Activistas de organizaciones feministas y de derechos humanos manifestaron este jueves en Nicaragua para exigir a las autoridades de justicia la despenalización del aborto terapéutico, prohibido hace casi tres años en el país.
Portando mantas y cartelones con lemas como "basta ya" y "no más muertes de mujeres", las manifestantes se concentraron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el sector norte de la capital.
La demanda central de la marcha fue exigir que los magistrados de la CSJ, vinculados al gobernante Frente Sandinista y al derechista Partido Liberal, respondan sobre varios recursos presentados por grupos feministas a favor del aborto terapéutico.
Portando mantas y cartelones con lemas como "basta ya" y "no más muertes de mujeres", las manifestantes se concentraron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el sector norte de la capital.
La demanda central de la marcha fue exigir que los magistrados de la CSJ, vinculados al gobernante Frente Sandinista y al derechista Partido Liberal, respondan sobre varios recursos presentados por grupos feministas a favor del aborto terapéutico.
"Demandamos a la Corte Suprema de Justicia que emita una sentencia de manera inmediata" sobre una serie de recursos de amparo presentados por grupos civiles y médicos, pidieron las manifestantes, en una proclama leída en nombre de la ONG Red de Mujeres contra La Violencia, que organizó la protesta.
El Congreso nicaragüense anuló en octubre de 2006 el aborto terapéutico que contemplaba la legislación penal desde 1893, atendiendo una petición de la Iglesia Católica. La iniciativa fue impulsada por el anterior gobierno, de Enrique Bolaños (2002-07), y luego respaldada por su sucesor Daniel Ortega, quien puso en vigor la ley que prevé penas de 1 a 3 años de prisión al médico que realice un aborto y a la mujer que lo consienta; y de 1 a 8 años cuando ocurriera en otras circunstancias.
El nuevo Código Penal, que entró en vigencia el año pasado, mantuvo las penas de 1 a 3 años para los médicos, pero redujo de 1 a 6 años la pena a quien interrumpa un embarazo mediante engaño, violencia, intimidación o de manera imprudente. Diversos centros académicos, organizaciones médicas, feministas y civiles que denuncian la ley como una violación de los derechos humanos de la mujer, han presentado recursos de amparo que están pendientes de sentencia por la CSJ.
Palabras Claves: mujeres, Corte Suprema de Justicia, Código Penal, aborto terapéutico, justicia, sentencia inmediata
MÁS DE1,200 NIÑAS VIOLADAS
Virginia Meneses, de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que según informes de organismos internacionales más de mil 200 niñas fueron violadas en Nicaragua, entre 2007 y marzo de 2009, y que a las mismas se les obligó a terminar ese embarazo.
“Que nos saquen de ese juego político-partidario en que nos tienen”, dijo Meneses.
MAGISTRADOS NO QUISIERON RECIBIRLAS
Ninguno de los magistrados recibió a las representantes de las mujeres, quienes debieron ser atendidas por el secretario de la Corte, Rubén Montenegro, quien les confirmó que ya existe un proyecto de sentencia, pero no les dijo en qué sentido está elaborado, si a favor o en contra del aborto terapéutico.
María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, dijo que las mujeres exigieron que previo a la resolución, los magistrados judiciales reciban a una delegación del Movimiento de Mujeres y de las asociaciones de médicos, particularmente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, para reiterarles los argumentos que ya les han dado para la despenalización o para la restitución del aborto terapéutico.
Según Blandón, el secretario Rubén Montenegro señaló que hay posiciones encontradas entre los magistrados.
“Nosotras le recordamos que los magistrados tienen que actuar apegados a derecho, independientemente de sus creencias personales, porque para eso lo mandata la ley, para respetar de manera irrestricta la Constitución de la República”, dijo Blandón.
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