Actualmente esta en discusión en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley para la Equidad e Igualdad de género, aprobada en su primera discusión y a punto de aprobarse en la segunda, aunque no sabemos si con los agregados de la propuesta de Romelia Matute, diputada promotora del polémico artículo 8 del proyecto de ley que establece que “toda persona tiene el derecho a ejercitar su orientación sexual e identidad libremente y sin ningún tipo de discriminación, y como consecuencia, el Estado reconocerá asociaciones de convivencia (uniones civiles) constituidas entre dos personas del mismo sexo de mutuo acuerdo.”El artículo también establece que las personas que “cambien de sexo por procedimientos quirúrgicos u otros, tienen el derecho de ser reconocidos por su identidad y de obtener o modificar documentos asociados a su identificación”, coadyuvando al Estado para que cree las condiciones para su integración social “bajo condiciones de equidad”.
Este proyecto de ley tiene por objeto garantizar y promover el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres basado en la igualdad, justicia, no discriminación y corresponsabilidad consagradas en la constitución y en los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país. Incluye entre los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de decidir si se quiere o no procrear (basado en el Art. 76 de la Constitución). Sin embargo, cabe señalar que el primer borrador que fue modificado sustancialmente en la primera discusión contemplaba una definición más amplia de los derechos sexuales y reproductivos que incluía “el derecho a no morir por causas previsibles y prevenibles relacionados con la salud sexual y reproductiva”.
Recordemos que una de las causas de mortalidad de las mujeres esta relacionada con la salud reproductiva, no solo con la maternidad sino con las prácticas inseguras de abortos clandestinos debido a su condición de ilegalidad. Mientras las mujeres ricas pagan en una clínica privada sus abortos clandestinos o viajan a países donde están despenalizados, las pobres se mueren por practicarse abortos en condiciones inseguras y por su criminalización.
De esta manera reaparece en el debate público la discusión sobre el tema de la despenalización del aborto con su homólogo -de maleta pesada- las uniones entre personas del mismo sexo. Ambas agendas de las luchas feministas y de la diversidad sexual y piedras en el zapato para la anacrónica moral de la jerarquía católica.
Pero este debate no es nuevo en nuestro país, y es importante hacer historia: en el año 2004 el Movimiento Amplio de Mujeres introdujo en la comisión mixta de la Asamblea Nacional una propuesta para solicitar se incluyera en la reforma del código penal que la interrupción del embarazo se penalizara solo: cuando se realice sin el consentimiento informado de la mujer y cuando se realice en condiciones de riesgo. Posteriormente y de cara a la reforma de la constitución, en el año 2007, por primera vez en la historia de nuestro país se unen las feministas con el movimiento de la diversidad sexual , a través de la creación del Grupo “S” para solicitar la ejecución del Art. 88 de la Constitución incluyendo una pensión dineraria para el ama de casa, la paridad con alternabilidad en la postulación de cargos de elección popular a nivel nacional, estadal regional y local, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos excepto cuando se realice sin el consentimiento de la mujer o sin seguridades médicas, el reconocimiento del derecho a la identidad legal y la modificación integral de los documentos conforme a la identidad de género de las personas transexuales e intersexuales, la no discriminación por razones de identidad y expresión de género y el reconocimiento del Estado de las uniones estables de personas del mismo sexo, así como el derecho a la comaternidad y copaternidad de los hijos/as adoptados o concebidos por alguno de los integrantes de las parejas de un mismo sexo. Propuesta fallida no solo por el resultado negativo del Referendo Consultivo sino por la misma negativa y falta de entendimiento de los mismos diputados y diputadas dentro de la Asamblea.
Con la aparición de este proyecto de ley que busca derogar la ley de igualdad de oportunidades de la mujer, que por decreto define las funciones del INAMUJER, se busca dejar sentadas las funciones del naciente Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y se abre una nueva oportunidad para incorporar viejas demandas del movimiento feminista y la diversidad sexual, entre ellas la despenalización del aborto y las uniones entre personas del mismo sexo, como conquistas progresivas y progresistas de los derechos. Es el momento de tomarle la palabra al Presidente, quien señala que “para el 15 de diciembre no debería quedar vigente ninguna norma antirrevolucionaria”. Pero sobre todo, para quitar los velos y desmitificar los prejuicios moralistas que aún predominan en los diputados y diputadas. No basta con que el Estado sea laico si sus representantes encarnan una moral homofóbica, transfóbica y muchas veces hasta misógina que impide el hecho de que se logren conquistar derechos aun cuando están dadas las condiciones desde el punto de vista de la igualdad formal.
*Jessie Blanco/Directora Revista para el debate feminista MATEA.
Julio 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario