"Si rompo las reglas mi 'madame' tiene derecho a matarme"

"Prometo pagar la suma de 40.000 dólares. Declaro que no infringiré las normas y que no diré nada a la policía. Si rompo las reglas, mi madame tiene derecho a matarnos a mí y a mi familia en Nigeria. Mi vida vale lo mismo que la cantidad que debo a mi madame. Declaro que me han explicado este acuerdo en mi dialecto y que será destruido cuando el pago total sea abonado".

Los archivos policiales guardan multitud de contratos como éste. Un papel escrito en un inglés macarrónico, con letras mayúsculas y espacios en blanco para que una mujer escriba su nombre y ponga su vida a disposición de la red que la ha traído a España desde Nigeria. Se convierte en su esclava durante el tiempo que tarde en pagar los 40.000 dólares que le cobran por el viaje. Esto supondrá una unión inquebrantable con los traficantes durante al menos cinco años.

LA VIOLENCIA PARECE NO TENER FIN...

La prostitución en España ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años por los flujos migratorios. Antes era un mercado marginal o de lujo. La llegada de las inmigrantes amplió la oferta: más mujeres, más guapas, más jóvenes, más exóticas y más baratas. Cualquiera puede pagar 30 euros por media hora con una de ellas. En estos momentos, entre el 85% y el 90% de las prostitutas son extranjeras, según cálculos de la UCRIF, la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones Documentales de la Policía Nacional.

La demanda ha aumentado y el negocio se ha convertido en una mina de oro para el proxeneta que necesita renovar la mercancía constantemente. Para eso los mercaderes han creado redes perfectamente diseñadas para abastecer nuestras calles, polígonos, pisos y clubes de carretera. El mismo sistema que se emplea para importar tomates: un recolector, un distribuidor, un transportista y un vendedor, tal cual como si la mujer fuese una mercancçia. En las escuchas policiales los agentes suelen oír frases como "tengo tres kilitos de carne" o "he traído unos terneritos". Los terneros son mujeres de entre 18 y 25 años, las que se pueden colocar en cualquier sitio.

Vienen sobre todo de una decena de países. Las razones, una vez más, son puramente mercantiles: se basan en la pobreza del país de origen, su volumen de delincuencia organizada, unos rasgos étnicos que resulten atractivos en España y la facilidad de entrada. Las colombianas, por ejemplo, están dejando de llegar desde que se les exige visado. "El 58% de las mujeres proceden de Latinoamérica (especialmente brasileñas y colombianas), otro 35% son europeas (de países del Este, sobre todo rumanas y rusas) y el resto africanas (nigerianas y marroquíes)", según indica la Guardia Civil en su Informe 2007 sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Apenas hay españolas. Las asiáticas, chinas en su mayor parte, ejercen en pisos.

La gran dificultad de la Policía y Guardia Civil -y también de la sociedad al abordar este problema- es diferenciar el tráfico de mujeres de la prostitución, que puede ser una actividad libre. "Estoy aquí porque me da la gana", dice Andrea, en la barra del Golden, uno de los prostíbulos más conocidos de El Ejido (Almería). "Podría estar limpiando escaleras, pero aquí gano mucho más, unos 2.500 euros al mes, incluso con la crisis". Una gran parte de ese dinero (50 euros al día, 1.500 al mes) es para el dueño del Golden. Paga esa cantidad por la habitación y el alojamiento. Con lo que ahorre del resto, la mujer dice que montará un bar de copas cuando regrese a Hungría.

Pero no siempre se tiene en cuenta la voluntad de la mercancía. "A veces el engaño es total", explica Carlos Botrán, comisario jefe de la Brigada Central de la UCRIF y con 20 años a sus espaldas de lucha contra el tráfico de personas. "La mujer llega pensando que va a trabajar como camarera, limpiadora o secretaria, y una vez aquí es obligada a meterse en un club 12 o 13 horas al día para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero", explica.

Existe también otro tipo de engaño. Cuando la mujer sabe que viene para ejercer la prostitución pero cree que lo hará cuando y como quiera. Al aterrizar en España, se da cuenta de que su capacidad de decisión ha sido anulada. Si se resiste, le esperan los mismos métodos de coacción que se usan para doblegar la voluntad de quienes llegaron engañadas.

Las compran y venden, y las mueven de club en club para que sean rentables, no hagan amigos y los clientes del burdel tengan la mayor variedad posible. En Fuerteventura, el folleto de un prostíbulo colocado en la ventanilla de un coche vende como gran atractivo la renovación total del género cada 20 días. A veces se hace coincidir el traslado con la menstruación para optimizar el rendimiento de la chica. "Y algunos las obligan a meterse en la vagina una especie de tapones para que puedan mantener relaciones incluso con la regla", relata un agente especializado en trata.

Las decenas de sentencias que el Tribunal Supremo ha dictado en los últimos ocho años sobre esta materia son relatos de terror: palizas, quemaduras de cigarrillo, cortes con cuchillos y tijeras, violaciones, dientes rotos, amenazas de muerte a ellas y a sus familias, puñetazos en la cara por no conseguir clientes, obligación de mantener relaciones sexuales con hemorragias, castigos por no ir a trabajar tras un aborto, 290 euros de multa por exceder el tiempo que se puede pasar con cada cliente, encierros, vigilancia constante, retirada del pasaporte.

La mujer que llega a España está aislada e indefensa. No suele hablar el idioma y depende de su captor. "Hay chicas muy jóvenes, sin estudios, que no han salido de su pueblo nunca", dice José Nieto inspector jefe de la UCRIF. "Están tan controladas que es difícil que logren escapar y denunciar", explica Rocío Nieto presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp). Sonia, una brasileña víctima de trata que trabaja ahora para la ONG, habla del miedo que pasan estas mujeres. Del miedo a todo. Al proxeneta que les pega y amenaza. A la policía que las puede deportar. Y a volver a sus países. "Incluso los padres, novios o hermanos participan a veces en la venta de la chica", relata.

