República Dominicana: Amenazada cuota electoral para las mujeres

Mirta Rodríguez Calderón

(Especial de SEMlac).- Embarcadas en una cotidianidad estresante, que fuerza a las más pobres a sacrificar horas de sueño para producir costuras, artesanías o alimentos ligeros que ellas mismas salen a vender, o a desgranar gandules (tipo de frijol) que sirvan para un arroz "moro" que sostenga los estómagos de sus familias todavía numerosas, las mujeres dominicanas se ven ahora enfrascadas en empeños políticos de los que no todas participan, pero que a todas conciernen.

Un intento de los dos partidos mayoritarios del país, el de la Liberación Dominicana (PLD), en el gobierno, y el Revolucionario Dominicano (PRD) pretendería despojar a las mujeres del 33 por ciento de la cuota para cargos electorales instituidos por la ley 275-97, que consigna como mínimo esa proporción en las boletas para postularse a cargos municipales y en el Congreso.

Alegan que no hay suficientes mujeres aptas o dispuestas a ser candidatas. El sistema vigente no permite aspiraciones directas, sino mediante las listas que previamente establecen los partidos.

Simultáneamente, luego de la proclamación de una constitución reformada por el presidente de la República y el Congreso, el pasado día 26, la Carta Magna ha sido rechazada por muchas mujeres, ambientalistas, intelectuales, organizaciones de jóvenes y otros segmentos sociales que se han movilizado.

Varios sectores consideran que esa no es su Constitución, a la vista de un articulado que parcialmente niega derechos y quita patrimonios a la nación, al consignar que, por ejemplo, las playas y ríos son del pueblo "sin perjuicio de la propiedad privada".

Pero, a la par, la Constitución también reconoce la igualdad de hombres y mujeres, autoriza a cada ciudadano o ciudadana a someter leyes al Congreso y consagra los mecanismos que podrían impedir que en el país se produzcan golpes de Estado.

Pero, en términos concretos, una parte de la ciudadanía mejor informada que ha estado librando una fuerte oposición, durante las discusiones para reformar la Carta, constituyó una Coordinadora de Resistencia al Retroceso y, mientras el gobierno aseguraba que estaban produciendo una constitución muy moderna y adecuada a las expectativas ciudadanas, los opositores fueron evidenciando por qué, en su opinión, no era así.

Plantones en la ciudad

La misma mañana en que el Congreso escuchaba al presidente promulgar la Constitución, piquetes de activistas sociales rechazaban, en varios puntos de la capital, el documento sustantivo con una consigna que ha proliferado en graffitis, camisetas y carteles: "esa no es mi Constitución".

También se destacaron consignas como "la nueva Constitución es licencia para saquear recursos"; "el PRD y el PLD son responsables del retroceso"; o "el machismo, los partidos, la iglesia y el Congreso incrementan la violencia y la muerte de las mujeres".

Interrogada al respecto a unos pasos de la sede del Parlamento, donde había una concentración de rechazo, Lourdes Contreras, académica y activista política, dijo a SEMLAC que "las mujeres estamos sintiendo que esa Constitución lesiona gravemente derechos fundamentales: nuestros derechos sexuales, a la vida, a la salud, a decidir sobre nuestro cuerpo".

La también directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC aludía así a la inclusión en el texto constitucional del artículo 37 que consagra "la vida desde la concepción hasta la muerte", con lo cual ni siquiera mujeres violadas, víctimas de incesto o con embarazos que hagan peligrar su vida o anticipen la presencia de una criatura malformada tendrían protección legal y estatal para interrumpirlo.

"El reto que tenemos ahora es el de confrontar la realidad de la vida de las mujeres, en particular de las pobres, con lo que ahí se plantea. Necesitamos evidenciar que ese texto no se corresponde con la situación. Las organizaciones de mujeres, e individualmente, tenemos que exigirle al sistema de salud. Hay que conducir el proceso de empoderamiento de las mujeres desde abajo hasta arriba. Eso es lo que está por hacerse ahora", explicó Contreras.

