Por: Redacción de Cimac NoticiasLa última modificación constitucional en Yucatán es un retroceso en la lucha de las mujeres por su derecho a decidir, toda vez que establece el “derecho a la vida desde el momento de la concepción (sic)”, y penas de dos meses a un año de prisión para quienes aborten “sin causa justificada”, informa la Agencia NotieSe.
Las únicas causales permitidas por la legislación local son: pobreza, tener más de cuatro hijos, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre.
Con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Yucatán aprobó ayer reformas al Artículo 94 de la Constitución política del estado y a los artículos 54 y 316-A fracción V del Código Civil estatal “en aras de preservar la institución de la familia tradicional”, señaló NotieSe.
Las únicas causales permitidas por la legislación local son: pobreza, tener más de cuatro hijos, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre.
Con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Yucatán aprobó ayer reformas al Artículo 94 de la Constitución política del estado y a los artículos 54 y 316-A fracción V del Código Civil estatal “en aras de preservar la institución de la familia tradicional”, señaló NotieSe.
“Todo fue una cortina de humo porque, por la importancia de los temas a discutir, los reflectores se iban con ellos (los conservadores) y ahí mismo se aprobaron reformas a la ley de deuda pública, se autorizaron cuentas del gobierno del estado del primer semestre, y otras de corte económico”, señaló la diputada Bertha Eugenia Pérez Medina, única legisladora que votó en contra de las reformas.
De acuerdo con ésta, las modificaciones constitucionales y penales en materia de uniones del mismo sexo, constituyeron una “cortina de humo” por parte del Congreso estatal para retirar la atención de las reformas económicas aprobadas en la misma sesión.
“Dejaron pasar las elecciones. La Comisión de Equidad y Género guardó silencio y votó a favor de la ley; se organizaron foros de última hora a los que yo no fui invitada, y se esperó hasta el último día para votar los temas”, indicó la diputada.
La justificación era que se atendía a las demandas de la población, pero no se dijo que se discriminaba a otros sectores de la población, en clara violación a la Constitución federal, argumentó Pérez Medina.
“¡VÁYANSE AL INFIERNO!”
En los alrededores del Congreso de Yucatán, decenas de mujeres yucatecas con rosario en mano gritaron al unísono “¡váyanse al infierno!” a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual que protestaban por la aprobación a las reformas a la Constitución y al Código Civil locales.
En claro rechazo a la propuesta de establecer uniones civiles entre personas del mismo sexo, promovida por distintos grupos locales de activistas lésbico-gay, se especificó que “en Yucatán, el matrimonio está formado por la unión entre un hombre y una mujer”.
Las reformas fueron promovidas por la Red Pro de Yucatán representada por Ivette Laviada Arce, mediante el documento Iniciativa Popular para reformar la Constitución Política del estado de Yucatán y el Código Civil del estado de Yucatán en favor del matrimonio y la familia, y del cual NotieSe posee una copia.
De esta manera, Yucatán se suma a Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora como el estado 14 de la República mexicana en incorporar “la defensa de la vida desde la concepción (sic)” en sus legislaciones.
Por otra parte, organizaciones locales como Kokay, Oasis San Juan de Dios, Comisión de Pueblos Indígenas en VIH, Buenas Intenciones, Yucatrans y Grupo Multisectorial en VIH/SIDA, consideraron que esto representa un retroceso para los derechos humanos en toda la entidad.
“Estatuir y reconocer como superior una sola forma de familia y una sola forma de relación como lo es el matrimonio heterosexual” es el mensaje de estas leyes, expresaron los activistas.
“La propuesta es contraria a la Constitución federal y al derecho internacional pues discrimina y excluye. Las y los legisladores tienen la obligación de emitir normas que sean compatibles con los estándares más altos de protección a los derechos humanos, con la realidad social que se vive en nuestro estado y con estricto apego al estado laico”, argumentan los miembros de la comunidad de la diversidad sexual.
“Las reformas fueron aprobadas por los diputados sin una consulta pública, en fast track, sin tomar en cuenta a nadie”, denunció una activista, quien prefirió omitir su nombre ante las posibles represalias de grupos conservadores de Yucatán.
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