La salida es difícil. Esto fue lo que le pasó a María Esther por tratar de escapar con un cliente, según se explica en una sentencia del Supremo de mayo de 2007: "[Abelardo, el proxeneta] la agarró del cuello y comenzó a propinarle golpes, tomando unas tijeras y pinchándola con ellas en la cabeza y en las piernas, causándole lesiones consistentes en contusión frontal, heridas y contusiones en cuero cabelludo, traumatismo en la región anterior del cuello por aplastamiento de tráquea, erosiones en la región lateral izquierda del cuello, herida contusa en el mentón y en el labio superior, herida inciso punzante en la región temporal derecha y heridas inciso punzantes en el muslo izquierdo". Para huir del agresor se descolgó del balcón y cayó en el del piso inferior. Ese vecino avisó a la Guardia Civil.

No hay estudios con cifras concretas, pero es innegable que en España hay mujeres esclavizadas.
"No conocemos el volumen pero sabemos que hay trata", dice Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de Extranjería. Un número mínimo del que se puede partir es el de 951 víctimas: éstos son los permisos de residencia que se han concedido entre 2000 y 2008 en virtud del artículo 59 de la Ley de Extranjería. Se aplica a víctimas que han denunciado o facilitado a la policía información "relevante" para desarticular las redes que las han traído.

La cifra real es, sin duda, mayor. Hay muchas mujeres que no denuncian. Otras que lo hacen pero que no tienen información "relevante" que aportar y, por tanto, se les deniega el permiso -entre 2000 y 2008 se han denegado 648-. También las hay que no piden la residencia porque prefieren volver a sus países.

La conciencia sobre el problema, sin embargo, es nula. "La sociedad no se ha preocupado por este tema", opina el fiscal Sánchez-Covisa. "Son mujeres invisibles". "Es muy fuerte la tolerancia que existe en España hacia el hecho de que se importen seres humanos como muebles", dice Rocío Nieto, de Apramp. "Es un nuevo tipo de esclavitud al que todos estamos contribuyendo".

No hay campañas de sensibilización. Nadie habla del asunto. Y los consumidores de sexo no tienen la sensación de que la persona a la que están pagando quizá esté siendo explotada. "Algunos preguntan y se interesan por tu vida, pero son los menos", dice Anka, víctima de trata que ahora trabaja ayudando a otras chicas que están pasando por lo mismo. "Ellos van a lo que van y te tratan como una puta". "El estrés postraumático que padecen es brutal", añade Rocío Nieto. "Durante meses, o años, no tienen libertad para nada. Acaban diciendo cosas como 'yo lo único que sé hacer es mamarla y follar'. La recuperación después es muy lenta".

"Nunca me he preguntado si están aquí contra su voluntad", dice un cliente que, por razones obvias no quiere dar su nombre. "Si me lo hubiera preguntado, probablemente no habría entrado. Cuando estás hasta arriba de alcohol no te preguntas esas cosas. No veo nada malo en irse de putas si la persona con la que estás lo hace porque quiere, pero sí, no suelo preguntarlo y si lo hago no creo que me vayan a decir la verdad".

Cristina Garaizábal, de Hetaira, una ONG que defiende la regulación de la prostitución, dice que en los últimos meses han recibido llamadas de algunos hombres que querían saber cómo detectar si una prostituta era víctima de trata. Pero la mayoría, como el resto de la sociedad, vive al margen del asunto.

Mientras tanto, las autoridades viven su propia esquizofrenia. Nadie se atreve a tomar cartas en el asunto de la prostitución, ni para regularla ni para prohibirla. Ni siquiera en el interior de los partidos políticos hay consenso sobre la solución correcta. La última ponencia del Congreso de los Diputados sobre el tema -que tuvo lugar en 2007- acabó con la decisión de adoptar medidas contra la trata de mujeres, pero mirando para otro lado a la hora de abordar la prostitución, el tema más polémico. Y eso sucedió a pesar de que, según las conclusiones, hay 400.000 prostitutas en España y el 90% ejerce la actividad contra su voluntad. Son cálculos sin base empírica que lo sustente, pero es chocante que se den por buenos y a continuación se decida permitir una actividad en la que hay 360.000 esclavas.

El tráfico de mujeres es un delito pero la prostitución es alegal: no está ni regulada ni prohibida, lo que dificulta la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad y convierte a España en un país atractivo para las mafias, que encuentran rápidamente a españoles dispuestos a lucrarse con ellos. La prostitución en pisos y en la calle es una actividad que queda completamente al margen del control del Estado. Todo son ganancias netas y optimizar el beneficio. Los burdeles, tienen licencias como hoteles u hostales con bar y sólo declaran una mínima parte de sus ingresos. "Es un negocio que no requiere demasiado para montarlo. Se juntan dos, obtienen una licencia para montar un hostal y le ponen un cartel que diga 'Chicas' y ya está. Si tienen la forma de conseguirlas tendrán pronto muchos ingresos", explica Carlos Igual, de la Sección de Menores, Explotación Sexual Infantil y Trata de Seres Humanos de la Guardia Civil.

Como todo es economía sumergida, tampoco hay datos fiables sobre el volumen del negocio. Pero los casos concretos son reveladores: en una de las últimas redadas de la policía se detuvo a un empresario almeriense llamado José El Francés. Había blanqueado 12 millones de euros procedentes de las ganancias de sus clubes de alterne.