacado de diferentes maneras los derechos de las mujeres. “Los treinta y cinco casos de Melgar y los que no se han denunciado, que son de violaciones por parte de militares norteamericanos contra mujeres colombianas, son las que ellos han perpetrado directamente, pero sabemos también que ellos usan a los paramilitares. El hecho de que no sea un militar norteamericano a violar a una mujer en primera persona, sino el aliado que eligió, no quiere decir que no sea responsable de eso”, relata Clara, desde la Plataforma Continental de Mujeres Paz con Justicia para Colombia. Una de las maneras con la cual violentan los derechos humanos de las mujeres es a través de la regulación de la vida: “Plantean, por ejemplo, que una mujer no se debe vestir de determinada manera, que no debe hablar de determinada manera, que no puede relacionarse con los opositores o los enemigos de los paramilitares porque entonces es identificada como blanco, y eso significa la muerte, la tortura” explica Clara “y dentro de esa regulación, también está definido como tiene que ser el cuerpo de las mujeres, y el de los hombres también.

Definitivamente, en estas zonas de Colombia casi hay una imagen homogénea del hombre y la mujer, porque esto es lo que allí está mandado: que los hombres no pueden tener el cabello largo, mientras que las mujeres no lo pueden tener corto; que los hombres no deben usar aretes o zarcillos. Hay sanciones como cortar el cabello a los hombres, o cortarle la oreja, entre otras”. Los paramilitares han sido responsables también de crímenes ligados a la prostitución, como la explotación sexual y la esclavitud. “Durante un tiempo ellos se adueñaron de las zonas del Putumayo, y empezaron a administrar varios prostíbulos, que quedan todavía. Allá a los paramilitares se les dice “primos”, entonces los prostíbulos se llaman “el harem del primo”, “la casa del primo”, por eso sabes que son ellos los que administran estos lugares. En algunos de estos prostíbulos, en la zona de la Hormiga Putumayo, tatuaban a las mujeres. El tatuaje es una forma de controlarlas, para que no se vayan y para que no tengan relaciones sino con quiénes ellos determinen que las puedan tener.”

SEGURIDAD Y MILITARIZACIÓN
Uno de los dos objetivos con los cuales se justifica la presencia de militares estadounidenses en Colombia, como declara el Acuerdo estipulado con Estados Unidos, es la lucha contra el terrorismo. Se trata de un tema de seguridad, que se pretende solucionar militarmente. Esto no es nada nuevo; de hecho, la noción de seguridad fundamentada en lo militar, está en la base de cualquier medida antiterrorista. Sin embargo, la militarización, lejos de brindar seguridad, parece surtir otros efectos para la población civil: “la seguridad basada en lo militar no prioriza los derechos civiles y políticos de la población en general, y mucho menos los de las mujeres. Las mujeres colombianas que han sufrido los impactos del conflicto tienen claro cuáles son las cosas que producen terror en sus vidas y las de sus comunidades, y cuál es para ellas el verdadero significado de la palabra seguridad. ”
La cultura militar es misógina y sexista, de hecho hasta soldados de la ONU, en “misión humanitaria”, han cometido crímenes de violencia hacia las mujeres, a pesar de que una de las tareas de las fuerzas de paz sea justamente proteger a la población civil. En la escala más baja, no hay requisitos especiales para ser un casco azul, sólo hay que ser soldado.

La militarización de la vida civil comporta graves retrocesos a nivel de equidad de género, amenazando la participación democrática de las mujeres y la construcción de su ciudadanía, todavía reciente y muy frágil. Esto se realiza de dos formas , una más evidente y una más imperceptible.

En primer lugar, y de manera más visible, la militarización de la vida civil impone, a través de la fuerza, la adopción de determinados comportamientos. La regulación de la vida, las violaciones, la explotación y esclavitud sexual, los embarazos forzados, las “conquistas amorosas” con el fin de recaudar informaciones, todas las maneras en que el cuerpo de las mujeres se convierte en territorio de guerra. “Es una constante que las mujeres en zonas de guerra sean a menudo violadas, prostituidas, asesinadas o forzadas a prestar ayuda de cualquier tipo a los ejércitos en contienda. Sus vidas y el control de sus cuerpos se militarizan con base en la prioridad de algún ejército o policía militarizada, cuyos funcionarios las utilizarán de acuerdo a sus nociones de defensa y enemigo” .

En segundo lugar, la militarización se concretiza también de una manera más sutil, a nivel simbólico, en el momento en que las personas hacen propios los valores militares. De este modo, se llegan a considerar ciertas características de la cultura militar (producto de construcciones históricas) como normales y naturales. Son parte de la cultura militar, entre otros, el sexismo, la resolución de los conflictos a través de la fuerza, el autoritarismo, así como “la identificación del conflicto con las personas y no con el hecho objetivo que lo causa; la percepción de peligro en la pluralidad y la tendencia a la homogenización, o la adopción de una organización vertical y jerarquizada basada en el principio de obediencia debida, el orden y la disciplina” . Al considerar estas características como naturales en vez de culturales, se justifican y se llega a pensarlas como inmutables, imposibles de ser puestas en discusión y, por ende, modificadas.

LA PROPUESTA DE LAS MUJERES: BASES DE PAZ
“La instalación de las bases es la amplificación de la guerra; es la amplificación de esa militarización de la vida civil; es la amplificación de estas violaciones; es la amplificación de esa regulación en la vida cotidiana”, afirma Clara. Conscientes de eso, varias organizaciones sociales de mujeres de Colombia proponen, en vez de instalar bases militares, construir bases de paz, como puntos de partida para la elaboración y puesta en marcha de propuestas de participación y democracia, en nombre del derecho a vivir en paz, con dignidad y soberanía. Confluencia de mujeres para la acción pública es una de las organizaciones colombianas que está realizando este llamado: “proponemos construir Bases de Paz y Solidaridad en Colombia, desde las Mujeres y el Pueblo, no desde ningún gobierno, que se constituyan en escenarios desde los que trabajaremos nuestras propuestas de paz, nuestros planes de vida para las regiones, nuestros encuentros de arte, cultura, deporte, nuestros debates políticos, nuestras acciones de negociación y acuerdo entre regiones y culturas y con las autoridades y gobernantes; de intercambio con otros pueblos hermanos de América y el mundo, donde la palabra y la acción se tejan en armonía y consenso desde el debate sano y fraterno que respeta las diferencias y el disenso entre mujeres y hombres como seres de la misma estatura humana.” Las mujeres hacen también un llamado a los que firmaron el Acuerdo, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos: “ Exigimos al presidente Uribe que respete la voz popular que no va a defender una guerra que no nos pertenece porque está pensada desde la defensa de intereses internacionales y multinacionales de gobiernos hegemónicos y no desde el derecho de los pueblos; que oriente la inversión que está destinando para la guerra, hacia la construcción de escuelas que alimenten las mentes y los espíritus, de hospitales para la curación de los cuerpos, de programas de vivienda que cobijen del frío, el sol y la lluvia; de propuestas de recreación, saneamiento, cuidado de la naturaleza, prevención de enfermedades, nutrición, generación de empleo, acciones, programas y planes que garanticen la seguridad humana en todo el territorio colombiano.[…] Exigimos al gobierno de los Estados Unidos que decline de su intención de instalar nuevas Bases en nuestro país y al mismo tiempo que recoja las que tiene instaladas actualmente”.
Todas las mujeres, independientemente de nuestro país de procedencia, tenemos que expresar nuestro rechazo a la instalación de tropas estadounidenses en Colombia, porque representan una amenaza a los derechos humanos de todas, a los logros que hemos obtenido en tema de participación y ciudadanía y a lo mucho que todavía falta por alcanzar para poder construir un mundo más justo.

Ilaria Arienta