Amnistía Internacional ha advertido el 14 de septiembre, de que los cambios propuestos en la Constitución de la República Dominicana pondrán en peligro a mujeres y niñas, y pueden provocar un aumento de la mortalidad materna en el país. Está previsto que el Congreso dominicano vote un paquete de reformas constitucionales el jueves.
La formulación propuesta para el artículo 30 introduciría la inviolabilidad de la vida desde “la concepción” hasta “la muerte”. Se ha reconocido ampliamente que esto traerá consigo cambios en el Código Penal que pueden conducir a una prohibición del aborto en todas las circunstancias.
Si el artículo se aprueba conforme a lo propuesto, limitaría gravemente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en los que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como por ejemplo los tratamientos contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida. Además, el acceso a un aborto seguro para las mujeres y niñas que han quedado embarazadas a consecuencia de violación o incesto se limitaría aún más.
“Tal como está formulado ahora mismo, el cambio propuesto en la Constitución tendría un efecto devastador sobre el acceso de mujeres y niñas a una atención efectiva de la salud reproductiva en la República Dominicana”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología ha señalado las repercusiones “catastróficas” que el artículo 30 puede tener en la mortalidad materna. Si se adopta con su formulación actual, este artículo pondría en peligro la capacidad de los médicos de proporcionar tratamiento oportuno y efectivo a las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo.
“Cuando se prohíbe por completo el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan, ya que los médicos no pueden –o temen– proporcionar tratamiento fundamental pero contraindicado con el embarazo, incluso cuando es la única forma de salvar a la paciente”, ha manifestado Susan Lee.
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe que examinaba las repercusiones de la prohibición total de todas las formas de aborto en Nicaragua. La organización concluyó que la prohibición contribuye a un aumento de la mortalidad materna en todo el país: 33 mujeres y niñas han muerto en Nicaragua a consecuencia del embarazo en lo que va de 2009, frente a las 20 que murieron durante el mismo periodo del año pasado. Puesto que la recopilación de datos relativos a la salud materna en el país es deficiente, se cree que estas cifras oficiales representan únicamente un mínimo.
“En los poquísimos países que prohíben por completo el aborto, muchos médicos, ante el temor a ser procesados, retrasan la prestación de tratamiento médico o consideran justificado no proporcionarlo, aunque con ello la mujer embarazada pueda morir o sufrir daños a largo plazo”, ha declarado Susan Lee.
“Cuatro órganos de vigilancia de los tratados de la ONU han criticado enérgicamente la prohibición absoluta del aborto en Nicaragua ante el riesgo que entraña para la vida y la salud de mujeres y niñas. La República Dominicana no debe seguir los pasos de Nicaragua.”
Amnistía Internacional pide al Congreso dominicano que:
• rechace la formulación actual del artículo 30 de la Constitución desde “la concepción” hasta “la muerte”;
• tome todas las medidas necesarias para garantizar la existencia de servicios de aborto seguros, legales, accesibles y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en todos los casos en los que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto y cuando el embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la madre.
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