jueves, marzo 18, 2010

Argentina: Si el proxenetismo es delito, hacerle publicidad también debería serlo...

Por: Norma Loto
Especial de SEMlac.- Basta con detenerse unos segundos en las páginas de algún suplemento de avisos clasificados de cualquier diario para concluir que los medios muchas veces, por atender a sus intereses comerciales, dejan de lado la responsabilidad social.

En Argentina, como en muchos otros países, la mayoría de los medios impresos tiene una sección de clasificados donde se ofrecen avisos de compra o venta de productos, y propiedades, oferta laborales y los llamados de 'servicios sexuales'. En muchas ocasiones —si no en la mayoría de ellas— estos últimos encubren una parte de la trama del negocio de la trata de personas.

Por ejemplo, en los diarios de la Capital Federal no siempre se observan avisos que indiquen el primer eslabón de ese negocio: el reclutamiento. Por lo general, los avisos de reclutamiento se publican en las provincias más carentes, donde se recluta el mayor número de víctimas. Allí se pueden leer clasificados como el Córdoba. Sueldo 10.000 pesos (2.600 dólares, aproximadamente), doy alojamiento".

En esta supuesta oferta de empleo, surge de manera más que evidente que se trata de un reclutamiento de mujeres para ser explotadas sexualmente. El citado aviso se publicó en el diario El Liberal de la ciudad de Santiago del Estero, a 1.140 kilómetros de la Capital Federal. Esa provincia, como otras del noroeste o noreste argentino, constituye un lugar de reclutamiento, debido a las carencias socioeconómicas de la población.

Otras supuestas ofertas laborales, con el mismo objetivo, son también disfrazadas y sólo señalan que buscan mujeres para trabajar en la Patagonia como servicio doméstico o en algún bar, a cambio de altas sumas de dinero.



Una investigación denominada "Medios de comunicación y abolicionismo: De cómo los diarios venden personas "Déme dos paraguayitas y una caribeña", realizado por la socióloga Irene Castillo, directora del Grupo de Estudio Sociales, sostiene que "este tipo de publicidad contribuye a la explotación sexual de las mujeres, niñas, adolescentes y niños, a la violencia de género, a la desvalorización de las mujeres en el más flagrante atentado a los derechos humanos".

"Las investigaciones sobre explotación sexual —continúa el estudio— deben centrar su mirada sobre los/las proxenetas, develando su identidad, sacándolos del anonimato e informando sobre los locales involucrados, no sancionando a las mujeres en situación de prostitución, pues así se las continuaría revictimizando, ya que ellas representan el eslabón más vulnerable. La relación de prostitución es asimétrica y violenta, se subordina a un ser "humano" y se lo convierte en mercancía".

Interrogada por SEMlac sobre la posibilidad de legislar sobre el tema, Castillo señaló que "se debe apuntar al cliente, al prostituyente. Es decir, si no hubiera esta posibilidad de consumo de personas como si fueran mercancías, éstos (clientes) no existirían. En este caso, hicimos un análisis de las publicaciones que venden personas como mercancías. Se trata de un problema que ha naturalizado ese hecho, cuando en realidad debiera ser vergonzante vender personas".

"Si los medios —continúa Castillo— tuvieran conciencia crítica de esta situación, seguramente no lo harían. De hecho, hay diarios en diferentes países del mundo que ya no lo hacen".

La mencionada investigación concluyó en que el diario Clarín, de mayor alcance nacional con una circulación semanal cercana a un millón 100.000 ejemplares, es el medio que mayor cantidad de avisos de contactos sexuales publica, equivalente en espacio al rubro que venden Computación y video juegos, Celulares y telefonía, Tecnología, Música y películas, Hogar, Artículos personales, Industrias, oficinas, negocios y consultorios y Ofertas, trueques y permutas.

Durante 2009, el Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo elevó un informe a la Procuración General de la Nación, en el cual solicita una investigación al trasfondo de ese tipo de anuncios, con el propósito de develar si es que estos avisos promueven el negocio de la trata, si existe violencia mediática contra las mujeres o si promueven o facilitan la corrupción de menores.

Los periodistas y los medios

Muchas veces el deber social del periodismo va a contramano de los intereses económicos de los medios. Clarín, por ejemplo, informaba el 21 de febrero en sus páginas 50 y 51: "Mar del Plata: el millonario negocio de las esclavas sexuales". En esa misma fecha, su suplemento de clasificados, entre los cientos de avisos, presentaba uno con el siguiente texto: "Paraguayita ardiente y completa".

Una cosa son los periodistas y otra, los dueños de los medios. De hecho, muchos diarios que publican esos avisos tienen periodistas excelentes que denuncian continuamente casos de trata. Pero esta contradicción sí existe.

Hay quienes sostienen que al crear una legislación que prohíba estos avisos se estaría limitando la libertad de expresión. La diputada nacional por la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, dijo a SEMlac que "el problema es que existen muchos tratados internacionales a favor de la libertad de prensa y expresión a los que Argentina está adherida, pero también es cierto que nuestro país también adhiere a muchos convenios y tratados a favor de los derechos humanos. Entonces, ahí surge una tensión".

"Además —sigue Gil Lozano— es una práctica comercial impropia e ilegal, porque de alguna manera estos avisos están reclutando, promoviendo una actividad comercial ilegal como el proxenetismo".

La legisladora comenta a SEMlac que asociaciones de la sociedad civil están estudiando iniciativas en este sentido. "Estamos trabajando en iniciativas que no se entrometan con la libertad de expresión ni con la sexualidad de nadie. Debemos sacar este tema que parece ser de la esfera privada y ponerla dentro de lo que es: una actividad ilícita. Porque se trata de explotación sexual y nuestro país es abolicionista, no se prohíbe la prostitución, pero si la explotación sexual".

Durante 2009, la justicia argentina ordenó a los diarios La Razón, Ámbito Financiero, Clarín y Crónica, la prohibición de publicar imágenes insinuantes de mujeres en esos anuncios; posteriormente, el fallo fue apelado y espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes

Pensar en una iniciativa en este sentido no es descolocado, porque ya existen varios periódicos de Europa que han decidido no publicar avisos de servicios sexuales. Entre ellos: The Internacional Herald Tribune, Frankfurter Allegemeine, The Guardian, Le Monde y el Daily Telegraph.

En España, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución solicitó a la Fiscalía que investigue los anuncios que ofrecen servicios sexuales. Ese grupo está integrado por 70 organizaciones de la sociedad civil y manifiesta que, tras estos ofrecimientos, "hay personas que están lucrando con la prostitución ajena".

La investigación "Medios de comunicación y abolicionismo" sostiene que El País de España recauda cinco millones de euros anuales por este tipo de aviso.

La socióloga Irene Castillo subraya que "el proxenetismo es un delito, publicar anuncios publicitando sus acciones también debería serlo. Es importante y urgente que los diarios comprendan que esos anuncios promueven la trata de personas".

Si bien algunas personas de la sociedad civil están diseñando iniciativas para proponer al poder legislativo una ley sobre este tema, en la provincia de Mendoza, en la región oeste, existe un proyecto que tiene como fin la prevención de la trata; el mismo fue presentado durante 2008 y modificado para su seguimiento en 2009.

Esa iniciativa apunta a los avisos clasificados e impone como requisito indispensable la presentación del documento nacional de identidad y constancia de domicilio para toda aquella persona que solicite la publicación de ofertas laborales o de trabajo en cualquier medio de difusión radial, televisivo, gráfico o electrónico.

También estipula que las agencias que provean el servicio publicitario deberán archivar copia de los documentos presentados con ocasión de dichos avisos.

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