Homofobia uniformada...

Por: Humberto Márquez /IPS

Era casi medianoche de un viernes en la calle Villaflor, frecuentada por gays y lesbianas de la capital de Venezuela, cuando Jonathan Matheus y Omar Marques observaron que en dos camionetas patrulla de la policía de Caracas estaban detenidas unas 20 personas, la mayoría muy jóvenes.

Cuando Marques y Matheus, gays que dirigen la asociación civil Venezuela Diversa, se acercaron a indagar y tomar unas imágenes, también fueron detenidos.

"Como la mayoría de los detenidos, fuimos despojados de documentos de identidad, teléfonos móviles, golpeados, sometidos a tratos degradantes hacia nuestra orientación sexual y desoídos cuando pedimos hablar con funcionarios del Ministerio de Justicia y efectivos de la Guardia Nacional que estaban presentes", relató Matheus a IPS.

Las camionetas partieron hacia el comando de la policía capitalina con su carga de detenidos, pero Marques, Matheus y dos menores de edad fueron bajados a orillas de la principal autopista que cruza la ciudad, desde donde caminaron hasta poder contactar a funcionarios de la Defensoría del Pueblo para denunciar el agravio.

El hecho, ocurrido en octubre, fue una de las redadas contra la comunidad GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero e intersexuales) lanzadas en el marco de la Operación Caracas Segura, una campaña contra la delincuencia de la que toman parte efectivos de varios cuerpos de policía y de la Guardia Nacional, fuerza militar con funciones policiales.

La capital de Venezuela, en cuya área metropolitana viven unos cinco millones de personas, es una de las ciudades más inseguras del mundo, con una tasa anual de homicidios superior a 135 por cada 100.000 habitantes. El tercer fin de semana de octubre se registraron 65 asesinatos, y la morgue ha colapsado varias veces este año.

"Caracas Segura ha significado más inseguridad, pues superpone el hostigamiento policial a las agresiones de que somos víctimas por el hampa común y ciudadanos cargados de homofobia", dijo a IPS César Sequera, de la Red GLBTI de Venezuela, una naciente coalición de grupos que velan por los derechos de las minorías sexuales.

En Caracas y el occidental estado de Zulia, región petrolera donde también actúa Venezuela Diversa, "en lo que va de año han muerto nueve transexuales en situaciones violentas asociadas a su condición, por lo que una de nuestras primeras reivindicaciones es que se garantice con eficiencia el derecho a la vida", dijo Matheus.

Astrid, travesti que se ofrece como trabajadora sexual a los automovilistas en la avenida Libertador de la capital, relató a periodistas que "a veces la policía nos detiene, nos quita el dinero y hasta nos obligan a tener sexo con los funcionarios de alguna patrulla bajo la amenaza de golpearnos o llevarnos a algún sitio peligroso de la ciudad para dejarnos allí abandonadas".

Una de sus compañeras narró que, en una ocasión, efectivos a bordo de una patrulla se le acercaron y, sin más, le dispararon una carga de perdigones a las piernas, entre risas e insultos, y luego se perdieron en la noche sin prestarle auxilio.

Incluso un icono como Giannina Cadenas, transexual que condujo el año pasado el programa "Brújula Sexual" en el canal estatal Ávila TV, ha dicho que "quienes más nos discriminan son los policías, necesitados de una reeducación para que comprendan que prestan un servicio público".

"Cuando viajo en auto siempre me detienen en las alcabalas, me piden los papeles y me preguntan si soy hombre, mujer o transformista. Me siento como una cucaracha. Los policías me han quitado dinero nada más porque soy transexual", narró Cadenas.

La organización humanitaria Acción Ciudadana Contra el Sida encuestó en 2008 a 742 personas de la comunidad GLBTI en Caracas y las ciudades occidentales de Maracaibo y Mérida en relación con experiencias negativas con cuerpos policiales.

La mitad de los encuestados respondieron que habían vivido situaciones que vulneraban sus derechos, aunque la mayoría no las tradujeron en denuncias por miedo o vergüenza. Las conductas más señaladas fueron agresión verbal (36 por ciento), extorsión (20), agresión física (12) y privación de libertad (11 por ciento).

"En Venezuela existe un fuerte rechazo hacia las personas GLBTI, sustentado en dogmas, prejuicios sociales y errados diagnósticos médico-psiquiátricos", señaló Edgar Carrasco, quien condujo la encuesta, "y lo peor es que esta situación de discriminación e impunidad tiene relación con la expansión de la epidemia del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y el sida".

Ese rechazó lo destacó a IPS Fernando, de 22 años, estudiante de cocina que llegó a la capital "prácticamente huyendo, pues si en Caracas, donde los gays nos reunimos en grupos grandes para pasear o compartir se sufre la exclusión, se puede imaginar cómo será en un pueblo lleno de prejuicios como Altagracia de Orituco", una pequeña ciudad de las llanuras centrales dedicadas a la agricultura y la ganadería.

El artículo 21 de la Constitución venezolana, que data de 1999, establece que "todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social".

Sobre esa base, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció en marzo de 2008 que "un individuo no puede ser discriminado en razón de su orientación sexual, cuando tal condición implique colocarlo en un plano de desigualdad".

Basándose en otro artículo, el 77, según el cual "se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer", en la misma sentencia, el Tribunal Supremo se rehusó a equiparar los derechos de las uniones homosexuales estables con los del matrimonio heterosexual.

Sequera subrayó que "todavía se vulneran muchos de nuestros derechos, comenzando por el respeto a la identidad y a la propia imagen, y continuando con el derecho a la salud, pues a veces se nos niega el acceso a centros de atención públicos y privados, o se rechaza la posibilidad de que donemos sangre, por ejemplo".

Matheus también denunció "la discriminación en el acceso al trabajo y en los centros de labor, así como en los centros de enseñanza, donde somos objeto de acoso por profesores y estudiantes, lo que se traduce en deserción escolar".

"Pero el asedio policial sigue siendo una gran preocupación, porque en definitiva se nos viola el derecho al libre tránsito, a utilizar y permanecer en las vías públicas de este país, e incluso la garantía de poder libre y pacíficamente ir a locales nocturnos o centros comerciales donde ejercemos otro derecho que tenemos, como todos, el del ocio y la diversión", concluyó Matheus.