Fuente: LaTribunaLos alarmantes niveles de abusos que sufren decenas de miles de migrantes irregulares que intentan llegar a los Estados Unidos a través de territorio mexicano, abaten a las hondureñas.
Se calcula que seis de cada diez mujeres y niñas migrantes que siguen la ruta hacia los Estados Unidos en busca del “sueño americano” sufren violencia sexual.
En un informe titulado “Víctimas Invisibles, Migrante en Movimiento en México”, Amnistía Internacional establece que en sus viajes a través del territorio mexicano, los migrantes se enfrentan a los abusos de las bandas delictivas, como secuestros, extorsión y tortura.
Las bandas delictivas a menudo actúan con la cooperación o la colaboración de conductores de trenes, mecánicos, o guardias privados de seguridad.
Las bandas delictivas a menudo actúan con la cooperación o la colaboración de conductores de trenes, mecánicos, o guardias privados de seguridad. Agrega que la violencia sexual está generalizada y cada año un número desconocido de migrantes mueren o desaparecen.De acuerdo a AI, estos abusos frecuentemente se llevan a cabo con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades federales, estatales o municipales de México.
El documento, hecho del conocimiento público en Honduras, por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de este país, Ramón Custodio, establece que persisten informes sobre el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias a manos de funcionarios públicos que realizan controles de migración.
De acuerdo al informe, divulgado en Honduras los migrantes en México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que las deja prácticamente sin acceso a la justicia, por miedo a represalias y a ser deportadas del país si denuncian los abusos.
Según la investigación algunos traficantes de persona exigen a las mujeres administrarse una inyección anticonceptiva antes del viaje, para evitar que queden embarazadas como consecuencia de la violación.
EL “PRECIO” DE LA MIGRACIÓN
Agrega que las mujeres y las niñas migrantes, especialmente las que carecen de reconocimiento jurídico y viajan por zonas apartadas o en tren, corren un mayor peligro de sufrir violencia sexual a manos de bandas delictivas, traficantes de personas, otros migrantes o funcionarios corruptos.
La violencia sexual o la amenaza de violencia sexual, a menudo se utiliza como medio para aterrorizar a las mujeres y sus familias, establece el informe.
Añade que muchas bandas delictivas parecen utilizar la violencia sexual como parte del “precio” que exigen a los migrantes.
Según algunos expertos citados en el documento, el peligro de violación es de tal magnitud que los traficantes de personas muchas veces obligan a las mujeres a administrarse una inyección anticonceptiva antes del viaje, como precaución contra el embarazo derivado de la violación.
El informe reafirma que existe la extendida creencia –compartida por ONG locales e internacionales y profesionales de la salud que trabajan con mujeres migrantes– que hasta seis de cada diez mujeres y niñas migrantes son violadas.
AI hace referencia al resultado de un estudio en el que se entrevistó a 90 mujeres migrantes –más de la mitad de Centro América- recluidas en la Estación Migratoria de Iztapalapa, de las cuales 23 declararon haber sufrido algún tipo de violencia, incluida violencia sexual. De ellas, 13 dijeron que el autor era un funcionario del Estado.
Según Amnistía Internacional, las condiciones que empujan a la gente a convertirse en migrantes irregulares son, en Centroamérica, las mismas que en otras partes del mundo como: miseria absoluta, inseguridad, falta de oportunidades y la determinación de arriesgarlo todo por la esperanza de un futuro mejor.
DISCRIMINACIÓN, XENOFOBIA, DESAPARICIONES
Las mujeres y las niñas migrantes, especialmente las que carecen de reconocimiento jurídico y viajan por zonas apartadas o en tren, corren un mayor peligro.
Las mujeres y las niñas migrantes, especialmente las que carecen de reconocimiento jurídico y viajan por zonas apartadas o en tren, corren un mayor peligro.
Advierte que la realidad para muchos migrantes que hacen su viaje a través de México puede ser devastadora. “Subidos precariamente a lo alto de trenes de carga, muchos se enfrentan a la discriminación y la xenofobia, a los ataques de los traficantes de personas y a los secuestros de las bandas delictivas”.
Sin embargo, algunos desaparecen sin dejar rastro, secuestrados, asesinados, asaltados, agredidos y arrojados de trenes en marcha por alguna de las numerosas bandas delictivas que acechan a estos migrantes irregulares.
De acuerdo a Amnistía Internacional, para la mayoría de la sociedad mexicana, sus muertes, al igual que sus vidas, permanecen ocultas a la vista pero, para las familias que los aguardan en su país, hay pocas esperanzas de averiguar nunca qué les sucedió.
Muchas mujeres migrantes, que son detenidas por las autoridades, se ven disuadidas de denunciar la violencia sexual por la presión para continuar su viaje y por la falta de acceso a un procedimiento efectivo de denuncia.
Las migrantes que han sido violadas tienen que hacer frente no sólo al estigma asociado con la violencia sexual sino también al peligro de que si denuncian lo sucedido pueden ser expulsadas del país o que si buscan tratamiento perderán la oportunidad de llegar a Estados Unidos, precisa el informe.
Revela que las bandas delictivas a menudo actúan con la cooperación o la colaboración de conductores de trenes, mecánicos, o guardias privados de seguridad (los conocidos como “garroteros”) en las vías por las que viajan los migrantes.
El documento recuerda que el 5 de noviembre de 2008, 12 mujeres migrantes fueron secuestradas de un tren de carga en Las Anonas, estado de Oaxaca, por un grupo de hombres armados.
Las personas migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional destacaron una y otra vez las agresiones, las violaciones, los secuestros y los asesinatos que habían vivido o presenciado en La Arrocera y en el basurero municipal de Arriaga, otro lugar tristemente famoso donde, según los informes, se han perpetrado numerosos abusos.
En los últimos años, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas han establecido pequeñas clínicas en Tapachula y Arriaga para prestar asistencia médica y psicológica a las mujeres migrantes que han sufrido violencia sexual.
Datos estadísticos establecen que 64,061 extranjeros fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración de México (INM), en el 2009, de los cuales 60,383 procedían de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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