No obstante, la académica le confiere ganancias a los varios meses de enfrentamientos verbales porque "el problema del aborto nunca había sido parte del debate social y, con las discusiones registradas, se logró que la sociedad dominicana valorara esta realidad y se pronunciara", comentó a SEMlac.

Las otras batallas

Por si fuera poco, las mujeres dominicanas están formando parte, incluidas las más jóvenes, de un empeño por garantizar la voluntad ciudadana en los procesos electorales, sobre la base de exigir que se coloque un recuadro en las boletas electorales en caso de no querer votar por ningún candidato. Ello permitiría esclarecer un panorama permeado de oportunismos, malos manejos electorales y, casi siempre, mucho dinero de por medio.

María del Mar Mella es una lideresa, perteneciente a La Multitud, una organización de jóvenes que se ha expandido en varias regiones del país en poco más de dos años. Ella formó parte de una comisión que visitó la Junta Central Electoral con este nuevo reclamo.

Según contó a SEMlac, la primera reacción de los jueces fue considerar innecesaria la petición, por entender que no todos los candidatos son malos. Después, la misma comisión visitó individualmente a varios de los nueve magistrados de la Junta Central Electoral que sí se mostraron receptivos.

"Fueron abiertos con la propuesta. El mismo presidente de la Junta entendió y dijo que la llevaría al Pleno. Eso es lo que queríamos, que fuera considerada. Ellos son instancia electoral y tienen que pasarlo al Congreso. Para eso estamos elaborando una propuesta de ley. De modo que batallaremos para que haya un recuadro para votar por ninguno", explicó.

La cuota del 33 por ciento

En lo que parece ser un ardid para manejos tras el telón, la Junta Central Electoral del país dijo que no acogerá una petición que le hicieron llegar los dos partidos mayoritarios.

La solicitud considera que si no logran la cifra de candidatas para satisfacer el requisito legal de incluir una proporción no menor al 33 por ciento de las mujeres del total de los cargos en el Congreso, municipios y en cada demarcación, les permitan cuantificar ese porcentaje del total de sus cargos electivos en los comicios del próximo 16 de mayo.

La médica y articulista Lilliam Fondeur reaccionó indignada: "Es impropio, inmoral y antiético hablar de democracia, mientras pretenden negar la posibilidad de auto representarse al 52 por ciento de la población". Fondeur subrayó que sobran las mujeres capacitadas y que "no solo son mejores, sino que son más". Estima, entonces, que es hora de reclamar paridad.

Igualmente molestas y exigentes de los derechos tan duramente conquistados, se manifestaron políticas de mucha valía: la ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch, la diputada Minou Tavarez Mirabal y varias de las actuales diputadas, junto con representantes del movimiento de mujeres y otras fuerzas sociales.

Una reunión de feministas de América Latina y el Caribe efectuada la tercera semana de enero en Santo Domingo suscribió, asimismo, una carta reconociendo la firmeza de la Junta Central Electoral en negarse a aceptar el pedido.

De por sí, las mujeres que aspiran a pasar de electoras a elegibles enfrentan numerosos obstáculos y ven mermadas sus posibilidades por los excesos machistas en los partidos, reglamentos que no las favorecen y porque ellas no suelen ser suficientemente ricas para sostener las inscripciones y la propaganda. Solamente el proceso de inscribirse les representa a candidatas y candidatos 75.000 pesos dominicanos, algo más de 2.000 dólares.

Si los partidos mayoritarios consumaran sus intenciones, podrían ignorar a las aspirantes en las instancias de base e intermedias, y colocar mujeres de su interés en las estructuras electorales que deseen, con lo cual el acto de precisar las cuotas se elimina, al ponerlo todo en un solo paquete.

De ahí que el comunicado del encuentro feminista explique bien que "la aplicación global de la cuota favorece las prácticas corruptas para negar la cuota asignada a las mujeres elegibles (cosa frecuente por parte de los 'compañeros' de los partidos), violenta los nuevos principios y disposiciones constitucionales de promoción de medidas afirmativas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación, así como promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular".

La impugnación al respeto de la cuota del 33 por ciento atenta contra la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual establece "el derecho a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas".