Agresión contra mujeres en Atenco, paradigmática de política estatal

Fuente: CIMAC/Noticias

Las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco, Estado de México, durante el operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006, resultaron paradigmáticas de las afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres, lo que se ha comprobado gracias al acompañamiento que organizaciones civiles brindaron a las mujeres que valientemente denunciaron tortura y violación sexual cometida por policías.

Así lo da a conocer un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a pocos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) inicie –el próximo 9 de febrero-- sus discusiones sobre el caso Atenco.

Recuerda el Centro Prodh el caudal de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Atenco, como privaciones de la libertad, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza, torturas y agresiones sexuales, cuando policías de los tres órdenes de gobierno reprimieron las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes.

Considera el comunicado que lo anterior evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado.

Lo anterior debido a la próxima discusión del proyecto de dictamen del caso Atenco en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que contiene la investigación que ha realizado el máximo Tribunal con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Texcoco y San Salvador Atenco.

ABUSOS

El comunicado del Centro Pro destaca la forma en que se realizó el despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones de dichos poblados, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes.

Estos operativos, asegura el comunicado, contaron con la participación de elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos.

Estos abusos, indica el comunicado, fueron documentados por diversas organizaciones civiles como el Centro Pro y corroborados posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Pese a la gravedad de los hechos y aún cuando ha trascurrido un tiempo más que razonable, puntualiza el comunicado, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral, sino por el contrario se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.

REVERTIR LA IMPUNIDAD

Sin embargo, la conclusión de las investigaciones de la SCJN, aunque tienen limitaciones, sí pueden contribuir a revertir la impunidad hasta ahora imperante y además, debido a que las pronuncia el máximo tribunal de la nación, no puede dejarse de lado su trascendencia.

Al discutir el caso, la SCJN podrá ahondar en las violaciones a derechos humanos documentadas y realizar señalamientos precisos a los responsables de acuerdo a la cadena de mando, por tanto, establecer las responsabilidades en que incurrieron no solo agentes que participaron en los operativos sino también altos funcionarios, señala el comunicado.

Y, en este sentido, manifiesta su inconformidad ante las reprochables e irresponsables declaraciones de gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien reiteró que “el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo y fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado”.

Las declaraciones, asegura el Centro, lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte.

Por lo anterior, el Centro Prodh reitera su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco, cumpliéndolo a cabalidad como le marca la Constitución y atendiendo a que, si cuenta con esa facultad sui generis, es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como ocurre en el caso Atenco.

Dada la trascendencia de la inminente decisión de la SCJN, finaliza el Centro Prodh, debe haber sometimiento de todos los servidores públicos al dictado de la Corte, incluyendo al Gobernador del Estado de México y al Procurador General de la República, “es un deber ineludible”.