Fuente:EFEDelegaciones de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) realizarán mañana un plantón en Managua para demandar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falle recursos por inconstitucionalidad contra la penalización del aborto.
La movilización se realizará con pancartas y sonido frente al edificio de la CSJ, en la periferia norte de esta capital, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
La portavoz de la RMCV, Darling Munguía, informó hoy a Efe de que el primer recurso por inconstitucionalidad fue presentado ante la CSJ por 200 mujeres en marzo de 2008 contra la ley que aprobó la Asamblea Nacional el 26 de octubre de 2006.
Con la aprobación de esa ley el Parlamento reformó el Código Penal de 1983 para derogar el aborto terapéutico de ese cuerpo de leyes.
Otras cien mujeres interpusieron otro recurso por inconstitucionalidad contra esa decisión del Parlamento en septiembre de 2008.
Organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto, la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto, Sociedades Médicas y el Movimiento Autónomo de Mujeres, entre otras, también han interpuesto recursos por inconstitucionalidad.
La RMCV y otras organizaciones han demandado ante la CSJ que se restituya la figura del aborto terapéutico porque la derogación de esta disposición deja "manos arriba para salvar la vida a las mujeres cuando estén frente a un embarazo de riesgo por temor de ir a la cárcel".
Munguía señaló que en los recursos presentados ante la CSJ se ha documentado que la ley aprobada por el Parlamento de Nicaragua, antes de las elecciones generales de noviembre de 2006, "viola la Constitución" de este país, que es respetuosa de los derechos individuales.
En el plantón de Managua está previsto que participarán representantes de organizaciones de mujeres de los municipios de los departamentos (provincias) de Granada, Masaya y Managua.
La Iglesia Católica de Nicaragua, que en octubre de 2006 con grandes manifestaciones demandó la penalización del aborto, se opone a que el Gobierno restablezca la figura del aborto terapéutico en el Código Penal.
El Código Penal facultaba practicar el aborto terapéutico, el que sería "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales".
La mujer que se someta a cualquier tipo de aborto en Nicaragua pagará con una pena de cuatro a ocho años de prisión, según la reforma al Código Penal.
La decisión del Parlamento ha sido criticada también por la organización Human Rights Watch, Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), entre otros.
Médicos nicaragüenses, por su lado, han advertido de que esa medida incrementará la mortalidad materna e infantil, así como la proliferación de centros clandestinos.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a su vez, en intervenciones públicas ha señalado que su Gobierno ha realizado encuestas que han revelado que el 90 por ciento de la población aprueba la penalización del aborto.
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