En un contexto patriarcal y de economía neoliberal, el sistema bancario y financiero colapsa. Los intentos de recuperación para mejorar su funcionamiento sólo empeoran aún más la situación. Las bolsas del mundo están en caída libre, la crisis se expande y ya no puede ser más disfrazada. Las consecuencias de la no redistribución de las riquezas es el empobrecimiento masivo de pueblos y particularmente de las mujeres. Ese sistema favorece el desarrollo de guerras como herramienta para adquirir los recursos de los países del Sur y para desarrollar la industria de las armas. En los conflictos bélicos las mujeres sufren violencias inaceptables e inhumanas.
Las ganancias colosales de especuladores y accionistas fueron privatizadas, mientras que hoy las enormes pérdidas del sistema son nacionalizadas, o sea, pagadas por todos y todas a través de nuestros Estados.
Nosotras, mujeres del mundo, somos las primeras afectadas por el desempleo galopante, por la pérdida de la autonomía alimentaria, por la mercantilización de los bienes comunes. Esa crisis financiera está estrechamente vinculada a todas las otras: la de los cambios climáticos, la crisis alimentaria, la de energía y de trabajo.
Los países del Sur son expoliados de sus riquezas; los hábitos alimenticios son modificados en beneficio de las multinacionales agroalimentarias. Estas últimas han sido sofocadas por el peso de la deuda, por la opacidad de utilización de los fondos prestados por las organizaciones internacionales.
Frente al fracaso del modelo único de organización económica globalizada, nosotras, de la Marcha Mundial de las Mujeres, reunidas en Vigo, Galicia, del 14 al 21 de octubre 2008, reafirmamos nuestra posición antiliberal, exigimos la transformación del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, del Banco Central Europeo (BCE) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como de los Bancos de Desarrollo. Denunciamos con fuerza todos los acuerdos de libre comercio, especialmente los acuerdos de asociación económica (ADA) – como el Acuerdo de Asociación Económica Japón-Filipinas (JPEPA) – y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Nosotras exigimos la supresión de los paraísos fiscales que permiten enmascarar el dinero de la droga y de la corrupción; nosotras demandamos el control de todos los movimientos de capitales.
Esta claro que lo que necesitamos es otro sistema económico, es desarrollar la creación de estructuras de economía solidaria, de cooperativas de producción autónomas, de un Banco del Sur al servicio de un desarrollo ecológico, igualitario y sostenible.
Queremos transparencia en la utilización de los fondos públicos y de su gestión. Queremos que los recursos de los pueblos se destinen prioritariamente a la satisfacción de sus necesidades vitales.
Nuestros Estados son responsables, deben rendirnos cuentas, es su deber y obligación regular el sistema económico para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de los tiburones de las finanzas. Los costos de la crisis deben ser asumidos por los accionistas y por aquellos que se enriquecen con la especulación.
Deben ser definidas otras reglas de distribución y de utilización del dinero, de manera democrática y participativa, con los pueblos, los movimientos sociales y las asociaciones feministas. La definición de los presupuestos debe tener en cuenta la preservación de los bienes comunes y el desarrollo de los servicios públicos. Todos, hombres y mujeres del mundo, tenemos derecho a una alimentación sana, a una vivienda decente, a la salud, a la educación, a un trabajo digno, a los transportes y a la cultura.
Construyamos juntas un mundo donde nuestros valores de justicia, paz, igualdad, solidaridad y libertad sean prioritarios.
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