por Adriana López
La construcción de una identidad feminista colectiva en América Latina ha recorrido un largo itinerario, desde la década de los años 70, de demandas y propuestas, de alianzas y tensiones, que han permitido enriquecer el debate político y las acciones de los movimientos sociales. Las mujeres emergieron como nuevos sujetos sociales en épocas de convulsión política, dictaduras militares, enfrentamientos armados, procesos democráticos, crisis económicas acentuadas por ajustes estructurales, que radicalizaron sus propuestas y también acentuaron la feminización de la pobreza. El conjunto de estos factores, entre otros, ha favorecido la construcción de identidades plurales, activas y cambiantes.
En este marco, el discurso feminista se consolida al interior o en la periferia de partidos de izquierda que promueven la igualdad entre mujeres y hombres en las leyes, la vida pública, el reparto de las cargas familiares, etc. Sin embargo, la constatación de que dichas desigualdades no son resueltas en procesos de cambio social, donde las reivindicaciones de género quedan subordinadas, provoca en el movimiento feminista, múltiples análisis y una mayor conciencia de la desigualdad aún en sociedades más democráticas. Verificar que la adquisición de derechos por parte de las mujeres no garantiza la construcción de una sociedad donde las relaciones de género sean igualitarias supuso cierta división y riqueza en el movimiento de mujeres. Por un lado, la reivindicación de tales derechos fue abanderada por distintas organizaciones de mujeres cercanas a partidos políticos, que veían en éstos la única vía para la consecución de tales objetivos. De otro, el desarrollo de colectivos feministas con propuestas propias, que incorporaban en su análisis y quehacer político una agenda con prioridad en temas no necesariamente relacionados con los problemas de clase, como por ejemplo la diversidad en las formas de vivir la sexualidad, la crítica a la normalidad del contrato de la heterosexualidad y la familia. Lo cierto es que determinadas reivindicaciones históricas (discriminaciones laborales, violencia de género...) han afianzado las alianzas entre las distintas organizaciones de mujeres y han gozado del apoyo de los movimientos sociales, los partidos políticos y los grupos sociales que luchan y negocian para que sus propias definiciones de ciudadanía sean inscritas en la agenda política. El debate, entonces, estaría centrado en el modo de institucionalizarlas en las políticas públicas y en las distintas estructuras, donde entran en juego, a juicio de otras autoras, tres aspectos fundamentales: quién puede ser ciudadano(a), cuáles son sus derechos y deberes y, cuál es la capacidad para influir en el espacio público.
En definitiva, la construcción de la ciudadanía tiene que ver con la democracia y esta a su vez con la participación en la política, en su sentido amplio, y los espacios públicos. Y no cabe duda que el movimiento feminista ha enriquecido la producción de conocimientos, el debate teórico, el impulso de redes nacionales y regionales y la articulación de estrategias comunes anticipando sus acciones al proceso de globalización. Los Encuentros Feministas, desde 1981, suponen un claro ejemplo y su influencia ha incidido en la construcción de la ciudadanía, el desarrollo de organizaciones de mujeres cada vez más fuertes y sólidas y el despegue del pensamiento feminista latinoamericano.
En este marco, el discurso feminista se consolida al interior o en la periferia de partidos de izquierda que promueven la igualdad entre mujeres y hombres en las leyes, la vida pública, el reparto de las cargas familiares, etc. Sin embargo, la constatación de que dichas desigualdades no son resueltas en procesos de cambio social, donde las reivindicaciones de género quedan subordinadas, provoca en el movimiento feminista, múltiples análisis y una mayor conciencia de la desigualdad aún en sociedades más democráticas. Verificar que la adquisición de derechos por parte de las mujeres no garantiza la construcción de una sociedad donde las relaciones de género sean igualitarias supuso cierta división y riqueza en el movimiento de mujeres. Por un lado, la reivindicación de tales derechos fue abanderada por distintas organizaciones de mujeres cercanas a partidos políticos, que veían en éstos la única vía para la consecución de tales objetivos. De otro, el desarrollo de colectivos feministas con propuestas propias, que incorporaban en su análisis y quehacer político una agenda con prioridad en temas no necesariamente relacionados con los problemas de clase, como por ejemplo la diversidad en las formas de vivir la sexualidad, la crítica a la normalidad del contrato de la heterosexualidad y la familia. Lo cierto es que determinadas reivindicaciones históricas (discriminaciones laborales, violencia de género...) han afianzado las alianzas entre las distintas organizaciones de mujeres y han gozado del apoyo de los movimientos sociales, los partidos políticos y los grupos sociales que luchan y negocian para que sus propias definiciones de ciudadanía sean inscritas en la agenda política. El debate, entonces, estaría centrado en el modo de institucionalizarlas en las políticas públicas y en las distintas estructuras, donde entran en juego, a juicio de otras autoras, tres aspectos fundamentales: quién puede ser ciudadano(a), cuáles son sus derechos y deberes y, cuál es la capacidad para influir en el espacio público.
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